La DAU deberá explicar el destino de $1.000 millones de los que, hasta el momento, no hay registro

En aras de reforzar los controles sobre el manejo de los recursos públicos, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán (TC), mediante el Acuerdo N° 3753 firmado por su presidente, Miguel Chaibén Terraf, y el vocal Marcelo Vidal, decidió iniciar un juicio de cuentas contra el contador Jorge Federico Domínguez, jefe del Servicio Administrativo Financiero de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). El motivo: la falta de regularización en la rendición de una orden de pago por la suma de $1.000 millones, correspondiente al ejercicio de septiembre de 2024. Este proceso, que emerge de un sumario previo, pone en el centro del debate la transparencia en una repartición clave para el desarrollo de infraestructura pública.

El expediente tuvo su génesis en el Acuerdo N° 409 del 25 de febrero de este año, cuando el Tribunal dispuso la sustanciación de un Sumario de Cuentas debido a irregularidades detectadas en las rendiciones de cuentas de órdenes de pago pendientes de 2024, más precisamente en el mes de septiembre "por un monto total de $1.006.552.762,26 (saldo)”. Esta cifra inicialmente ascendía a $2.137.672.004,54, según lo detallado por el TC.

El proceso comenzó con una resolución previa, la N° 079/OC-24 del 6 de diciembre de 2024, emitida por la Jefatura del Departamento de Rendición de Cuentas, Sección Control Administración Central. Esta resolución emplazó al contador Domínguez a presentar en un plazo de 10 días hábiles las rendiciones de cuentas correspondientes a las órdenes de pago de septiembre de 2024. A pesar de los esfuerzos del tesorero de la DAU por regularizar las observaciones, el informe de la Jefatura del Departamento de Rendición de Cuentas señaló un cumplimiento parcial, dejando un saldo pendiente de $1.000 millones. El informe final es categórico: “señalando que, a la fecha, continua pendiente de rendir la orden de pago N° 17776 por un monto de $1.000.000.000,00, correspondiente al Ejercicio 2024 (septiembre 2024)”. Este incumplimiento llevó al Tribunal a tomar la drástica decisión de avanzar con el juicio de cuentas, amparado en el Artículo 145 de la Ley 6.970 de Administración Financiera, que regula el control de los recursos públicos en la provincia.

La designación del abogado fiscal Santiago Cornet Esteves como instructor y de la contadora Carol Elizabeth María como co-instructora contable asegura que el proceso se llevará a cabo con el rigor técnico y jurídico que exige un caso de esta envergadura.

Este cierre formal del sumario y el inicio del juicio de cuentas reflejan la determinación del organismo de control de no dejar cabos sueltos en la fiscalización de los fondos públicos, especialmente en una repartición como la DAU, bajo la titularidad de Alfredo Quinteros, encargada de proyectos de infraestructura que impactan directamente en el desarrollo provincial y que enfrenta ahora el desafío de justificar el destino de una suma millonaria que, hasta el momento, permanece en la penumbra administrativa.