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En Tucumán muere una persona cada 26 horas a causa de siniestros viales y entre 1.000 y 1.200 resultan hospitalizadas por mes en el sistema público de salud. Los datos fueron aportados por Jorge Rodríguez Robledo, especialista en seguridad vial, en una entrevista concedida al programa La Mañana del Popular, que se emite por LV7 Radio Tucumán con la conducción de Rubén Bracero y Lourdes Tonetti.
El profesional cuestionó de entrada la denominación habitual de estos hechos. Sostuvo que llamarlos accidentes es incorrecto porque en el 90% de los casos interviene el factor humano: una persona transgrede una norma de tránsito y de esa inobservancia se derivan las consecuencias. El estado del camino, en cambio, incide en alrededor del 5% de los episodios. "La falta de cultura vial" es, a su entender, el principal problema de la provincia en la materia.
A eso sumó una dimensión económica que suele quedar fuera del debate: estimó en unos 550.000 pesos diarios el costo que representa para el Estado cada persona internada por un hecho de tránsito, sin contar el operativo previo, que incluye el traslado en ambulancia con un equipo de salud completo, el combustible y el desgaste del equipamiento.
Sobre el consumo de alcohol, el especialista recordó que en Tucumán rigen la ley de tolerancia cero y la de conductor designado, que habilita a un tercero a manejar el vehículo sin ser su titular registral. Según indicó, esas normas se tradujeron en una baja de los índices de mortalidad respecto de los registros previos a 2016. También cuestionó la difusión, a través de grupos de mensajería, de la ubicación de los operativos de control durante los fines de semana, una práctica que calificó como una forma de complicidad.
Consultado sobre qué ocurre cuando un conductor se niega al control de alcoholemia, precisó que la negativa equivale legalmente a arrojar resultado positivo. En ese caso se retiene la licencia de manera inmediata, el vehículo es trasladado al corralón y la sanción económica parte del millón de pesos, con una retención de la licencia de seis meses como mínimo. Los montos, aclaró, no son discrecionales: se calculan en unidades fijas atadas al valor del litro de combustible, y aumentan según el nivel de alcohol registrado y la cantidad de infracciones previas.
El control, agregó, se realiza únicamente al conductor y no a los acompañantes.
En cuanto al uso del casco, el especialista señaló que la falta implica la retención preventiva de la moto y una multa que en la actualidad parte de los 180.000 pesos, de acuerdo con los artículos 40 y 72 de la Ley Nacional de Tránsito. La exigencia alcanza tanto al conductor como al acompañante mayor de 12 años, y el elemento debe estar correctamente colocado y abrochado bajo el mentón.
Para Rodríguez Robledo, la salida pasa por asumir la responsabilidad individual. Planteó que la licencia de conducir no constituye un derecho sino un crédito que la sociedad otorga a través del municipio, y resumió su posición en una idea: "Cuando me cuido yo en la vía pública, estoy protegiendo a los demás".