Inhiben bienes de ex funcionarios y del empresario investigado por corrupción en Alberdi

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi dio un giro decisivo esta semana. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó la detención del ex intendente Luis “Pato” Campos, su ex secretario de Hacienda José Roldán y el empresario de la construcción Roque “Chipi” Giménez, a quienes señala como los principales responsables de una red de irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Sin embargo, el fiscal no pudo avanzar con el pedido de detención de la legisladora provincial Sandra Figueroa, esposa de Campos, debido a que cuenta con fueros parlamentarios que le otorgan inmunidad.

Aunque la presentación inicial fue rechazada por un vicio procesal, el juez federal José Manuel Díaz Vélez autorizó al fiscal a continuar con la investigación, lo que implica un fuerte aval al curso de la causa. En el expediente se investigan posibles delitos de corrupción, lavado de activos e incluso vínculos con redes de narcotráfico.

En este contexto, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron una serie de allanamientos en domicilios vinculados a los ex funcionarios y al empresario investigado. Según trascendió, se secuestraron teléfonos celulares (incluido el de Figueroa), computadoras, documentación sensible y varios vehículos. En el caso de Giménez, fueron allanados tres inmuebles y se constató que la dirección declarada de su empresa, Giménez Consulting Groups, no corresponde a una sede operativa real.

Las medidas federales coincidieron con procedimientos similares impulsados por la fiscal Mónica García de Targa, quien lleva adelante una causa paralela en la justicia provincial, según señala el Diario La Gaceta.

La investigación también cuenta con el respaldo institucional del gobierno provincial. A través de la fiscal de Estado Gilda Pedicone, el Ejecutivo remitió al juzgado una copia certificada del Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la intervención del municipio. El interventor designado, Guillermo Norry, fue instruido para entregar con urgencia toda la documentación requerida por el Ministerio Público Fiscal.

Uno de los ejes de la pesquisa apunta a reconstruir los movimientos financieros, compras, contrataciones y adjudicaciones de obras públicas realizadas por la gestión municipal entre 2017 y 2023. Para preservar los activos involucrados, el juez Díaz Vélez autorizó además la inhibición general de bienes a nombre de los cuatro principales investigados.

Todo el material incautado ya comenzó a ser peritado por equipos técnicos del Ministerio Público. “Será una investigación larga y compleja”, reconocieron fuentes judiciales. El fiscal Vehils Ruiz podrá avanzar con nuevas medidas, incluida la citación a declaración indagatoria de los implicados, una instancia que definirá el futuro procesal de los acusados.

La causa se posiciona como una de las más significativas de los últimos años en la provincia en materia de delitos contra la administración pública, y podría tener ramificaciones tanto políticas como judiciales en distintos niveles del Estado.