Reflotan la vuelta de las AFJP como una reforma integral del sistema previsional

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) ha presentado una propuesta integral para reformar el sistema previsional argentino, en medio de un debate legislativo que incluye 11 dictámenes que podrían discutirse en una sesión especial en la Cámara de Diputados. Según el análisis de Rafael Rofman y Manuel Mera, investigadores de CIPPEC, el sistema actual, aunque destaca por su cobertura del 95% para mayores de 65 años, enfrenta desafíos estructurales que lo hacen insostenible, con un gasto público equivalente al 10% del PBI.

La propuesta de CIPPEC busca un reordenamiento que garantice equidad y sostenibilidad fiscal. Entre los puntos clave, se destaca la necesidad de revisar los regímenes de excepción y las moratorias, que permiten a quienes no cumplieron con los 30 años de aportes acceder a una jubilación. De los 7,8 millones de jubilados y pensionados, el 22% recibe pensiones no contributivas, y solo 2,2 millones de los 6,1 millones con beneficios contributivos no necesitaron moratorias.

Otro aspecto crítico es la falta de debate sobre la edad de jubilación, a pesar de que el 16% de la población argentina supera los 65 años. Mientras en otros países se discute el aumento de la edad jubilatoria, en Argentina este tema permanece ausente, lo que agrava la presión fiscal. CIPPEC también sugiere explorar mecanismos de ahorro privado, como los implementados históricamente y revertidos, para reducir la dependencia del Estado, aunque reconoce las resistencias políticas a estas medidas.

La propuesta, aborda los desafíos estructurales de un sistema afectado por alta inflación, ajustes insuficientes y desigualdades en el acceso a beneficios.

Puntos claves

• Revisión de moratorias y regímenes de excepción: De los 7,8 millones de jubilados y pensionados, 4 millones acceden a una pensión mínima sin los 30 años de aportes requeridos, gracias a moratorias como la aprobada en 2023, que benefició a 800.000 personas pero fue suspendida en 2025 por el gobierno de Javier Milei. CIPPEC sugiere evaluar estos regímenes para garantizar equidad entre quienes aportaron y quienes no, proponiendo alternativas como asistencia social focalizada para no contributivos, similar a programas para familias vulnerables.

• Ajustes de haberes por inflación y salarios: La inflación de 272% en 2024 erosionó el poder adquisitivo de las jubilaciones, que perdió un 20% durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), un 2% adicional bajo Alberto Fernández (2019-2023), y un 44% estimado en 2024. CIPPEC propone un sistema de ajustes mensuales que combine inflación y evolución salarial. En 2024, el haber mínimo, con bono incluido, fue inferior a U$S 300, insuficiente frente al costo de bienes esenciales (U$S 380).

• Exploración de ahorros privados: CIPPEC plantea reintroducir mecanismos de ahorro privado, como los fondos de pensión individuales eliminados en 2008 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida busca reducir la dependencia del Estado, que enfrenta un gasto previsional equivalente al 60% del gasto público total. Sin embargo, reconoce las resistencias políticas a esta propuesta, dado el antecedente de la crisis financiera de 2001-2002, cuando el 75% de los activos de los fondos privados estaban invertidos en deuda pública.

• Sostenibilidad fiscal y envejecimiento poblacional: Con el 16% de la población mayor de 65 años, Argentina enfrenta una presión fiscal creciente. CIPPEC destaca que el gasto previsional, que pasó del 4,8% al 7,4% del PBI entre 2003 y 2015, requiere un reordenamiento para evitar déficits insostenibles. Propone un debate sobre la edad jubilatoria, ausente en la agenda pública, y ajustes paramétricos, como aumentar los años de aportes o reducir tasas de reemplazo, inspirándose en reformas chilenas de 2008 que ampliaron la cobertura no contributiva con un enfoque fiscal responsable.

• Reducción de desigualdades: La propuesta enfatiza corregir inequidades, como la brecha entre pensiones contributivas (6,1 millones, de los cuales solo 2,2 millones no necesitaron moratorias) y no contributivas (22% del total). Además, busca atender a sectores vulnerables, como los 400.000 jubilados que iniciaron juicios contra el Estado por ajustes insuficientes, y garantizar que el sistema no penalice a quienes aportaron formalmente durante décadas.

Rafael Rofman, investigador principal, subrayó: “El sistema debe ser viable financieramente y equitativo. No podemos seguir con un esquema donde el 95% de cobertura se sostiene a costa de déficits y pérdidas de poder adquisitivo”. Manuel Mera, director de Protección Social, agregó: “La reforma debe abordar el envejecimiento poblacional y la inflación crónica, sin descuidar a los sectores más vulnerables”.