El juez federal Díaz Vélez rechazó el pedido de detención del exintendente de Alberdi Luis Campos

De forma paralela a la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de intervenir el Municipio de Juan B. Alberdi en medio de un escándalo político e institucional sin precedentes, la Justicia Federal busca avanzar en la investigación contra el depuesto intendente Luis Campos y quien se desempeñaba como secretario de Hacienda, José Roldán, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En ese contexto, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó este lunes por la mañana las detenciones de Campos y Roldán, a quienes imputó por los presuntos delitos de asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por el juez a cargo de la causa, Manuel Díaz Vélez, quien está al frente del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, quien consideró que no existe un riesgo de fuga por parte de los implicados y que su libertad no pone en riesgo el desarrollo de la investigación. En cambio, el magistrado sí hizo lugar al pedido de la Fiscalía para prohibirles la salida del país a los involucrados.

Previamente, el juez había ordenado allanamientos en las viviendas de los sospechosos durante la madrugada.

La acusación del fiscal Ruiz también apunta contra la legisladora provincial Sandra Figueroa, esposa del destituido exjefe municipal, aunque en su caso está protegida por fueros parlamentarios, por lo que para ser investigada antes debería ser removida del cargo por sus pares.

En diálogo con Canal 8, el fiscal federal Vehils Ruiz brindó detalles sobre la marcha de la investigación y resaltó que la causa, que unifica múltiples expedientes que ya se venían tramitando en la Justicia y un audio que se hizo público en los últimos días, apunta a “delitos de narcotráfico, lavado de activos y posible asociación ilícita”. El magistrado explicó que la investigación es el resultado de la acumulación de "dos o tres causas anteriores" más un audio que se viralizó, lo que generó la "noticia criminis" necesaria para impulsar las pesquisas. "Nos dimos con que se relacionaban unas con otras, que siempre rondaban sobre lo mismo", afirmó el fiscal, quien resaltó que esta situación despertó la "sospecha suficiente" para solicitar las medidas de allanamientos a las que el juez Díaz Vélez dio curso.

El fiscal fundamentó el pedido de detención de Campos y de Roldán, junto con el empresario Roque "Chipi" Giménez, también imputado en la causa, al sostener que de esa forma se podría “evitar un entorpecimiento en la investigación y una posible fuga”.  Sin embargo, el juez Díaz Vélez rechazó el planteo del representante del Ministerio Público Fiscal.

Ruiz señaló que las actuaciones se definieron como consecuencia directa de la difusión del audio que "daba justamente con el sentimiento de que se manejaba la droga en esa localidad y a través del intendente y un empresario de manera completamente impune”.

Según el funcionario judicial, la investigación se enfoca en una serie de delitos graves. El fiscal mencionó la violación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, el lavado de activos (especialmente en relación con denuncias públicas sobre las municipalidades) y la asociación ilícita, al haber más de tres personas involucradas. Asimismo, se vincula directamente con actividades de narcotráfico.

“Cuando hay más de tres o más personas, se puede hablar del delito que usted acaba de mencionar [asociación ilícita]. También se puede hablar del lavado de activo", señaló Vehils Ruiz. Respecto al narcotráfico, el fiscal hizo hincapié en que la cocaína secuestrada no se produce en Argentina, lo que sugiere una red con conexiones fuera de la provincia.

El fiscal destacó “el esfuerzo conjunto de la Justicia Federal, la Procuraduría General, con el apoyo del doctor Eduardo Casal y el Gobierno provincial en la lucha contra el crimen organizado”. Recordó que el gobernador Osvaldo Jaldo “ha puesto recursos, como el helicóptero provincial”, a disposición de la Justicia para combatir este flagelo.

Vehils Ruiz enfatizó la importancia de la participación ciudadana en esta lucha contra el narcotráfico y las drogas. "La sociedad es el mejor ojo que tiene la justicia para combatir este flagelo", afirmó, al tiempo que instó a la población a denunciar a través de los canales habilitados.

Aunque el fiscal no quiso adelantar detalles sobre futuras investigaciones, confirmó que existen más denuncias sobre Municipios relacionadas con el "manejo de fondos", aunque no necesariamente con narcotráfico. Esto sugiere que la investigación actual podría abrir puertas a otras causas vinculadas a la gestión pública.