POR LA SOBREPOBLACIÓN
El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia penitenciaria en las cárceles federales
La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad. El Servicio Penitenciario Federal aloja actualmente a 12.248 personas, un 6% por encima de su capacidad operativa.
Foto: Archivo.-
El Gobierno nacional extendió por otros dos años la emergencia en el Sistema Penitenciario Federal, en medio de un escenario marcado por la sobrepoblación carcelaria y la falta de plazas disponibles en las unidades del país.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 439/2026 del Ministerio de Seguridad, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, y establece la continuidad de la medida excepcional por un plazo de 24 meses.
Según datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, actualmente se encuentran alojadas 12.248 personas en cárceles federales, mientras que la capacidad operativa máxima del sistema es de 10.932 plazas. Esto implica un excedente del 6%.
El informe técnico que acompaña la resolución advierte que entre fines de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15.000 nuevos detenidos al sistema. A esa situación se suma la existencia de 5.073 personas que permanecen bajo arresto a la espera de una vacante para ser trasladadas a establecimientos federales.
En cuanto a la composición de la población penitenciaria, el 61,83% de los internos cuenta con condena firme, mientras que el 38,17% permanece procesado sin sentencia definitiva.
Uno de los factores señalados por el Gobierno para explicar la presión sobre el sistema es la demora en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con los datos oficiales, el SPF mantiene bajo custodia a 5.983 detenidos vinculados a causas ordinarias de la ciudad, una cifra que representa casi la mitad del total de personas alojadas en establecimientos federales.
La emergencia penitenciaria permite al Estado adoptar medidas extraordinarias para optimizar recursos, acelerar obras de infraestructura y reforzar la gestión del sistema ante el incremento sostenido de la población carcelaria.
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