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El requerimiento formal fue presentado por el titular de la Abogacía General de la Unión, Jorge Messias, ante el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y el fiscal general de la República, Paulo Gonet, con el objetivo central de identificar a los responsables de la supuesta operación y a los destinatarios de los giros internacionales.
La iniciativa judicial surgió como consecuencia de una investigación publicada por el diario británico The Guardian donde se detalla que el país norteamericano destinó un millón de dólares al proyecto denominado Combatting Lawfare and Censorship in Brazil, una iniciativa destinada a respaldar a organizaciones que denuncian censura por parte del máximo tribunal.
De acuerdo con los documentos oficiales que fueron citados en el reporte periodístico original, el dinero provendría directamente del Fondo de Derechos Humanos y Democracia perteneciente al Departamento de Estado estadounidense, una herramienta financiera que habría aportado subsidios económicos a decenas de proyectos.
Frente a este escenario, las autoridades de la Abogacía General de la Unión argumentaron que resulta imperioso ejecutar una auditoría para constatar si el capital fue utilizado para influir en el debate político interno, advirtiendo que las diferencias entre gobiernos son habituales en las relaciones internacionales pero que los intereses extranjeros no deben interferir en el funcionamiento regular de las instituciones locales.