Dictan prisión preventiva por 30 días a la mujer que robó el celular del gobernador Jaldo

La Justicia tucumana dictó prisión preventiva por 30 días a la mujer de 34 años acusada de sustraer el teléfono móvil del gobernador Osvaldo Jaldo durante un evento oficial desarrollado en la jornada del miércoles en la localidad de La Cocha. La medida, dispuesta por el juez Cristian Velázquez, responde a la gravedad del caso y a las sospechas de que el robo podría estar vinculado a una red con intereses que trascienden el simple hurto, incluyendo posibles conexiones con el narcotráfico y sectores políticos en la localidad de Alberdi, donde el Ejecutivo provincial dispuso la intervención del municipio.

El incidente ocurrió cuando la imputada, identificada como Liliana Carrizo, aprovechó un momento en que el gobernador se tomaba fotos con asistentes para extraer el celular del bolsillo interno de su saco. El hurto fue descubierto por Jaldo al subir a su vehículo rumbo a San Miguel de Tucumán. Gracias a las imágenes captadas por un fotógrafo presente, las autoridades lograron identificar a la autora del robo. Efectivos policiales y funcionarios se dirigieron al domicilio de Carrizo en Los Pizarros, donde recuperaron el dispositivo y procedieron a su detención. Además, se secuestraron una notebook, tres pendrives y otro celular para profundizar la investigación.

La fiscalía, representada por la auxiliar Emilse Guevara bajo la dirección del fiscal Héctor Fabián Assad, acusó a Carrizo de hurto, pero destacó que el caso podría tener ramificaciones más profundas. “No descartamos que este hecho forme parte de un plan mayor. Es crucial determinar qué ocurrió con el celular durante el tiempo que estuvo en poder de la acusada”, señaló Guevara. La Justicia sospecha que el dispositivo pudo ser utilizado para acceder a información sensible, lo que representa un riesgo para la seguridad institucional del Primer Mandatario. Por ello, se ordenaron análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y un exhaustivo rastreo de los contactos de la imputada.

Pedido no aceptado

La querellante Paula Morales reforzó esta postura, subrayando la necesidad de esclarecer el caso con urgencia. “Este hecho podría estar relacionado con intereses que buscan desestabilizar la gestión provincial, especialmente en un contexto donde se están enfrentando problemáticas graves como el narcotráfico”, afirmó. Morales aludió a las recientes intervenciones del gobierno en Alberdi, donde se investigan posibles vínculos entre el crimen organizado y sectores políticos locales.

El abogado defensor, Pablo Cannata, no objetó la prisión preventiva, pero solicitó que se cumpla bajo arresto domiciliario para facilitar el proceso. Sin embargo, el juez Velázquez ordenó el traslado inmediato de Carrizo a la alcaldía de Delfín Gallo. La acusada optó por no declarar durante la audiencia.

Por su parte, el gobernador Jaldo se pronunció sobre el incidente, destacando su confianza en el sistema judicial. “Es la primera vez que me ocurre algo así. Siempre hemos estado cerca de la gente, y eso implica ciertos riesgos. Pero confío en que la Justicia determinará las responsabilidades”, expresó. El mandatario descartó reforzar su seguridad personal y reafirmó su compromiso de seguir recorriendo la provincia. “Tucumán es una tierra de gente noble. No permitiremos que un hecho aislado nos aleje de nuestro trabajo por los ciudadanos”, aseguró.

La investigación continúa en curso, con un fuerte enfoque en determinar si el robo del celular fue un acto aislado o parte de una maniobra más compleja con implicaciones políticas y de seguridad.