
La Justicia Comercial declaró la quiebra del empresario Alberto Samid, conocido públicamente como el “Rey de la Carne”, tras el fracaso del concurso preventivo que había iniciado hace casi cuatro años. La medida fue dispuesta por el Juzgado Comercial N° 25, luego de que el empresario no lograra alcanzar un acuerdo con sus acreedores para regularizar su situación financiera.
Según se informó, el pasivo acumulado ronda los 276 millones de pesos, con una fuerte concentración en deudas impositivas. Entre los principales reclamos figuran montos exigidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y por ARBA, el organismo tributario de la provincia de Buenos Aires, que en conjunto concentran la mayor parte de la deuda registrada en el expediente.
La quiebra se resolvió debido a que Samid no consiguió cumplir con el requisito legal de “doble conformidad”, es decir, la aprobación del plan de pagos por parte de una mayoría calificada de acreedores tanto en número como en monto. Al no prosperar esa instancia, la Justicia avanzó con la declaración formal de insolvencia.
En paralelo, el fallo ordenó la inhibición general de bienes del empresario y estableció restricciones para salir del país hasta julio de 2026, salvo autorización judicial. Estas disposiciones forman parte de las medidas habituales que se aplican en este tipo de procesos, mientras se avanza con la evaluación del patrimonio y las obligaciones pendientes.
El caso tomó además repercusión pública en los últimos días por el estado de salud del empresario. Samid se encuentra internado en Punta del Este, Uruguay, luego de haber contraído un virus en la sangre que, según trascendió, complicó un cuadro previo de infección urinaria.
En ese contexto, se conoció también un entredicho con autoridades de la provincia de Buenos Aires, luego de que el empresario solicitara un avión sanitario para ser trasladado a la Argentina y no obtuviera respuesta favorable. Mientras atraviesa ese cuadro médico fuera del país, la resolución judicial marcó un nuevo capítulo en su situación económica, con la apertura formal del proceso de quiebra y la intervención del síndico correspondiente.