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El Ministerio de Economía de la Nación dispuso nuevas medidas para asistir al sector agropecuario en distintas regiones del país afectadas por eventos climáticos adversos. A través de las resoluciones 218, 216 y 217/2026, se prorrogaron y declararon emergencias y desastres agropecuarios en Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro, en función de los daños provocados por sequías, inundaciones y fenómenos climáticos extremos.
En el caso de Santa Fe, la Resolución 218/2026 extendió hasta el 28 de febrero de 2026 la emergencia agropecuaria en zonas del departamento 9 de Julio, alcanzando a localidades como Tostado, Villa Minetti, San Bernardo y Santa Margarita. La medida responde a una sequía prolongada que impactó en la producción y fue previamente reconocida por el Decreto provincial 3184, con vigencia desde septiembre de 2025.
Para la provincia de Buenos Aires, la Resolución 216/2026 incorporó nuevas áreas bajo emergencia y prorrogó la situación en otras ya afectadas, todas atravesadas por inundaciones. Las disposiciones incluyen partidos como Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch, Maipú, General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, con distintos períodos que se extienden entre septiembre de 2025 y abril de 2026. También se renovaron las condiciones de emergencia en distritos como Roque Pérez, Chacabuco, Las Flores, General Alvear, Coronel Suárez y Guaminí.
En Río Negro, la Resolución 217/2026 declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario hasta el 1 de enero de 2027 en los departamentos General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy. La decisión se basa en los daños ocasionados por heladas tardías, tormentas de granizo y lluvias, que afectaron de manera directa a las actividades productivas de la región.
Las medidas adoptadas se sustentan en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que se reunió el 21 de enero para evaluar el impacto de los fenómenos climáticos. En ese ámbito participaron organismos técnicos como INTA y el Servicio Meteorológico Nacional, junto con entidades financieras y representantes del sector agropecuario.
Desde la cartera económica señalaron que “las decisiones se basan en evaluaciones técnicas y en el trabajo coordinado con las provincias para dar respuesta a situaciones que afectan la producción”. Las resoluciones buscan brindar herramientas de alivio fiscal y financiero a los productores alcanzados, en un contexto marcado por la variabilidad climática y sus efectos sobre las economías regionales.