Canelada y Cobos reivindicaron su voto contra la expropiación de la Escuela Mistral tras el fallo de la Corte

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejara firme la sentencia que declaró inconstitucional la expropiación de los inmuebles donde funciona la Escuela Gabriela Mistral, los concejales opositores José María Canelada y Gustavo Cobos salieron a reivindicar la postura que habían sostenido durante el tratamiento de la ordenanza en el Concejo Deliberante.

Los ediles radicales recordaron que fueron los únicos concejales que votaron en contra de la iniciativa promovida por la intendenta Rossana Chahla y acompañada por la mayoría peronista y aseguraron que su rechazo no estuvo vinculado con una oposición a la escuela ni a la educación pública, sino con cuestionamientos jurídicos al mecanismo elegido por el Departamento Ejecutivo.

“El tiempo terminó demostrando que nuestras advertencias tenían fundamento”, sostuvieron desde la bancada radical tras conocerse la decisión judicial que rechazó el recurso de casación presentado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Durante el debate parlamentario, Canelada y Cobos habían planteado que la declaración de utilidad pública para avanzar con la expropiación excedía las competencias del Municipio y que se trataba de una atribución reservada a la Legislatura provincial, salvo excepciones específicas previstas por la ley. Ese criterio fue finalmente ratificado por la Corte tucumana.

“Nosotros dijimos en la sesión que la expropiación no podía hacerse de cualquier manera. La educación pública se defiende con seriedad, con planificación y respetando la Constitución. Lo que no se puede hacer es usar una causa noble para justificar un procedimiento jurídicamente equivocado”, expresó Cobos.

El fallo reavivó además el debate político sobre la estrategia adoptada por el oficialismo municipal en torno a la situación de la institución educativa. Desde la oposición cuestionaron que se haya privilegiado “el impacto político” por sobre la construcción de una solución jurídicamente sólida que evitara un conflicto judicial.

En ese sentido, Canelada sostuvo que la resolución judicial deja una “enseñanza institucional” para la gestión municipal. “Cuando advertimos que la ordenanza tenía problemas constitucionales, no estábamos poniendo palos en la rueda ni defendiendo intereses particulares. Estábamos cumpliendo nuestro rol. Gobernar también exige reconocer límites. La legalidad no es una formalidad: es la garantía de que las decisiones públicas sean sostenibles y no terminen frustrando aquello que dicen proteger”, afirmó.

Los concejales insistieron en que la discusión no debe agotarse en la disputa judicial y reclamaron que el Municipio avance ahora en una solución concreta para preservar el funcionamiento de la escuela y garantizar condiciones adecuadas para alumnos y docentes.

“En este tema siempre fuimos claros: los chicos, las familias y los docentes deben estar en el centro. Por eso también reclamamos cuando recibimos planteos por aulas sobrecargadas, mobiliario deteriorado y falta de mantenimiento. Nuestra posición nunca fue contra la escuela. Fue, y sigue siendo, a favor de una política educativa seria, legal y responsable”, agregó Cobos.

Finalmente, los ediles opositores reclamaron al Departamento Ejecutivo municipal que informe cuál será el camino institucional a seguir tras el fallo y pidieron la conformación de una mesa de trabajo para evitar nuevos conflictos legales y garantizar la continuidad pedagógica de la Escuela Gabriela Mistral.

“Este fallo demuestra que no todo se resuelve con anuncios. La ciudad necesita menos épica de ocasión y más responsabilidad institucional. Cuando una política pública nace mal, quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos”, concluyeron.