Crisis del transporte: "No se puede seguir financiando un sistema que fracasa una y otra vez"

Ante la posibilidad de un nuevo conflicto en el transporte público de Tucumán, la legisladora Silvia Elías de Pérez salió a cuestionar la ausencia de soluciones estructurales por parte del Gobierno provincial, reclamó que el gobernador Osvaldo Jaldo ejerza una conducción efectiva sobre el sistema y planteó que, si las empresas concesionarias son incapaces de garantizar la prestación, debe ponerse sobre la mesa todas las opciones disponibles, incluida la estatización.

La parlamentaria apuntó directamente contra la gestión del Ejecutivo provincial y trazó un diagnóstico sin matices sobre el estado del servicio. "El gobernador Jaldo tiene que dejar de administrar parches y hacerse cargo de una vez del desastre del transporte público en la provincia. Los tucumanos no pueden vivir cada tres meses pendientes de si van a poder ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, llegar a un hospital o abrir sus comercios. Esto ya no es una crisis circunstancial: es el fracaso de un sistema que hace años no encuentra soluciones y una responsabilidad política directa del Gobierno provincial", afirmó.

Elías de Pérez señaló que la provincia viene volcando recursos públicos al sector de manera sostenida —a través de la compra de unidades, subsidios a la tarifa, beneficios para estudiantes y jubilados y compensaciones económicas de diversa índole— sin que ello se traduzca en una mejora concreta para los usuarios. El servicio, según describió, sigue siendo deficiente, irregular y propenso a colapsar ante cada conflicto laboral.

Sobre esa base, la legisladora cuestionó el rol que el Gobierno provincial asumió en el conflicto. "Si el Gobierno pone los colectivos, aporta subsidios, financia compensaciones y sostiene económicamente al sistema para evitar su colapso, no puede seguir actuando como un simple mediador entre empresarios y trabajadores. En los hechos, los tucumanos financian gran parte del funcionamiento del transporte, pero no reciben a cambio un servicio digno, previsible y garantizado", remarcó.

Desde esa contradicción, Elías de Pérez dio un paso más y abrió el debate sobre el modelo de gestión. Sostuvo que, si las operadoras privadas no pueden asegurar la continuidad del servicio, el Estado debe examinar sin tabúes las alternativas a su alcance. "No tiene sentido seguir utilizando dinero público para sostener un esquema que no brinda respuestas a los usuarios y que paraliza a la provincia cada vez que surge un conflicto. Si hay que discutir la estatización, hay que hacerlo con seriedad, con auditorías, controles y un modelo eficiente. Lo que no se puede hacer es seguir financiando indefinidamente un sistema que fracasa una y otra vez", expresó.

Al cerrar su posición, la legisladora definió el problema en términos de conducción política y no de gestión sectorial. "El transporte público no es un favor; es un servicio esencial. Y cuando un servicio esencial depende de negociaciones de último minuto, amenazas de paro y subsidios permanentes sin resultados concretos, el problema deja de ser exclusivamente empresarial y pasa a ser un problema de conducción política. Jaldo tiene que dejar de pedir que no paren los colectivos y empezar a gobernar el sistema", concluyó.