Las universidades vuelven a la carga para lograr mayor financiamiento

Un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario volvió a la agenda del Congreso y se convertirá en otro frente impulsado por la oposición para incomodar al Gobierno. Inspirada en el texto que Javier Milei vetó el año pasado, la iniciativa busca “garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina”. El tema promete tensión no solo por su impacto fiscal, sino también porque toca un punto sensible para la Casa Rosada: su vínculo con los jóvenes.

La propuesta fue presentada en una cumbre que reunió a rectores, gremios docentes y estudiantiles, y contó con el respaldo de una amplia representación opositora. Participaron referentes de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), la izquierda, los radicales de Democracia, y hasta dirigentes de la UCR como Julio Cobos.

La intención es que el miércoles de la semana que viene, si es que se logra el quórum, emplazar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert (LLA) y de Educación que comanda Alejandro Finocchiaro (PRO), habiliten las comisiones para debatir el financiamiento universitario.

Fecha estimativa y detalles de la iniciativa

La diputada de UP Blanca Ozuna adelantó que buscarán que las comisiones traten el proyecto el 10 y 11 de junio, se dictamine y llevarlo al recinto el próximo 19 de junio.

Según explicaron los miembros de la comunidad académica, el proyecto “es similar al que el Ejecutivo vetó y que junto al PRO y los radicales ‘con peluca’ que hoy forman el bloque Liga del Interior", sostuvieron.

El proyecto tiene 12 artículos. Busca garantizar por ley los fondos para el funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además, establece con precisión los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria.

El texto propone calcular el financiamiento universitario en base a una “proporción universitaria” sobre los fondos nacionales coparticipables, que se transferiría mensualmente al programa de Desarrollo de la Educación Superior. Plantea que esto no impactará sobre lo que reciben las provincias en materia de Aportes del Tesoro Nacional.

También establece paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.

Incidencia en el PBI

Por otro lado, busca que se pueda “ampliar la oferta de carreras universitarias y pre-universitarias” y “promover y profundizar la función de extensión universitaria”.

También apunta a contar con fondos para “desarrollar y consolidar la función de investigación” así como también asegurar la infraestructura y por último “incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario”.

Dentro de este esquema, el artículo 10 establece que para poder cumplir con este esquema el presupuesto destinado a la educación universitaria “se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2031, como mínimo, una participación del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año”; comenzando con el 1% del PBI en 2026.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había estimado que el costo fiscal del proyecto vetado por Milei el año pasado equivalía al 0,14% del PBI anual. Sobre la nueva iniciativa aún no hay un cálculo oficial, aunque su estructura técnica mantiene similitudes con aquella propuesta.

En sus fundamentos, la iniciativa advierte que “más del 70% de trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza” y que el presupuesto 2025 solo cubre “el 50% de lo requerido para su funcionamiento”. Y remata con una crítica directa a la política fiscal del oficialismo: “La otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino”.