La causa por presunta evasión en el Tribunal de Cuentas de Tucumán cambia de jurisdicción y abre una nueva etapa judicial

La investigación penal contra tres integrantes del Tribunal de Cuentas de Tucumán por presuntas irregularidades en el pago del Impuesto a las Ganancias ingresó en una nueva fase procesal luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 resolviera declararse incompetente en razón del territorio y ordenara el envío del expediente a la Justicia Federal tucumana, donde continuará la pesquisa.

La decisión marca un punto de inflexión en una causa que comenzó a tomar forma a fines de 2025, tras una denuncia penal presentada por el periodista Christian Eduardo Sanz. El expediente investiga a Miguel Chaiben Terraf -presidente del organismo de control- y a los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal, señalados por el denunciante como presuntos responsables de haber evitado tributar el impuesto nacional durante más de dos décadas.

La resolución judicial se produjo luego de que la fiscalía interviniente analizara las primeras medidas de prueba y concluyera que los hechos denunciados habrían ocurrido íntegramente en territorio tucumano. Según el fallo, tanto la actividad profesional de los funcionarios, como la percepción de sus remuneraciones y la fijación de sus domicilios fiscales se encuentran vinculadas a esa provincia.

El juzgado también destacó que, aun cuando el organismo recaudador nacional tiene sede central en la Ciudad de Buenos Aires, la fiscalización tributaria se realiza a través de dependencias territoriales. En el caso concreto, los denunciados registran sus domicilios fiscales en la sede local correspondiente, lo que refuerza la competencia de los tribunales federales de Tucumán.

La decisión se apoya además en principios clásicos del derecho penal, según los cuales la competencia territorial se determina principalmente por el lugar donde se habría consumado el delito. En delitos tributarios, ese criterio suele vincularse al domicilio fiscal y al ámbito donde se produce el eventual perjuicio económico.

En consecuencia, el expediente fue remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para que designe el juzgado que continuará la investigación.

La causa tiene su origen en una presentación penal que acusa a los vocales del Tribunal de Cuentas de haber dejado de pagar el Impuesto a las Ganancias durante más de veinte años. Según el denunciante, los funcionarios habrían utilizado un acuerdo interno del propio organismo -emitido a fines de la década de 1990- para sostener que el tributo afectaría la intangibilidad de sus remuneraciones.

La denuncia sostiene que ese criterio sería incompatible con la legislación nacional vigente, que establece la obligación de tributar para los funcionarios públicos que perciben ingresos alcanzados por el impuesto. Asimismo, afirma que las exenciones fiscales solo pueden surgir de normas expresas y no de interpretaciones internas adoptadas por un organismo administrativo.

En función de esos argumentos, el escrito encuadra los hechos dentro de figuras penales como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y evasión fiscal agravada, entre otras posibles calificaciones que podrían evaluarse durante el proceso.

Uno de los ejes centrales de la denuncia gira en torno al alcance de la garantía de intangibilidad salarial y su relación con las obligaciones fiscales. El denunciante sostiene que dicha garantía no constituye una inmunidad tributaria absoluta y que la discusión sobre el pago de Ganancias por parte de funcionarios públicos ya habría sido zanjada por reformas legislativas introducidas durante la última década.

También se plantea que el Tribunal de Cuentas -a diferencia de los órganos jurisdiccionales- cumple funciones administrativas de control externo y no podría extender por analogía beneficios propios del Poder Judicial. Según la presentación, la falta de retenciones del impuesto habría generado un perjuicio económico para el Estado nacional.

A pesar del impacto institucional que podría tener el caso, el expediente se encuentra todavía en una fase preliminar y sin imputaciones firmes. El traslado a Tucumán abre ahora una nueva etapa procesal, en la que el juzgado federal que resulte sorteado deberá analizar las pruebas reunidas, ordenar nuevas medidas y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal.

El desenlace de la causa podría tener implicancias relevantes no solo para los funcionarios involucrados, sino también para el debate sobre la transparencia fiscal y el control institucional en organismos públicos provinciales.

Por ahora, las acusaciones continúan bajo investigación judicial y será la Justicia Federal de Tucumán la encargada de establecer si los hechos denunciados constituyen delitos y si corresponde avanzar hacia una eventual imputación formal.