El Gobierno y las universidades avanzan en lo económico pero se atascaron en lo judicial

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) negocian una salida al conflicto universitario sobre la base de una partida de $800.000 millones, pero el acuerdo choca contra una condición que los rectores se niegan a aceptar: el levantamiento de la acción judicial que busca obligar al Ejecutivo a cumplir la ley de financiamiento universitario aprobada e insistida por el Congreso.

La propuesta económica fue discutida en una nueva reunión celebrada este lunes. Por el lado del Gobierno participó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. En representación de las casas de altos estudios, estuvieron presentes Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, junto a Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del organismo.

Sobre la mesa, el Ejecutivo colocó un incremento salarial que combina un aumento del 21,33% para el mes de junio con un 3% adicional en octubre. A eso se suma una partida de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios —que no figuran en el presupuesto 2026—, complementaria de los $80.000 millones ya previstos para esos centros de salud. La oferta se completa con un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y un 50% de suba para las becas Manuel Belgrano, que permanecen congeladas en $81.685 desde 2024. "Si empiezan a pagarlo en junio, logran cubrir esta oferta", señaló una fuente universitaria con acceso a los cálculos, según lo informado por el diario La Nación.

La propuesta supera lo que el propio Gobierno había planteado en el Congreso mediante una ley alternativa, que contemplaba una actualización salarial del 12,3% distribuida en tres tramos iguales del 4,1% en marzo, julio y septiembre, sin compensación alguna por la pérdida acumulada frente a la inflación desde diciembre de 2023.

Sin embargo, la distancia entre las partes no es económica sino judicial. El Ejecutivo condiciona el desembolso a que el CIN retire la demanda que derivó en una medida cautelar —ratificada en dos oportunidades— favorable a las universidades. Esa cautelar quedó suspendida tras la presentación de un recurso federal extraordinario aceptado por la Justicia, y la definición final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazo establecido para pronunciarse.

Los rectores rechazaron esa exigencia. Desde el CIN ofrecieron presentar un acta informando al tribunal que "están avanzando en un acuerdo", pero sin desistir del reclamo por la vigencia de la ley. "No estamos dispuestos a renunciar a la ley", sostienen. "No hay margen para eso. Valoramos la buena voluntad, pero necesitamos un resguardo", agregaron fuentes del sector universitario.

Posturas

Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que la norma es inválida por no especificar su fuente de financiamiento, en violación a la ley de administración financiera. Con ese argumento, los equipos legales de ambas partes analizan de qué manera instrumentar jurídicamente un eventual acuerdo que, por ahora, sigue sin cerrarse.

Los sindicatos docentes y no docentes universitarios, en tanto, conocen la propuesta oficial y estarían dispuestos a suscribirla.

"Habrá que seguir conversando y ver cómo evolucionan las próximas horas. Lo importante es mantener abiertos los canales de diálogo sin renunciar a las herramientas institucionales que nos llevaron hasta aquí", afirmó una fuente al tanto de las tratativas.