El Gobierno redestina fondos de instituciones culturales y sociales sin fines de lucro para financiar a Canal 10

Tras la aprobación legislativa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el gobierno de Osvaldo Jaldo, que autoriza un aporte de más de $107 millones a la Televisora de Tucumán SAPEM (Canal 10) para mantener la participación accionaria del 30% del Estado provincial, en sociedad con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que posee el 70%, la controversia se ahonda al conocerse que los fondos serán extraídos de partidas destinadas a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, según lo establecido en el Decreto N° 1.112/3 publicado en el Boletín Oficial.

El aporte, destinado a cubrir un déficit financiero y mantener la proporción accionaria de la provincia frente al reciente aporte de $249,8 millones de la UNT, será incorporado como capital a empresas públicas no financieras, lo que ya había desatado fuertes críticas de la oposición por la falta de un presupuesto aprobado para Canal 10 y la cuestionada gestión de la emisora.

El nuevo decreto, que lleva la firma del Ministro de Economía y Producción, Daniel Abad y del Secretario de Hacienda, Adrián Dicker, detalla que, exactamente los $107.058.517,71 se extraerán del "Programa 93: Erogaciones Varias", en específico de la partida destinada a "Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro", para ser reasignados al "Programa 99: Aportes a empresas, bajo la partida de Aportes de capital a empresas públicas no financieras". Esta reasignación, que exceptúa a Canal 10 de las disposiciones del Artículo 204 de la Ley de Administración Financiera N° 6.970, fue cuestionada en la sesión del jueves último.

Cuestionamientos

El legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) criticó la legalidad del DNU: “La Ley de Administración Financiera 6.970, en su artículo 204, prohíbe realizar aportes a sociedades que no tengan su presupuesto aprobado. Estamos hablando de un freno legal importante, porque no se trata de otorgar dinero por necesidad o urgencia, sino de seguir canales de legalidad. Además, ¿por qué recurrir a un DNU en período de sesiones ordinarias?”. Viña también señaló problemas en la gestión del canal: “Hay denuncias por enroque de directores, embargos preventivos y balances atrasados desde 2014. Estamos hablando de un agujero negro del dinero de los tucumanos”.

Por su parte, José Seleme (Avanza Tucumán) reforzó las críticas: “La Ley 6.970 es clara: sin presupuesto, no hay transferencia, no hay aporte, no hay plata. No venimos a poner palos en la rueda, pedimos algo básico: que quien quiera plata del Estado traiga el presupuesto. Canal 10 no tiene ni balance ni presupuesto”.

La oposición también apuntó a la línea editorial de Canal 10, acusándola de ser marcadamente oficialista. Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) expresó: “Canal 10 no es un canal de gobierno, es un canal del Estado, pero no se escucha la voz de todos los espacios políticos, sino, en un 90%, al oficialismo. Nos sentimos agraviados porque no somos invitados ni participamos en los programas periodísticos, violentando la democracia y la participación”. Alfredo Toscano (Compromiso por Tucumán) añadió: “¿Vale la pena poner dinero en un canal en un contexto de ajuste? Los municipios deben pagar para difundir sus eventos, como la Feria de Simoca o la Expo Láctea en Trancas. Fue creado para difundir la cultura de Tucumán, pero no lo refleja”.

Defensa del oficialismo y apoyo radical

El oficialismo, junto con algunos legisladores opositores como José Cano y Agustín Romano Norri (Radicalismo Federal y Movimiento Radical Tucumán), defendieron la medida. Carlos Gallia, miembro informante del dictamen de mayoría, había explicado: “La iniciativa propende establecer una excepción a la aplicación del artículo 204 de la Ley 6.970 exclusivamente para la Televisora de Tucumán SAPEM. De validarse esta excepción, el Poder Ejecutivo provincial quedaría habilitado legalmente para realizar aporte o transferencia de fondos a Canal 10”. Gallia destacó que “informes periodísticos de principios de 2025 indican que Canal 10 acumula pérdidas mensuales del orden de los $45 millones”.

Por su parte, Gerónimo Vargas Aignasse justificó la legalidad del DNU: “No es una voluntad arbitraria del Ejecutivo, que exhibe superávit fiscal, sino una obligación societaria para mantener el 30% accionario”. Roque Tobías Álvarez, titular de la bancada peronista, agregó: “Esto no es un subsidio, es un aporte para no perder el 30% de la masa societaria. No había para pagar sueldos de abril ni mayo para 91 empleados”.

La decisión de redestinar fondos de instituciones culturales y sociales para financiar Canal 10, sumada a la falta de un presupuesto aprobado y las denuncias sobre su gestión, mantiene el debate abierto sobre la transparencia y la prioridad en el uso de los recursos públicos en Tucumán.