Chahla vetó una ordenanza que promovía la protección de los derechos de la niñez en la Ciudad

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, impuso un veto total a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante el pasado 22 de mayo, mediante la cual el municipio pretendía adherirse a la Ley Provincial N°8.293, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en consonancia con la Ley Nacional N°26.061. La decisión, formalizada a través del decreto N°0349/S.Gral/2025 del 11 de junio y publicado en el Boletín Oficial, se fundamenta en consideraciones legales que cuestionan la necesidad y pertinencia de la adhesión municipal.

El veto se basa en que ambas leyes, la nacional y la provincial, son de carácter imperativo, de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio tucumano, sin requerir mecanismos de adhesión por parte de los municipios. Según el texto del decreto, “ninguna de las dos leyes exige ni contempla mecanismos de adhesión por parte de los municipios, razón por la cual cualquier ordenanza en tal sentido resulta inadecuada, además de innecesaria, desde el punto de vista normativo”.

Además, se argumenta que la Ley Nacional N°26.061 no incluye a los municipios como autoridades de aplicación ni como órganos obligados a adherirse, limitando el sistema de protección integral a los niveles nacional, federal y provincial. De manera similar, la Ley Provincial N°8.293 omite a los municipios como actores institucionales relevantes, restringiendo su rol a posibles convenios de cooperación con la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. En este sentido, el decreto advierte que “la sanción de una ordenanza de adhesión podría dar lugar a confusión jurídica e institucional respecto de las verdaderas competencias municipales en la materia, pudiendo inducir a error sobre la existencia de obligaciones nuevas o sobre responsabilidades que, por ley, corresponden exclusivamente a los niveles nacional y provincial”.

Otro punto central del veto es el riesgo de superposición de funciones entre los diferentes niveles de gobierno. El decreto señala que tal situación podría "afectar la coherencia del diseño institucional previsto por la legislación vigente y promover expectativas infundadas en relación con el financiamiento o la atribución de competencias no previstas”. En particular, se destaca que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAYF), dependiente de la Secretaría de Estado provincial, es la autoridad de aplicación de la Ley N°8.293, con funciones específicas como recibir denuncias, intervenir ante violaciones de derechos y ejecutar medidas de protección.

Entre algunos de los puntos destacados que establecía la ordenanza en cuestión, figuraban la implementación, por parte de la Municipalidad, de políticas, programas y acciones, orientadas a la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en coordinación con los organismos provinciales y nacionales competentes en la materia. Así también, el texto normativo vetado determinaba la obligación de realizar campañas de difusión y sensibilización sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como sobre los mecanismos de protección y denuncias disponibles en el ámbito municipal.

Autonomía municipal

El veto también subraya que el municipio ya desarrolla políticas de protección integral a través de la Dirección de Niñez y Juventud, “en concordancia con el marco normativo nacional e internacional, sin necesidad de adhesión alguna, ejerciendo sus competencias dentro de los límites de su autonomía municipal y con recursos presupuestarios propios”.

Finalmente, el instrumento legal menciona que la decisión cuenta con el respaldo de un dictamen de la Fiscalía Municipal.

La medida podría generar discrepancias en el ámbito del Concejo Deliberante, ya que la ordenanza vetada había sido aprobada con el objetivo de reforzar el compromiso municipal con los derechos de la niñez. Sin embargo, la intendenta Chahla sostiene que el veto busca preservar la claridad normativa y evitar conflictos de competencia, reafirmando el rol del municipio en la implementación de políticas públicas dentro de su ámbito de autonomía.