El Ejecutivo crea una nueva unidad en el Estado para enfrentar la crisis por las usurpaciones

El Gobierno de la Provincia quiere avanzar con la gestión de los problemas de usurpaciones ilegales que afronta desde hace ya mucho tiempo atrás, por lo que, a través del Decreto Acuerdo N° 16/1 del pasado 23 de mayo, se creó la "Unidad de Gestión Provincial de Ordenamiento Territorial", con rango de Secretaría de Estado y dependencia directa del Poder Ejecutivo. Esta medida buscaría responder a los severos problemas de usurpaciones que han afectado a la provincia en los últimos años, promoviendo un desarrollo socioeconómico y ambiental equilibrado.

La creación de esta Unidad se enmarca en la necesidad de “conciliar un desarrollo socio-económico y ambiental con formas sustentables, equilibradas y eficientes de ocupación territorial”, según reza el decreto. La iniciativa responde a la creciente problemática de ocupaciones ilegales de tierras, que han generado conflictos sociales, pérdida de espacio público y fragmentación del territorio en distintos puntos de la provincia. En este contexto, el gobierno de Osvaldo Jaldo ha impulsado medidas para regularizar asentamientos, fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios y planificar el uso del suelo de manera más efectiva.

Estructura y objetivos

La "Unidad de Gestión Provincial de Ordenamiento Territorial" estará conformada por una "Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano" y un "Departamento Técnico" y de "Asuntos Jurídicos", que trabajarán de manera coordinada para cumplir con los objetivos establecidos. Su misión principal será “entender en la planificación del ordenamiento territorial de la Provincia para conciliar un desarrollo socio-económico y ambiental con formas sustentables, equilibradas y eficientes de ocupación territorial”.

Entre las funciones asignadas a la Unidad se destacan:

• Asistir al Poder Ejecutivo en la planificación y ejecución de políticas de ordenamiento territorial, coordinando acciones con municipios, comunas rurales y otros organismos gubernamentales.

• Intervenir en la legislación para proponer modificaciones que consoliden un marco normativo eficaz frente a los desafíos de la urbanización.

• Planificar el uso del suelo para evitar conflictos sociales y ambientales, priorizando la conservación del espacio público.

• Brindar asistencia técnica a municipios y comunas en la formulación de planes territoriales.

• Evaluar estrategias de desarrollo que posicionen a las ciudades como actores clave en el cambio tecnológico y económico.

Por su parte, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano tendrá como misión “promover el desarrollo territorial equitativo y sostenible de las áreas urbanas, rurales y naturales de la Provincia”. Sus funciones incluyen asesorar en proyectos de desarrollo, diseñar planes de infraestructura urbana, identificar áreas de conservación y proponer nuevos instrumentos de gestión territorial basados en principios de integración y sustentabilidad.

Desde varios flancos

Tucumán ha enfrentado en los últimos años un aumento en las ocupaciones ilegales de tierras, tanto en áreas urbanas como rurales, lo que ha generado tensiones sociales y demandas de soluciones integrales. El Poder Ejecutivo ha implementado medidas como la regularización de asentamientos, el fortalecimiento de la seguridad en zonas vulnerables y la creación de políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda. La creación de la Unidad de Gestión se suma a estas iniciativas, buscando abordar las causas estructurales de las usurpaciones a través de una planificación territorial ordenada y sostenible.

Vale señalar que Jaldo, en febrero pasado, y también por un decreto acuerdo, creó la "Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural" en dependencia de la Fiscalía de Estado que encabeza Gilda Pedicone de Valls. Se argumentó que la medida “se enmarca en la urgencia de incrementar su eficiencia y eficacia en la gestión de gobierno, en relación a la tramitación de causas en las jurisdicciones provincial y nacional, en las que el estado provincial sea parte, en materia de protección del patrimonio provincial, el medio ambiente y la biodiversidad”.

La Fiscalía de Estado intensificó en los últimos meses una ofensiva jurídica y administrativa para recuperar tierras fiscales ocupadas de manera irregular en distintas zonas de la provincia. “Será un trabajo lento y duro, pero se irá hasta las últimas consecuencias”, había advertido Pedicone de Valls.

Hacia fines de abril, esta Unidad organizó una jornada de capacitación destinada a delegados comunales a quienes se les proporcionaron directrices sobre sus funciones y responsabilidades en la protección del territorio. Jaldo había destacado que los delegados deben ser proactivos en la identificación y reporte de irregularidades, actuando como guardianes de las tierras que les han sido confiadas por sus comunidades.

Trabajo coordinado

“Es necesario readecuar la organización estructural del Poder Ejecutivo para un mejor cumplimiento de los objetivos fijados en materia de ordenamiento territorial”, señala el decreto, subrayando la importancia de una gestión eficiente para enfrentar estos desafíos. La nueva Unidad trabajará en la generación de bases de datos y diagnósticos territoriales, en coordinación con organismos provinciales y nacionales, para garantizar una toma de decisiones informada y efectiva.

La creación de la Unidad se alinea con el esfuerzo de la Provincia por modernizar su estructura administrativa y responder a los desafíos del crecimiento urbano descontrolado. Con esta medida, se buscaría no solo mitigar los conflictos derivados de las usurpaciones, sino también sentar las bases para un desarrollo equitativo y sostenible.

El decreto, fue refrendado, además por el propio Jaldo, por los ministros de Gobierno y Justicia (Regino Amado), Economía y Producción (Daniel Abad), Salud Pública (Luis Medina Ruíz), Educación (Susana Montaldo), Interior (Darío Monterios), Desarrollo Social (Federico Masso), Seguridad (Eugenio Agüero Gamboa), Obras y Servicios Públicos (Marcelo Nazur), y el secretario general de la Gobernación (Federico Nazur), y publicado en el Boletín Oficial.