Mientras Nación recorta el 91% de fondos en salud mental, Tucumán garantiza el 10% del presupuesto sanitario

En un marcado contraste de prioridades, el Gobierno Nacional propone para 2026 un recorte del 91,53% en la única línea presupuestaria del Ministerio de Salud dedicada a la "Apoyo y Promoción de la Salud Mental", mientras la provincia de Tucumán, mediante la Ley N° 9923, recientemente promulgada, establece que "el Poder Ejecutivo destinará al abordaje de la Salud Mental como mínimo el 10% del presupuesto anual de la Provincia para la finalidad Salud. Este porcentaje se alcanzará gradualmente conforme las posibilidades del Tesoro Provincial". Esta medida tucumana no solo cumple con el artículo 32 de la Ley Nacional 26.657, sino que la supera al impulsar una reforma integral que prioriza la inclusión social.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026, presentado el 15 de septiembre por el gobierno de Javier Milei, asigna apenas 48 millones de pesos a dicha actividad del Programa 42, lo que representa una caída abrupta desde los niveles de 2016 que nunca se recuperaron. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), "de aprobarse este presupuesto— el año próximo contaría con apenas 48 millones de pesos, lo que implica una reducción del 91,53% respecto de los recursos vigentes para el año en curso (de los cuales, hasta la fecha, solo se ejecutó un 30,75%)". Esta línea financia acciones clave como "la capacitación y cooperación técnica con equipos de salud y autoridades locales, la actualización de prestaciones desde el paradigma comunitario y de desinstitucionalización, la implementación de intervenciones comunitarias para grupos de riesgo, el seguimiento de la adecuación de instituciones monovalentes y la promoción de externaciones sustentables".

Además, incluye "el fortalecimiento de la red de dispositivos intermedios (casas de medio camino, viviendas asistidas, centros de día, entre otros), la realización de internaciones en hospitales generales, el abordaje integral de consumos problemáticos, el impulso a estrategias de inclusión social, la producción de investigaciones, registros y protocolos en salud mental y adicciones, la cooperación para el abordaje de las problemáticas de niños, niñas, adolescentes y la articulación para garantizar la atención a víctimas de trata", detalló ACIJ. A nivel nacional, la inversión total en salud mental alcanzaría solo el 1,42% del gasto en salud, violando la obligación legal de destinar el 10%.

Otros organismos reciben fondos: SEDRONAR concentra el 53,6% con un aumento del 8,53%; el Hospital Ramón Carrillo (ex Montes de Oca) el 30,9% con +3,91%; y el Laura Bonaparte el 15,5% con +1,24%. Sin embargo, ACIJ advierte que "la asignación de recursos a estos organismos es más compleja de evaluar, dado que incluyen gasto que no se orienta a cumplir la ley".

En Tucumán, la Ley N° 9923 modifica la adhesión provincial a la Ley Nacional 26.657, sustituyendo el Artículo 3° para establecer principios como "la equidad y el respeto a la dignidad, a la autonomía individual y a los DDHH deben estar presentes en toda la atención prestada a las personas con problemas de salud mental" y "la garantía de una atención integral en el ámbito comunitario, servicios de salud integrados en distintos niveles de complejidad, garantizando la continuidad en la atención de la salud mental según las necesidades de las personas". También incorpora que "las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental" y exige perspectiva de género en los servicios.

Datos de financiamiento del área a nivel nacional.

La norma local crea el Plan Provincial de Salud Mental, que debe "priorizar como objetivo estratégico la planificación de acciones que promuevan la articulación de los tres subsectores del sistema de salud" y ejerce gobernanza mediante monitoreo, investigación, estándares de regulación y capacitación. Prioriza la atención "preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario, a cargo de un equipo de salud interdisciplinario, en el marco de un abordaje intersectorial".

Tucumán amplía modalidades de atención, incluyendo "atención ambulatoria, atención domiciliaria, hospital de día, casa de medio camino, unidades de salud mental, atención de la urgencia en salud mental, internación aguda, internación residencial, teleasistencia y telemedicina", y garantiza cobertura georreferenciada con RRHH especializado, acceso a medicamentos psicofarmacológicos y la Comisión Provincial Interministerial para ejecutar acciones integradas, donde "cada ministerio afectará partidas presupuestarias propias".

Pedido al Congreso

Además, instituye el Consejo Consultivo honorario con participación de sociedad civil y usuarios, el Programa Vuelta a Casa para resocialización de internados crónicos (con censo bianual), y programas en educación, ámbitos laborales, deportivos y para adultos mayores. En prevención del suicidio, fortalece protocolos con "desarrollo de programas de capacitación destinados a los responsables en los ámbitos educativo, laboral, recreativo y en contextos de encierro" y campañas contra el estigma.

Ante el panorama federal, ACIJ instó al Congreso a revertir el recorte nacional "y garantice partidas presupuestarias suficientes y adecuadas que permitan implementar políticas de prevención y atención integral de la salud mental con enfoque comunitario en todas las provincias". Subrayó que "las personas usuarias de los servicios de salud mental tienen, como cualquier otra, el derecho a no vivir en el aislamiento", y criticó que el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, profundiza el desfinanciamiento a 15 años de la ley, ignorando compromisos internacionales. Mientras Nación retrocede, Tucumán avanza hacia un modelo comunitario inclusivo y financiado.