Buscan que los profesionales independientes de Tucumán puedan acceder a la cobertura del Subsidio de Salud

En la provincia de Tucumán, una porción significativa de profesionales que ejercen de manera autónoma —como abogados, contadores, médicos e ingenieros— se encuentra en una situación de vulnerabilidad respecto a su seguridad social. Al no estar alcanzados por regímenes obligatorios de obras sociales vinculados al empleo en relación de dependencia, estos trabajadores enfrentan un escenario de desprotección que los obliga a costear medicinas prepagas cuyos valores son cada vez más difíciles de afrontar. Ante esta realidad, el legislador José Seleme (Avanza Tucumán), con el acompañamiento de Manuel Courel (Cambia Tucumán) y José Macome (Compromiso con la Libertad), presentó un proyecto de ley que busca integrar a este sector al sistema solidario provincial, permitiendo su afiliación voluntaria al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSSPT).

Los fundamentos del proyecto son tajantes al describir el presente de miles de matriculados. El texto señala que existe “un sector significativo de la población que actualmente se encuentra en una situación de desprotección relativa en materia de acceso a la salud: los profesionales independientes matriculados en los distintos Colegios Profesionales de la Provincia”. Para los autores, esta falta de cobertura obligatoria “los coloca en una situación de desigualdad estructural frente a quienes sí acceden al sistema de salud a través de su inserción en el empleo público o privado, obligándolos, en muchos casos, a recurrir a servicios de medicina privada cuyos costos resultan crecientemente gravosos”.

El articulado de la propuesta establece con claridad su meta en el Artículo 1°: “incorporar al régimen del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán la afiliación voluntaria de los profesionales activos matriculados en los distintos Colegios Profesionales con personería jurídica que funcionen en el ámbito provincial”.

José Seleme, autor de la iniciativa.

La propuesta contempla que la incorporación se realice de manera ordenada y técnica para no afectar las arcas del Instituto. El Artículo 2° prevé que la adhesión pueda instrumentarse a través de convenios marco con los Colegios Profesionales, aunque aclara que “la inexistencia o falta de suscripción de dichos convenios no será impedimento para que el profesional solicite su afiliación de manera individual”. Asimismo, el Artículo 3° permite que los nuevos afiliados incorporen a su grupo familiar bajo las condiciones vigentes para afiliados voluntarios.

Respecto al financiamiento del sistema, el proyecto delega en el IPSSPT la responsabilidad de fijar las cuotas. Según el Artículo 5°, “el monto del aporte mensual será fijado por el Instituto conforme criterios técnicos, actuariales y de sustentabilidad financiera del sistema”. En los fundamentos, se refuerza esta idea explicando que la iniciativa “no altera la estructura ni los principios rectores del Instituto sino que se limita a habilitar la incorporación voluntaria respetando en todo momento la sustentabilidad financiera del sistema”.

Justicia social y derecho a la salud

En la iniciativa se argumenta que los profesionales, al estar matriculados en colegios que ejercen funciones delegadas por el Estado, ya forman parte del sistema institucional de la provincia. El documento destaca que los Colegios Profesionales “revisten una naturaleza jurídica de derecho público no estatal” y que, por ejemplo, “el ejercicio de la abogacía es calificado legalmente como una función pública de desempeño privado”. Bajo esta lógica, la incorporación al Subsidio de Salud no es un beneficio ajeno, sino la “integración de un sector que ya se encuentra funcionalmente inserto en su órbita”.

Finalmente, el proyecto apela a principios constitucionales para sustentar la reforma. Los autores sostienen que “la iniciativa se vincula directamente con el derecho a la salud, como derivación del artículo 14 bis y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional así como con el principio de igualdad ante la ley”. En síntesis, se busca ofrecer una “solución equilibrada, jurídicamente fundada y socialmente necesaria” que permita a los trabajadores independientes acceder a una cobertura de salud en condiciones razonables y dentro de un sistema solidario.