La Justicia tucumana confirmó el sobreseimiento de los cuatro ex futbolistas de Vélez Sarsfield que habían sido denunciados por abuso sexual por una joven en marzo de 2024. La resolución fue adoptada por la vocal del Tribunal de Impugnación del Centro Judicial Capital, Patricia del Valle Carugatti, quien rechazó el recurso presentado por la querella contra la sentencia que había favorecido a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín.

La decisión se conoció ayer a través de una extensa resolución de 59 páginas, a la que tuvo acceso Tendencia de Noticias, en la que la magistrada analizó los agravios planteados por la representación legal de la denunciante contra el fallo dictado el 30 de diciembre de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid. De esta manera, a la denunciante le queda sólo el camino de la Corte Suprema de Justicia para reclamar que los futbolistas vayan a juicio.

La joven tucumana había denunciado que el 2 de marzo de 2024 que, tras un partido que Vélez jugó en nuestra provincia, fue invitada por Sosa al hotel Hilton, donde se hospedaba el plantel. Aseguró que, al llegar a la habitación, estaban los cuatro jugadores, con quienes se quedó conversando y bebiendo Fernet. Más tarde, de acuerdo a su testimonio, ella se sintió desvanecida y tres de los acusados aprovecharon para abusar de ella. Sosa, aseguró, dormía, pero estaba al tanto de lo que ocurría.

Tras la denuncia, los jugadores se presentaron en Tribunales y quedaron en prisión preventiva con arresto domiciliario durante 920 días. Luego, recuperaron la libertad pero continuaron imputados.

La invesigación de la Justicia tucumana dio un vuelco en octubre de 2025, cuando José Florentín Bobadilla, en pleno proceso, contradenunció a la demandante, sus abogados Patricia Neme y Franco Venditi y al diputado nacional Carlos Cisneros, como presuntos miembros de una asociación ilícita destinada a falsear pruebas para condenar a los imputados. Así, se allanaron los estudios jurídicos de los letrados, las casas de varios de los testigos (amigos de la denunciante) y la de la abuela de la joven.

Cisneros fue señalado como el presunto jefe de la asociación por su pertenencia a la dirigencia de la Asociación Bancaria, sindicato que tomó la representación de la denunciante puesto que pertenece a ese gremio. El impulsor de esta nueva denuncia fue el abogado Camilo Atim junto a su socia, Florencia Abdala.

En ese marco, se investigaron los teléfonos de todos y se encontraron mensajes privados que Bobadilla consideró incriminatorios. Así, en diciembre del año pasado, durante una audiencia de rutina, las defensas de los acusados, solicitaron el sobreseimiento. El juez se los otorgó, declarándolos inocentes.

En esa sentencia, Paz Almonacid consideró que no existían elementos suficientes para sostener la acusación penal. De esta manera, dio la razón a lo planteado por Ernesto Baaclini (abogado de Sosa, que ya había sido sobreseído), Ileana Bataglia y José María Molina (en representación de Osorio) y Ernesto García Biagosch (que, junto a Molina, defienden a Cufré), además de Atim y abdala. El magistrado también rechazó los pedidos de la querella, que había solicitado que no se tengan en cuenta los peritajes nuevos realizados en los teléfonos de los testigos por considerarlos ilegales.

Foto: La Gaceta

Con los jugadores sobreseidos, la querella recurrió al Tribunal de impugnación. Se apoyó principalmente en dos ejes: por un lado, reiteró el pedido de nulidad de la ampliación de la pericia informática y, por otro,cuestionó el sobreseimiento de los acusados. Los abogados de la denunciante sostuvieron que se había vulnerado el derecho a la intimidad, la privacidad y el secreto profesional, además de cuestionar la valoración de las pruebas digitales, biológicas y psicológicas realizadas durante la investigación.

Sin embargo, tras cuatro jornadas de audiencia celebradas durante mayo de este año, la jueza Carugatti concluyó que los planteos no lograron demostrar arbitrariedad ni errores que justificaran revocar la sentencia recurrida. La magistrada analizó las exposiciones de las partes y los fundamentos del fallo original, respaldando la legalidad de las medidas probatorias cuestionadas y la valoración realizada por el juez de primera instancia.

La resolución también destaca que el Ministerio Público Fiscal no presentó recurso contra el fallo absolutorio ni se adhirió a la impugnación de la querella, por lo que concurrió a la audiencia únicamente para ejercer el control de legalidad del proceso.

Si la querella insiste, podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que ya no tendrá plazo para resolver.