El Ejecutivo habilita la contratación directa para todas las obras del PROCREAR Tucumán

El Gobierno de Osvaldo Jaldo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 3/5, que crea el Programa "PROCREAR Tucumán" para retomar y finalizar las obras de viviendas iniciadas en el marco del disuelto Programa por parte de la administración de Javier Milei. La normativa elevada a la Legislatura, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en materia de obra pública en la provincia, faculta al Poder Ejecutivo a apartarse del proceso de licitación pública y optar por la contratación directa para todas las obras comprendidas en el programa, con el objetivo de atender el déficit habitacional a partir de la construcción de cerca de 3.000 viviendas en la zona de Manantial Sur, en nuestra Capital.

El DNU, fundamentado en la necesidad de “atender el déficit estructural existente y retomar, adecuar y finalizar las obras de las viviendas iniciadas o a iniciarse” en los terrenos señalados, destaca la urgencia de establecer “un régimen operativo ágil y eficaz” para garantizar la continuidad de las obras inconclusas e impulsar nuevos proyectos. Según la exposición de motivos, “persiste el interés público tendiente a la satisfacción de necesidades de vivienda”, lo que justifica “adoptar medidas de excepción orientadas a la protección de derechos esenciales, el bienestar general en materia habitacional, y la preservación de los bienes e inversiones públicas”.

El decreto autoriza a los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Economía y Producción a contratar directamente, mediante resolución conjunta, tanto la finalización de las obras iniciadas con las empresas originalmente adjudicatarias en el marco del PROCREAR como la ejecución de nuevos proyectos bajo el Programa PROCREAR Tucumán. Esta excepción al procedimiento de licitación pública, contemplada en el artículo 3° de la Ley N° 5.854, busca garantizar “la celeridad que requiere la ejecución de las obras”. Además, se aprobó un Pliego General de Especificaciones Técnicas y Legales, con aplicación supletoria de la cotada norma, para regular las contrataciones.

Acuerdo clave entre Nación y Provincia

El relanzamiento del programa se sustenta en el traspaso de los terrenos de Manantial Sur, originalmente bajo la propiedad fiduciaria del Banco Hipotecario S.A., al Gobierno de Tucumán. Este proceso comenzó con el Decreto del PEN N° 1.018/2024, que disolvió el Fondo Fiduciario PROCREAR y facultó al Ministerio de Economía de la Nación a disponer de los inmuebles. El 27 de noviembre de 2024, se celebró un acuerdo que otorgó a Tucumán la tenencia de las fracciones de terrenos ubicadas en las calles Av. Manantial Sur y Av. Coronel Zelaya Sur. Posteriormente, la Ley N° 9.874, aprobada el 18 de marzo de 2025, ratificó un Acuerdo de Dación en Pago, por el cual la Nación transfirió la posesión de los inmuebles mejorados y se comprometió a formalizar su propiedad tras la valuación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Además, de acuerdo al decreto, para la efectiva implementación del Programa se autoriza a los Ministros de Obras y Servicios Públicos y de Economía y

Producción para que, mediante resolución conjunta, "determinen las condiciones

particulares; aprueben los modelos de contratos, proyectos de obras y documentación técnica; efectúen las contrataciones directas de los bienes y servicios necesarios, exceptuándolos del procedimiento de licitación pública en los términos de la Ley N° 6.970; deleguen las funciones atinentes a las disposiciones del presente y dicten todas las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias".

El Programa PROCREAR Tucumán será financiado con recursos de Rentas Generales del Tesoro Provincial, pero el decreto también habilita al Poder Ejecutivo a recurrir al endeudamiento, “ya sea mediante préstamos y/o cualquier otro medio de financiamiento”, para cumplir con los objetivos del programa. La Secretaría de Estado de Hacienda quedó facultada para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. En su primera etapa, el programa contempla la construcción de más de 500 viviendas, con una inversión estimada en $70 mil millones, lo que se espera genere un impacto económico positivo mediante la creación de empleo y el fortalecimiento del sector de la construcción.

Emergencia extendida

El DNU sustituye el artículo 3° de la Ley N° 9.751, extendiendo la emergencia en materia de obra pública hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta medida, según el texto, responde a la necesidad de “adoptar medidas de excepción” para garantizar “la reactivación y finalización de los proyectos en curso, bajo condiciones de trazabilidad y transparencia”. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, designado como el órgano idóneo para la ejecución y supervisión de las obras, podrá crear Comisiones Técnicas Especializadas y celebrar convenios para incorporar personal de la administración pública en las tareas de inspección y control.

El decreto subraya que “la política de desarrollo que lleva adelante el Estado Provincial tiene como pilares fundamentales la creación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población”. En este sentido, destaca que “el sector de la construcción tiene una gran capacidad para generar nuevos puestos de trabajo”, lo que potenciará “un importante efecto económico multiplicador” en la provincia.

El instrumento legal, además de la firma del Primer Mandatario, contó con las rúbricas de los ministros Susana Montaldo (Educación); Regino Amado (Gobierno y Justicia); Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos); Luis Medina Ruíz (Salud); Federico Masso (Desarrollo Social); Darío Monteros (Interior) y Daniel Abad (Economía y Producción).