
La posibilidad de avanzar hacia una ley de eutanasia volvió a instalarse en la agenda pública argentina, impulsada por nuevos proyectos legislativos que buscan regular la muerte asistida y ampliar el alcance de los derechos de los pacientes.
Actualmente, la normativa vigente —la Ley de Muerte Digna sancionada en 2012— permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida, pero no habilita la eutanasia activa ni el suicidio asistido, que continúan prohibidos por el Código Penal.
En este contexto, distintas iniciativas con estado parlamentario proponen avanzar hacia un marco legal más amplio que contemple el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida en situaciones de sufrimiento extremo o enfermedades graves e incurables.
Uno de los proyectos fue impulsado por la exsenadora Silvina García Larraburu, quien planteó la necesidad de que toda persona pueda “solicitar y recibir asistencia médica para poner fin a su vida de manera digna, voluntaria e informada”.
Los puntos clave del debate
Existen al menos tres proyectos para legalizar la eutanasia
Buscan superar el alcance de la Ley de Muerte Digna vigente
Incluyen la posibilidad de suicidio asistido bajo control médico
El Código Penal aún lo prohíbe en la Argentina
El tema volvió a instalarse tras un caso internacional
En la misma línea, el diputado Miguel Ángel Pichetto presentó una iniciativa que pone el foco en la libertad individual. Según explicó, la decisión sobre la propia vida pertenece al ámbito personal y el Estado debe garantizar condiciones seguras y sin coerción para ejercer ese derecho.
Por su parte, el legislador Martín Ardohain propuso un régimen que garantice la dignidad en el proceso de morir, con controles médicos, evaluación interdisciplinaria y la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.
Los proyectos coinciden en establecer procedimientos claros, con intervención de profesionales de la salud y requisitos estrictos para evitar abusos, además de contemplar situaciones particulares como la de menores de edad o personas con incapacidad legal.
El debate se reactivó en los últimos días tras un caso internacional que volvió a poner el tema en discusión pública y política. En ese marco, distintos sectores coinciden en que la Argentina enfrenta el desafío de definir una legislación que equilibre derechos individuales, criterios médicos y resguardos legales.
Mientras tanto, el tratamiento parlamentario sigue pendiente y el tema continúa generando posiciones encontradas, en un debate que atraviesa cuestiones éticas, jurídicas y sociales de alta sensibilidad.