Le robaron al Gobernador durante un acto público: la Justicia busca saber si fue casual o un coletazo de la intervención en Alberdi

El robo del celular del gobernador Osvaldo Jaldo, ocurrido el martes en el municipio de La Cocha, generó un fuerte revuelo político y abrió una investigación judicial para determinar si se trató de un hecho de inseguridad común o si podría haber tenido motivaciones políticas. El incidente tuvo lugar durante una visita oficial del mandatario al sur tucumano, apenas diez días después de la intervención de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, una decisión que tensionó el clima político en la región.

Según confirmaron fuentes oficiales al Diario La Gaceta, Jaldo había participado de una serie de actos institucionales junto a parte de su gabinete. Luego del almuerzo, subió a un escenario para dirigirse a militantes y vecinos de la zona. Al bajar, comenzó a saludar a los presentes como es habitual y, en ese breve trayecto hasta la camioneta que lo aguardaba, alguien le sustrajo el teléfono celular del bolsillo del saco. Al subir al vehículo, el gobernador advirtió de inmediato la ausencia del dispositivo, lo que dio paso a una rápida reacción por parte de su equipo de seguridad y efectivos policiales.

Revisando imágenes captadas por un fotógrafo presente en el acto, identificaron a una mujer que aparentemente introduce la mano en el bolsillo de Jaldo. Con esa información, personal policial localizó a la sospechosa en su domicilio, en la localidad de Los Pizarro, a unos siete kilómetros del lugar. En su poder estaba el teléfono del gobernador, que fue devuelto alrededor de una hora después. La mujer quedó aprehendida en la comisaría de La Cocha. Según fuentes policiales, no tendría antecedentes penales, aunque algunos dirigentes locales la señalaron como puntera vinculada al oficialismo de Alberdi.

El fiscal Fabián Assad convalidó la aprehensión y en las próximas horas definirá si se formula una imputación formal. La investigación avanza en el Centro Judicial de Concepción. El episodio despertó suspicacias en el entorno del gobernador, sobre todo por su cercanía geográfica y temporal con la intervención de Alberdi, municipio que fue blanco de denuncias por presuntos vínculos entre la política y el narcotráfico. En esa causa están involucrados el exintendente Luis Campos, la legisladora Sandra Figueroa, el exsecretario de Hacienda José Roldán y el supuesto empresario Roque “Chipi” Giménez.

El hurto también reavivó otros antecedentes recientes que afectan al mandatario. En el último tiempo, Jaldo fue uno de los destinatarios de amenazas junto con jueces y fiscales, entre ellos Gonzalo Ortega, Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. Según la investigación del fiscal Carlos Picón, dichas amenazas habrían sido formuladas por Miguel “Miguelón” Figueroa, presunto narcotraficante y condenado por varios homicidios, con el objetivo de presionar para su traslado desde una cárcel de máxima seguridad en Buenos Aires a una unidad penitenciaria en Tucumán.

Otro caso que involucró al gobernador ocurrió en mayo, cuando se supo que la influencer santiagueña Valentina Olguín habría utilizado la identidad de Jaldo y de otros mandatarios provinciales para importar ropa desde Estados Unidos. La denuncia fue radicada por el propio gobernador y derivó en el procesamiento de la joven por decisión del juez federal José Manuel Díaz Vélez, a pedido del fiscal Agustín Chit.

En este nuevo caso, la instrucción del propio Jaldo es que la causa avance y se esclarezca si se trató de un hecho de inseguridad común o si hubo una intencionalidad política detrás del robo. Sin embargo, desde el seno del Gobierno provincial salieron ayer al cruce de las versiones que circularon en redes y medios, y desmintieron de manera categórica que se tratara de una operación política. “No hay elementos serios que sostengan esa hipótesis por el momento”, aseguraron fuentes oficiales, que ratificaron que el hecho está siendo investigado como un robo simple, aunque sin descartar ninguna línea.

Mientras tanto, el incidente también puso bajo la lupa los protocolos de seguridad que rodean al gobernador. El jefe de Policía Joaquín Girvau confirmó al Diario La Gaceta que “se está analizando todo” y reconoció que se evaluarán eventuales ajustes en el esquema de custodia. Por lo pronto, Jaldo debió dar de baja la línea telefónica y solicitar su reactivación una vez que el equipo fue recuperado. Aunque el aparato volvió a sus manos, el caso sigue abierto y las dudas sobre el trasfondo del hecho aún sobrevuelan la escena política tucumana.