Tucumán prepara a la Policía para la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil

A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que desde el 5 de septiembre alcanzará a adolescentes de entre 14 y 17 años imputados por delitos, el Ministerio de Seguridad de Tucumán capacitó a personal policial sobre los cambios que introduce la Ley nacional 27.801 y los procedimientos que deberán seguirse ante situaciones que involucren a menores de edad.

La jornada se desarrolló este jueves en el Auditorio Independencia de la Subjefatura de Policía y estuvo encabezada por la subsecretaria de Coordinación, Comunicación y Nuevas Tecnologías, Gladys Carpio Valero. La capacitación estuvo a cargo de la jueza Elizabeth Raddi, integrante del Colegio de Jueces Penales con Especialidad en el Juzgamiento de Menores de Edad.

La formación adquiere particular relevancia porque la nueva legislación reduce de 16 a 14 años la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un régimen de responsabilidad penal y reemplaza la Ley 22.278, vigente desde 1980. La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo.

“Estamos interiorizando al personal policial sobre la nueva Ley N° 27.801, que comenzará a regir a partir del 5 de septiembre”, explicó Raddi.

La magistrada destacó que, además del cambio en la edad de punibilidad, la normativa establece pautas específicas para el tratamiento de adolescentes involucrados en hechos delictivos. “Si bien los principios estaban contenidos en las convenciones que tienen raigambre constitucional, ahora están plasmados en una ley nacional que trae una actualización, dado que la ley anterior data de 1980”, señaló.

Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley 27.801 establece un régimen específico para las personas que tengan desde 14 años y hasta antes de cumplir los 18 al momento de cometer un hecho tipificado como delito. Entre sus objetivos expresamente establecidos figuran promover la responsabilidad del adolescente por sus actos y procurar su educación, resocialización e integración social.

La norma contempla distintas medidas y sanciones, con especial énfasis en alternativas educativas y de reinserción. Entre ellas aparecen el seguimiento por equipos interdisciplinarios, la continuidad de la escolarización, programas de formación ciudadana y capacitación laboral, además de otras herramientas destinadas a evitar la reincidencia.

Para los casos en los que corresponda una pena privativa de la libertad, la legislación prohíbe expresamente la prisión y reclusión perpetuas para adolescentes y establece un máximo de 15 años de detención, incluso cuando la escala penal correspondiente al delito o a la concurrencia de delitos fuera superior.

También establece garantías específicas durante el proceso, entre ellas el derecho a recibir un trato acorde con su edad, respeto a la dignidad, prohibición de discriminación y una orientación de las sanciones hacia la educación y resocialización. La ley invita además a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo sistema.

La Policía, como primer contacto

Uno de los objetivos centrales de la capacitación realizada en Tucumán fue preparar a los agentes que tendrán la primera intervención frente a situaciones en las que adolescentes estén presuntamente involucrados en delitos.

Raddi destacó particularmente ese aspecto. “Con esta nueva norma tenemos tips específicos sobre el manejo de estas situaciones, y esto es lo que queremos transmitirles al personal policial, que es nuestro primer contacto con la situación conflictiva con la ley penal”, explicó.

La jueza remarcó que la actuación inicial de los efectivos puede resultar determinante para las posteriores instancias judiciales.

“Por eso la importancia de esta capacitación sobre cómo manejarse ante estas situaciones, para que luego su trabajo nos sirva para la aplicación de la ley. También se trata de recuperar al menor en conflicto con la ley para poder tener un adulto de bien”, sostuvo.

En la misma línea, la psicóloga del Ministerio de Seguridad Adriana Herrera destacó que los suboficiales suelen ser quienes primero intervienen ante episodios que involucran a niños y adolescentes. “Necesitamos brindarles herramientas asertivas para su primera intervención. Este abordaje tiene que ser integral. Hay diferentes factores vulnerables en los que se encuentra el niño, niña o adolescente”, explicó.

Herrera sostuvo que los agentes deben contar con herramientas que les permitan actuar teniendo en cuenta la situación particular de los menores. “Es necesario que el personal esté capacitado y sepa cuáles son las formas de tratar a ese menor, sobre todo con empatía y respeto hacia el sujeto de derecho”, agregó.

A su turno, Carpio Valero explicó que el objetivo es que el personal cuente con herramientas jurídicas y prácticas antes de la implementación plena del nuevo esquema. “Estamos implementando políticas públicas para capacitar en perspectiva de niñez a todo el personal policial para que pueda tener los recursos necesarios para actuar con certeza, seguridad y legitimidad en cualquier procedimiento donde intervengan niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Con la capacitación, Tucumán comenzó a ajustar la actuación de uno de los primeros eslabones del sistema penal a un cambio que entrará en vigencia el 5 de septiembre, ya que desde entonces quedará derogado el régimen de minoridad establecido por la Ley 22.278 y comenzará a aplicarse el nuevo esquema nacional de responsabilidad penal juvenil.

En Tucumán, el nuevo régimen llega en un momento de conmoción pública ante dos casos registrados esta semana con menores de edad que fueron a la escuela con armas de fuego: el primero en la escuela Congreso de Tucumán de la capital, donde un alumno de 14 años efectuó un disparo dentro del aula; y el más reciente en un establecimiento de Los Gutiérrez, donde una niña de 12 años llevó un arma cargada.