Molinuevo acata orden judicial y denuncia censura en un nuevo choque con Jaldo

La diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) quedó en el centro de una nueva controversia política en Tucumán tras acatar una orden de la Justicia provincial que la intimó a eliminar publicaciones en la red social X en un plazo de 48 horas. La medida fue impulsada a partir de una denuncia presentada por el gobernador Osvaldo Jaldo y abrió un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y sectores libertarios.

El cumplimiento de la resolución, lejos de descomprimir el conflicto, fue utilizado por la legisladora como plataforma para redoblar sus críticas. En un mensaje público, sostuvo que acató la orden “exclusivamente para evitar graves sanciones penales y económicas”, aunque dejó en claro que lo hizo “bajo absoluta protesta”. La frase que encabezó su pronunciamiento -“Cumplo con la ‘Justicia’, pero no me van a callar”- marcó el tono de su posicionamiento.

Molinuevo calificó la decisión judicial como un acto de “censura previa” y apuntó directamente contra el Ejecutivo provincial. Según planteó, la intervención de la Justicia en este caso constituye un intento de silenciar voces críticas. En esa línea, advirtió que la medida no se limita a su situación personal, sino que impacta sobre el conjunto de la sociedad: “es un golpe a la libertad de expresión de todos los tucumanos”, sostuvo.

La diputada enmarcó sus publicaciones -ahora eliminadas- en el contexto de un episodio de violencia política que tuvo como víctima al legislador Pelli, al que describió como un hecho de “indudable gravedad institucional”. Desde esa perspectiva, consideró que la reacción judicial busca “disciplinar, amedrentar y silenciar” a la oposición.

El conflicto, que ya escala en el plano institucional, profundiza la disputa entre el gobierno provincial y referentes de La Libertad Avanza. Molinuevo fue más allá al señalar que el caso trasciende lo individual: “Cuando un gobernador recurre a la Justicia para silenciar a una diputada, no estamos ante un conflicto entre particulares”, afirmó, y lo definió como un hecho de “enorme gravedad institucional”.

En paralelo, confirmó que avanzará con la apelación del fallo, cuyo trámite ya se encuentra en curso. “Confío en que las instancias superiores pondrán un freno a este atropello”, expresó, dejando abierta la disputa en el ámbito judicial.

En el cierre de su pronunciamiento, la legisladora endureció aún más su postura y envió un mensaje directo al poder político provincial: “Pueden ordenar borrar palabras de una pantalla, pero jamás van a borrar mi compromiso con la transparencia”.