Crisis en los Cottolengos: sin pagos del Estado, peligra la atención de más de 1.200 personas con discapacidad

La obra del Cottolengo Don Orione en la Argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Con 11 instituciones distribuidas en el país y más de 1.200 personas con discapacidad asistidas de manera permanente, el sistema que durante décadas funcionó como refugio para los más vulnerables hoy muestra señales de agotamiento. El diagnóstico es claro y, según advierten desde la propia organización, tiene un origen concreto: la interrupción en la cadena de pagos por parte del Estado.

“Estamos en una situación de profunda crisis”, resumió el padre Aníbal Quevedo, director de los Cottolengos en todo el país, al describir un escenario que ya no distingue regiones. Lo que ocurre en Tucumán -donde la institución funciona desde hace 82 años en Villa Urquiza- es apenas un reflejo de un problema estructural que se replica a nivel nacional.

El Cottolengo no es un centro de atención ambulatoria. Es un hogar permanente. Allí viven personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas sin red familiar ni recursos. “Desde que abrió sus puertas, nunca más se cerró. Hay atención las 24 horas, todos los días del año”, explicó Quevedo. Esa continuidad, sin embargo, hoy está en riesgo.

El funcionamiento del sistema es sencillo: las instituciones prestan el servicio, lo facturan a las obras sociales -en su mayoría programas estatales como Incluir Salud- y esperan el pago. Pero ese circuito se quebró. “La cadena de pagos se cortó. El Estado no está pagando por el servicio prestado y eso nos pone en un conflicto económico grave”, advirtió.

La comparación que utiliza el propio Quevedo es elocuente: así como una farmacia deja de atender a una obra social que no paga, las instituciones de discapacidad comienzan a verse forzadas a tomar decisiones límite. La diferencia es que, en este caso, no hay margen para interrumpir la atención sin consecuencias humanas directas.

En Tucumán, el Cottolengo alberga a unas 90 personas. A nivel nacional, la cifra asciende a 1.200, y si se suman las obras vinculadas en Uruguay y Paraguay, el número trepa a cerca de 1.500. Todos dependen de un sistema que hoy no garantiza su financiamiento.

La respuesta institucional ha sido, hasta ahora, resistir. “Nos caracteriza una gestión austera, siempre buscamos optimizar recursos”, señaló el sacerdote. Pero ese margen se agotó. La estrategia de supervivencia incluyó recortes silenciosos: suspensión de tareas de mantenimiento, postergación de inversiones y reducción de servicios. Decisiones que, con el tiempo, también generan costos mayores.

“Son edificios muy antiguos. Si no invertís, se deterioran. Y después no hay opción: hay que gastar más, en menos tiempo”, describió. El problema es que ya no hay resto. Como organización sin fines de lucro, cualquier superávit era reinvertido en la propia institución. Hoy, ese esquema resulta insuficiente.

El trasfondo del conflicto también expone una desigualdad estructural. “Las personas con discapacidad tienen muy poca capacidad de presión en la sociedad”, planteó Quevedo. A diferencia de otros sectores que pueden paralizar servicios y forzar respuestas, aquí el reclamo carece de impacto inmediato en la vida cotidiana de la mayoría. Y eso, advierten, contribuye a su invisibilización.

“De una u otra manera, con distintos criterios, el que termina perdiendo siempre es el más débil”, sostuvo.

En tanto, desde el Cottolengo en Tucumán emitieron un documento de alerta. En particular, señalan que tanto PAMI como Incluir Salud no realizan desembolsos desde noviembre de 2025, lo que obligó a la institución a sostener durante meses su funcionamiento con recursos propios.

Ese esfuerzo incluyó afrontar gastos esenciales como salarios, cargas sociales, medicamentos, alimentos y servicios básicos. Sin embargo, las reservas económicas se encuentran agotadas, lo que genera dificultades concretas para garantizar prestaciones básicas, entre ellas la alimentación de los residentes y el cumplimiento de obligaciones salariales.

La gravedad del contexto no solo impacta en el funcionamiento cotidiano del Cottolengo, sino que también pone en riesgo la calidad de vida, la salud y la dignidad de las personas con discapacidad que dependen de este espacio. A su vez, la falta de recursos impide la incorporación de nuevos residentes, debido a la imposibilidad de asegurar su atención integral y la ausencia de autorizaciones de financiamiento.

Desde la institución advierten que, de no regularizarse con urgencia los pagos adeudados por parte del Estado nacional -en el marco de la Ley 24.901-—, podrían verse obligados a tomar decisiones extremas, incluyendo la eventual interrupción de servicios.

Ante este escenario, el Cottolengo solicita a las autoridades competentes medidas urgentes: la regularización inmediata de los pagos pendientes, la garantía de continuidad en las prestaciones y el cumplimiento efectivo del sistema de financiamiento para instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

“El derecho a la vida, la salud y la dignidad no pueden quedar expuestos a la falta de respuestas”, remarcan desde la entidad, que cierra su llamado con una advertencia que resuena más allá de Tucumán: hoy más que nunca, la situación exige compromiso y acción.