Sin protección para políticos: los cambios clave en el proyecto que busca frenar las calumnias en internet

La Comisión de Legislación General de la Legislatura emitió finalmente un dictamen favorable al proyecto de ley que busca proteger el honor y la reputación de las personas en el entorno digital. Luego de una intensa disputa pública con referentes libertarios que denunciaban un intento de cercenamiento a la libertad de expresión, la iniciativa fue modificada para incluir una cláusula de exclusión que impide a los funcionarios públicos utilizar esta herramienta judicial, despejando así las suspicacias sobre una posible censura o persecución política.

El debate se había encendido meses atrás cuando el diputado nacional por Tucumán, Gerardo Huesen, cuestionó duramente la iniciativa de Gerónimo Vargas Aignasse (foto inferior) calificándola como un intento de “amordazar” voces críticas y comparándola con un “modelo chino de censura”. Ante estos ataques, el legislador peronista defendió la norma asegurando que “no es una mordaza, es un límite a la impunidad digital”. Vargas Aignasse fue tajante al responder a la oposición: “La militancia digital de La Libertad Avanza intenta instalar que este proyecto busca frenar su campaña rumbo al 2027. Es falso. Este proyecto no protege a políticos. Protege a las personas”.

El proyecto propone incorporar la figura de la “Medida Cautelar Digital Urgentísima” dentro del Código Procesal Penal de la provincia. Bajo esta normativa, cualquier afectado por difamación digital podrá acudir a la justicia y obtener una resolución en un plazo máximo de seis horas, permitiendo que un juez ordene la eliminación del contenido, su desindexación y la preservación de pruebas. Vargas Aignasse justificó la celeridad del proceso señalando que las redes sociales, potenciadas por la inteligencia artificial, funcionan actualmente como “paredones de fusilamiento” donde contenidos virales destruyen reputaciones en poco tiempo. Al respecto, cruzó nuevamente a sus detractores: “Han confundido libertad con impunidad. La libertad de expresión es un derecho constitucional. La difamación organizada es violencia”.

Para desactivar las críticas sobre posibles riesgos a la libertad de prensa, el texto final emitido por la Comisión (de la que también participaron los legisladores José Macome, Christian Rodríguez, Carolina Vargas Aignasse y Sara Assan) incorpora una cláusula excepcional que excluye expresamente a los funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y entes autárquicos de la posibilidad de utilizar esta herramienta. “Lo que buscamos es que nadie piense que esta normativa puede generar censura previa o limitar las críticas a la dirigencia política, al Gobierno o a los funcionarios”, afirmó el autor del proyecto, añadiendo que los políticos ya cuentan con otras herramientas como el derecho a réplica.

Asimismo, el dictamen incluye lo que denominan un “candado normativo”, el cual obliga al juez a rechazar la medida cautelar si existe cualquier duda sobre si el contenido cuestionado constituye opinión o información de interés público. Finalmente, Vargas Aignasse vinculó la urgencia de esta ley con las trágicas consecuencias del acoso digital, señalando que en los últimos años se registraron más de 20 casos de jóvenes que se quitaron la vida tras sufrir situaciones de escrache y viralización difamatoria en la provincia y el país. La iniciativa quedó lista para ser tratada en la próxima sesión legislativa.