La Justicia Federal de Tucumán advierte al Gobierno Nacional sobre la preservación del Banco de Datos Genéticos

El Tribunal Oral Federal de Tucumán llamó la atención al Poder Ejecutivo Nacional sobre la importancia de fortalecer y preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo encargado de resguardar y tramitar el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura cívico militar argentina.

Lo hizo en la sentencia del caso “Vega, Carlos Alberto S/Sustracción de menores de 10 años”, en que el ex capitán de Inteligencia fue condenado a 12 años de prisión por el secuestro de Marcos Ramos y la alteración de su verdadera identidad. El fallo se dictó el 19 de agosto, pero sus fundamentos se conocieron este miércoles. En el escrito se destacan los avances científicos del organismo, que permitieron la restitución de la identidad de la víctima. 

Los jueces Ana Carina Farías, Cristina Edith Giordano y Federico Bothamley coincidieron en resaltar la importancia del organismo nacional en la restitución de las identidades de los nietos recuperados. 

“La búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del Estado argentino, derivada de sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”, argumentaron los magistrados en el fallo. 

El BNDG quedó a principios de año al borde de la parálisis, cuando el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un informe anunciando un recorte presupuestario de cerca de la mitad de los fondos. Entonces, el organismo anunció que se vería imposibilitado de enfrentar los gastos corrientes y que la correcta preservación de las muestras genéticas corría riesgo. El juez Alejo Ramos Padilla ordenó al ex funcionario que devuelva las partidas originales y el Gobierno Nacional se vio obligado a cumplir la orden. 

Sin embargo, la asfixia presupuestaria continúa poniendo en jaque al organismo creado en 1987 ante la necesidad de restituir identidades de los entonces niños apropiados y de identificar los restos NN de víctimas del terrorismo de Estado. Fue pionero a nivel mundial en la aplicación de la técnica de ADN mitocondrial para establecer lazos familiares identificatorios. La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, declaró en el juicio e informó que, desde su creación a la fecha, más de 17.000 personas recurrieron al organismo.

Por ello, en el juicio “Vega”, celebrado en Tucumán entre julio y agosto de este año, la subsistencia y fortalecimiento del BNDG fue puesta en relieve. Ramos, la víctima, fue secuestrado siendo un bebé en el año 1976 y criado bajo una falsa identidad por una familia que lo sometió a malos tratos.

En 2015 se realizó un primer cotejo de ADN, que arrojó resultado negativo. Sin embargo, el avance científico permitió que tres años después se aplicara nueva tecnología y, en lugar de comparar 33 marcadores se visualizaron más de 3.000. El resultado fue la confirmación de que se trataba del hijo de Rosario del Carmen Ramos, desaparecida hasta el día de hoy. Así, Marcos se convirtió en el nieto número 128 en recuperar su identidad.

“La catástrofe individual, familiar y social que provoca la apropiación de niños y niñas resulta innegable”,entendió el Tribunal y resaltó que la “identidad estática” (genética y fenotípica) es fundamental para el ejercicio de la libertad. 

Por ello, el fallo dispone “recomendar al Poder Ejecutivo Nacional adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las políticas públicas, específicamente destinadas a garantizar el derecho a la identidad y la búsqueda de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado, especialmente la preservación y fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos”.

La sentencia también ordena la preservación “de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de los archivos documentales vinculados al terrorismo de Estado, de los equipos especializados de investigación dedicados a la búsqueda e identificación de personas apropiadas y de los registros públicos relacionados con esos procesos”.