Entre el "bienestar garantizado" y el "rechazo al encierro punitivo": Cruces por el traslado de menores a Benjamín Paz

La gestión de Osvaldo Jaldo se encuentra en el centro de una profunda controversia tras la decisión de alojar a menores en conflicto con la ley penal en el predio del complejo penitenciario Benjamín Paz. Mientras el Gobierno provincial sostiene que la medida forma parte de una "reorganización necesaria" bajo estándares legales, diversas organizaciones de Derechos Humanos y colegios profesionales nucleados en la Mesa No a la Baja manifestaron un severo rechazo, acusando al Ejecutivo de desinformar a la sociedad y de profundizar una lógica de castigo que asimila el cuidado con el encierro carcelario.

La reunión, celebrada durante la semana, sentó en la misma mesa al Ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAYF), Graciela Sare, con representantes de Andhes, el Proyecto MAP y los colegios profesionales de Psicólogos y Trabajo Social.

Pese al tono institucional del cónclave, las posturas resultaron irreconciliables. Desde el oficialismo, Masso enfatizó que el nuevo dispositivo, denominado "Cura Brochero", mantendrá la dependencia directa de la cartera social para asegurar el cumplimiento de convenios internacionales. Sin embargo, las organizaciones aclararon que el encuentro fue solicitado por ellas para expresar su "profunda preocupación y rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo provincial de avanzar en la creación de un pabellón para adolescentes dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz".

El ministro Masso defendió la gestión del traslado argumentando que el nuevo espacio permitirá una mejora en las condiciones de vida de los jóvenes. Al respecto, el funcionario cerró su intervención afirmando: “Estamos llevando adelante una restructuración necesaria que prioriza la legislación vigente y el bienestar de cada uno de los menores alojados, garantizamos plenamente sus derechos en materia habitacional, educativa y psicológica en el nuevo espacio”.

Por su parte, Sare respaldó la viabilidad técnica del proyecto, asegurando que las evaluaciones previas garantizan la adecuación del dispositivo a las leyes de menores vigentes.

En la vereda opuesta, los referentes sociales y profesionales fueron tajantes al desestimar los eufemismos oficiales. Para la Mesa No a la Baja, el cambio de nombre del instituto no altera la naturaleza de la medida: “El que intenten presentarlo como ‘reorganización’ o lo nombren como ‘dispositivo especial’ no cambia la realidad: es encierro punitivo en un complejo penitenciario”.

Las organizaciones manifestaron su rechazo a cualquier política que implique el uso de estructuras carcelarias diseñadas para adultos en el tratamiento de menores de edad. En un duro comunicado posterior, sentenciaron: “No acompañamos ni vamos a acompañar políticas que confundan cuidado con encierro. Seguiremos exigiendo políticas públicas de cuidado que respeten la legislación vigente, los estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y el interés superior de los y las adolescentes”.

Finalmente, la Mesa No a la Baja cuestionó la comunicación oficial del Gobierno, señalando que los anuncios buscan "reforzar los peores rasgos de nuestra sociedad, habilitando un discurso que criminaliza a lxs adolescentes y jóvenes". Según las entidades civiles, esta narrativa invisibiliza los problemas de fondo y clausura debates serios sobre la seguridad y los derechos humanos.

Mientras el Ministerio de Desarrollo Social insiste en que estos intercambios contribuyen a la reinserción social, las organizaciones advierten que no permitirán que la reorganización del sistema se realice "a costa de derechos", manteniendo el estado de alerta ante lo que consideran un retroceso institucional peligroso para la provincia.