Procesaron y embargan a “Chiqui” Tapia y Toviggino por evasión de impuestos y aportes

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron procesados y embargados en una causa que investiga el presunto incumplimiento en el pago de impuestos y aportes patronales por más de 19.000 millones de pesos.

La decisión fue adoptada por el juez federal en lo penal económico Diego Amarante, quien consideró que existen elementos suficientes para avanzar en la investigación por la presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social.

El magistrado dispuso además embargos por un total de 1700 millones de pesos distribuidos entre la propia AFA y los dirigentes imputados, al tiempo que mantuvo la prohibición de salida del país para algunos de los acusados.

La investigación judicial apunta a determinar si la conducción de la entidad retuvo fondos correspondientes a impuestos y aportes previsionales que debían ser transferidos al Estado, pero que no fueron depositados dentro de los plazos legales.

Tapia había sido indagado por el juez entre el 11 y el 12 de marzo pasados. En esa audiencia presentó un escrito en el que rechazó las acusaciones, se desvinculó del manejo directo de las cuestiones tributarias y solicitó su sobreseimiento.

Según su descargo, las decisiones vinculadas al pago de impuestos y obligaciones fiscales son adoptadas por áreas técnicas y administrativas de la institución, mientras que su rol como presidente es “institucional” y está enfocado en la conducción deportiva y política del organismo.

Tapia también sostuvo que no puede hablarse de delito debido a que, al momento de los hechos investigados, se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendía las ejecuciones fiscales y contemplaba mecanismos de regularización de deudas.

Sin embargo, el juez Amarante rechazó esa interpretación y concluyó que la AFA y sus principales autoridades habrían llevado adelante una maniobra sistemática de retención indebida de tributos y recursos destinados a la seguridad social.

La causa

El expediente se inició el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que detectó irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la entidad.

De acuerdo con esa presentación, la AFA no habría pagado en término las declaraciones juradas correspondientes a retenciones impositivas de los sistemas “SIRE IVA” y “SICORE Ganancias” correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025.

A esos incumplimientos se sumaron retenciones vinculadas a contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Días después, el 18 de diciembre de 2025, ARCA amplió la denuncia y señaló que también se habían detectado omisiones en el pago de obligaciones retenidas en múltiples períodos fiscales mensuales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación contra la conducción de la entidad, integrada por Tapia; el secretario general Cristian Ariel Malaspina; el tesorero Pablo Ariel Toviggino; el director general Gustavo Roberto Lorenzo; y el exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez.

Qué dicen las defensas

Durante las indagatorias, los dirigentes apuntaron a despegarse de las decisiones vinculadas al manejo tributario de la institución.

Tapia afirmó que su función dentro de la AFA es “múltiple, primordialmente institucional y esencialmente vinculada a las actividades que desarrolla la entidad”. En ese sentido, indicó que durante 2024 permaneció 141 días fuera del país y que en 2025 acumuló otros 139 días de viajes, lo que —según sostuvo— le impedía intervenir en la operatoria administrativa cotidiana.

También afirmó que no tenía acceso ni injerencia en la utilización de la clave fiscal del organismo.

Una postura similar adoptó Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing Club y exsecretario general de la AFA, quien sostuvo que su cargo era “esencialmente institucional y protocolar” y que no participaba de la gestión tributaria ni previsional.

Por su parte, Malaspina afirmó que las decisiones cuestionadas habrían sido adoptadas antes de su asunción en el cargo, mientras que Lorenzo aseguró que nunca tuvo facultades para disponer de fondos ni intervenir en cuestiones impositivas.

El tesorero Toviggino, en tanto, basó su defensa en argumentos técnicos. Señaló que la AFA habría actuado al amparo de normativas del Ministerio de Economía que habilitaban planes de alivio fiscal y prórrogas para la regularización de deudas.

Según planteó, la situación podría encuadrarse en un “error de prohibición invencible”, dado que el propio Estado habría permitido regularizar obligaciones tributarias hasta 2026, lo que —a su criterio— descartaría la existencia de dolo o voluntad criminal.

El juez Amarante descartó esa explicación y sostuvo que los elementos reunidos en la causa muestran que la entidad contaba con recursos suficientes para afrontar sus obligaciones fiscales.

El fallo judicial

El fallo señala que la AFA mantenía al menos 24 plazos fijos constituidos durante el período investigado. Las colocaciones en pesos representaban un capital cercano a los 32.000 millones de pesos y generaron intereses por más de 5638 millones entre abril de 2024 y julio de 2025. A ello se sumaban depósitos en dólares por un total de 7,4 millones.

Según el magistrado, únicamente con los intereses generados por algunas de esas inversiones habría sido posible cancelar, al menos en parte, las obligaciones reclamadas por el fisco.

Como ejemplo, el juez mencionó que en marzo de 2024 la deuda imputada ascendía a 267 millones de pesos, mientras que un solo plazo fijo generó en ese mismo período intereses por más de 306 millones.

La resolución también describe movimientos financieros relevantes, como operaciones de compra y venta de títulos del exterior —conocidas como dólar MEP— mediante las cuales la AFA llegó a fondear cuentas con más de 2893 millones de pesos en septiembre de 2024.

En paralelo, la entidad recibía transferencias millonarias de sus principales patrocinadores, entre ellos YPF y Adidas, recursos que luego eran redistribuidos entre clubes de Primera División y de la Primera Nacional.

Según consta en la causa, instituciones como Talleres, Gimnasia y Belgrano llegaron a recibir transferencias cercanas a los 1000 millones de pesos en una sola jornada de mayo de 2025.

Para el juez, este volumen de operaciones financieras refuta la hipótesis de que la entidad se encontrara en una situación de falta de recursos.

En ese contexto, Amarante concluyó que la falta de pago al fisco habría respondido a una decisión deliberada de utilizar los fondos retenidos para obtener beneficios financieros.

En un tramo especialmente crítico del fallo, el magistrado sostuvo que esa conducta refleja “un afán de lucro severamente cuestionable” y un “desprecio por la situación que atravesaba el pueblo de la Nación”, en particular por los recursos destinados al sistema previsional.

Finalmente, el juez consideró que, por la magnitud de las sumas involucradas y la continuidad de las irregularidades a lo largo del tiempo, la maniobra no pudo haber pasado inadvertida para la conducción de la entidad.

Por ese motivo, dispuso el embargo de la Asociación del Fútbol Argentino como persona jurídica y de cada uno de los principales acusados por 350 millones de pesos.

Amarante también mantuvo la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, entre otros procesados, luego de detectar “circunstancias no aclaradas” en un intento de modificar las condiciones de un viaje previamente autorizado.

Con información de La Nación