Proponen que los bienes decomisados en causas de narcomenudeo sean destinados a la prevención de las víctimas

El legislador José Cano (Radicalismo Federal) presentó un proyecto en la Legislatura de Tucumán para reformar la Ley N° 9.188, que regula la lucha contra el narcomenudeo en la provincia. La iniciativa propone una redistribución transparente de los bienes y recursos económicos decomisados en causas vinculadas al microtráfico, además de transformar la Comisión Interpoderes en un órgano permanente de evaluación y control. Estas modificaciones buscan fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención y recuperación de víctimas del narcomenudeo, en un contexto donde el avance del narcotráfico en localidades como Alberdi ha generado preocupación.

El proyecto plantea un cambio en la gestión de los recursos provenientes de actividades ilícitas. Actualmente, la distribución de bienes, dinero, vehículos y propiedades secuestradas en investigaciones por narcomenudeo está a cargo del Ministerio Público Fiscal. La propuesta de Cano transfiere esta responsabilidad al Poder Ejecutivo, que deberá destinar estos recursos a programas de prevención y recuperación de víctimas de adicciones. Además, se establece la obligación de publicar trimestralmente en el sitio web oficial del Gobierno el detalle de cómo se aplican estos recursos.

En palabras del parlamentario opositor, “la transparencia no puede ser optativa. El Gobierno debe mostrar cómo se aplican estos recursos en la lucha contra el narcotráfico para ayudar a quienes padecen adicciones y a las familias que los acompañan”. Este principio se refleja en el artículo 1° del proyecto, que modifica el artículo 4° de la Ley N° 9.188, estableciendo que “los beneficios económicos, las multas y los bienes decomisados o el producido de su venta serán aplicados a los programas de políticas públicas que tengan por objeto la prevención y recuperación de las víctimas del narcomenudeo”. Asimismo, se subraya la importancia de que el Poder Ejecutivo informe públicamente sobre el destino de estos recursos para garantizar transparencia.

Otro pilar de la iniciativa es la transformación de la Comisión Interpoderes, creada originalmente con una vigencia temporal de cuatro años, en un órgano permanente. Este organismo, integrado por representantes de los tres poderes del Estado, tendrá la función de analizar los resultados de las políticas contra el narcomenudeo, proponer reformas y diseñar estrategias integrales. Según el artículo 2° del proyecto, la Comisión estará conformada por un vocal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro Público Fiscal, el Ministro Pupilar y de la Defensa, los ministros de Gobierno y Justicia, Seguridad y Salud, además de dos legisladores por la mayoría y uno por la minoría.

Los fundamentos del proyecto destacan la relevancia de esta Comisión "a la hora de analizar y evaluar los avances de las organizaciones criminales que comercializan con estupefacientes ilegales y lo aún más destacado de sus funciones, es que en base a la información que esta Comisión va elaborando puede acertadamente realizar nuevas propuestas o políticas públicas”. La permanencia de este organismo busca garantizar un abordaje continuo y coordinado frente al narcotráfico.

Además, el artículo 3° de la iniciativa establece que la Mesa de Coordinación Ejecutiva de la Comisión Interpoderes deberá reunirse periódicamente para proponer cronogramas de actividades, reformas y acciones específicas. “Dicha Mesa se reunirá las veces que considere necesarias a fin de establecer nuevas estrategias de prevención, investigación y persecución penal vinculadas a la lucha contra el narcomenudeo”, detalla el texto.

Un llamado a la acción

El proyecto de Cano surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto del narcomenudeo en Tucumán, especialmente en localidades como Alberdi, donde el legislador había denunciado públicamente redes de comercialización de drogas sin respuestas judiciales efectivas. Esta situación derivó recientemente en la intervención del municipio por parte del Ejecutivo provincial a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, avalado por unanimidad en la Legislatura.

En su exposición, Cano fue contundente al describir la gravedad del problema: “El narcomenudeo es una nueva forma de esclavitud que degrada nuestros barrios. Es indispensable una estrategia integral y transparente, donde cada institución cumpla su rol y la ciudadanía sepa en qué se invierten los recursos que provienen del delito”. Esta declaración refleja el espíritu del proyecto, que busca no solo combatir el microtráfico, sino también garantizar que los recursos obtenidos de estas actividades ilícitas se utilicen para reparar el daño causado a la sociedad.

Contexto

Los fundamentos del proyecto resaltan la importancia de la Ley N° 9.188, que adhirió a la normativa nacional (Ley N° 23.737) y permitió a Tucumán contar con una herramienta legal para enfrentar el narcomenudeo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de actualizar esta norma para adaptarla a los desafíos actuales. “La ley provincial de lucha contra el narcomenudeo tuvo varios derroteos en distintos ámbitos de los tres poderes que componen el Estado hasta arribar a tener una ley que, adhiriendo a la ley nacional de estupefacientes, logra tener una primera norma legal en la provincia”, señalan los fundamentos.

El proyecto también enfatiza la necesidad de una lucha frontal contra las drogas ilegales, destacando el rol de la Comisión Interpoderes en el control y seguimiento de los resultados. La transformación de este organismo en permanente busca consolidar un espacio de análisis y propuesta de políticas públicas que aborden de manera efectiva el avance de las organizaciones criminales.