
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) lanzó un dramático llamado de alerta a los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) advirtiendo que el transporte público del interior atraviesa "una de las crisis más profundas de su historia", la cual ya no representa una dificultad pasajera sino un proceso de degradación estructural. En su documento, la entidad subraya que la ausencia de políticas de fondo y la asimetría en la distribución de recursos han puesto al sistema en un "riesgo de perder su sistema de transporte público", lo que implicaría no solo la pérdida de miles de puestos de trabajo, sino también una fractura en la conectividad y movilidad de millones de ciudadanos que dependen exclusivamente del colectivo para su vida cotidiana.
La organización empresaria fue categórica al describir la gravedad del cuadro actual. Según la misiva, "se trata de un proceso sostenido de deterioro que, de no revertirse de manera inmediata, provocará la reducción masiva de servicios, la desaparición de líneas, la pérdida de miles de puestos de trabajo y graves dificultades para la movilidad de millones de argentinos". Para la FATAP, la falta de respuestas estructurales empujó a las prestatarias a una situación límite donde "la tarifa se ha convertido en la única herramienta para intentar sostener el sistema, trasladando a los usuarios costos que la economía familiar ya no puede absorber".
En el plano local, esta presión tarifaria se traduce en el pedido de AETAT de llevar el boleto técnico a $2.400 en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, la negociación está empantanada: la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante no consigue los votos necesarios para dictaminar, ante las dudas sobre la transparencia de los datos empresarios y el reclamo de un llamado a licitación que modernice el sistema.
Las causas de la parálisis y la desigualdad federal
El documento de la Federación identifica factores críticos que esterilizan cualquier
intento de actualización de ingresos. Entre ellos, mencionan que "persisten incumplimientos en el pago de compensaciones y programas destinados a sostener la operación", a lo que se suma que "los costos operativos aumentan permanentemente" y se registra una "sostenida caída en la cantidad de pasajeros transportados". La FATAP también hizo hincapié en la brecha de recursos con la Capital Federal, denunciando que "continúa la profunda desigualdad en la distribución de recursos entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Interior del país".

Para paliar este escenario de desfinanciamiento nacional y suba de insumos, el gobernador Osvaldo Jaldo oficializó en abril subsidios por más de $7.600 millones para el sector. Este auxilio extraordinario, que incluyó un refuerzo final de $700 millones, busca asegurar el acceso de la población a un servicio esencial y evitar el colapso financiero de las empresas de jurisdicción provincial.
Para los transportistas, lo que se debate excede la rentabilidad empresarial. La FATAP sostiene que "cuando desaparece un servicio de transporte no sólo deja de circular un colectivo. Pierden oportunidades los trabajadores, pierden acceso los estudiantes y pierden movilidad los adultos mayores". En su visión, el transporte es un pilar de cohesión territorial: "Sin movilidad no hay igualdad de oportunidades".
Al respecto, la intendenta Rossana Chahla aseguró tener "el diagnóstico y el tratamiento" para enfrentar esta crisis estructural. Si bien evitó opinar sobre el pedido de aumento del boleto por respeto a la independencia del Concejo, la jefa municipal afirmó que existen propuestas para avanzar en cambios de fondo que superen la mera discusión tarifaria.
Finalmente, la Federación convocó a la creación urgente de una mesa de trabajo permanente, advirtiendo que el margen de acción es mínimo. Su proclama de cierre fue un recordatorio del impacto social del conflicto: "Defender el transporte público es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, trabajar, producir y desarrollar su proyecto de vida".