La Justicia ordenó al Ministerio Público Fiscal otorgar licencia a un funcionario de Chahla y dejó sin efecto la decisión "caprichosa" de Jiménez

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán hizo lugar a una acción de amparo presentada por Javier Eduardo González y ordenó al Ministerio Público Fiscal (MPF) dictar un nuevo acto administrativo para otorgarle la licencia sin goce de sueldo, requisito indispensable para que pueda asumir como secretario de Ordenamiento y Convivencia de la Municipalidad capitalina.

El fallo, dictado en la causa “González Javier Eduardo c/ Ministerio Público Fiscal s/ amparo”, declaró la nulidad de la resolución del 10 de febrero de 2026 mediante la cual el MPF había rechazado el pedido de licencia, y estableció que el organismo deberá resolver nuevamente conforme a derecho.

La decisión fue adoptada por los jueces Ebe López Piossek y Sergio Gandur, integrantes de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tras la acción de amparo presentada por el abogado patrocinante de González Alejandro Vittar Escalante.

Según surge de la sentencia, González —quien se desempeña como funcionario de planta permanente del MPF— había sido designado en noviembre de 2025 por la intendenta Rossana Chahla al frente de la nueva Secretaría de Ordenamiento y Convivencia, un área creada para reforzar el control de infracciones y el orden urbano en la capital. Sin embargo, desde entonces no pudo asumir formalmente en el cargo debido a la negativa del Ministerio Público Fiscal, conducido por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, que había rechazado la licencia argumentando razones de servicio.

La Justicia consideró que esa decisión carecía de sustento legal y remarcó que el derecho a la licencia está expresamente previsto en la normativa vigente para casos en los que un agente público es designado en un cargo político de mayor jerarquía. En ese sentido, sostuvo que no se trata de una facultad discrecional sino de un derecho reconocido por ley, por lo que su denegatoria resultó ilegítima.

Además, el tribunal señaló que existen antecedentes dentro del propio Poder Judicial donde se otorgaron licencias en situaciones similares, lo que refuerza el principio de igualdad ante la ley.

De acuerdo a lo resuelto, el MPF deberá emitir una nueva resolución ajustada a la normativa, lo que abriría la puerta para que González finalmente pueda asumir en la función municipal para la que fue designado.

Según pudo saber Tendencia de Noticias, la notificación de la sentencia impactó de manera automática en el sistema digital del organismo durante el fin de semana. “El Ministerio Público ya tiene que haber sido notificado porque la sentencia se depositó en el casillero digital. Ahora debe dictar un nuevo acto administrativo otorgando la licencia; recién ahí quedará habilitado para asumir”, explicó una fuente judicial.

El caso también suma un nuevo capítulo de tensión institucional, ya que desde noviembre el funcionario no pudo ejercer el cargo por la falta de autorización formal, en una situación que su entorno atribuye a una decisión arbitraria dentro del organismo judicial.

La resolución judicial no solo impacta en la situación particular del funcionario, sino que también fija un criterio sobre los límites de las facultades del Ministerio Público Fiscal frente a derechos reconocidos por ley, en un escenario donde se cruzan la estructura judicial y la gestión política municipal.

Qué funciones tendrá en el municipio

La Secretaría de Ordenamiento y Convivencia tendrá como misión promover el ordenamiento urbano mediante políticas de control y fiscalización, la gestión de infracciones y multas, y acciones orientadas a garantizar transparencia y atención adecuada a los vecinos.

En ese marco, el organismo buscará consolidar un modelo de gestión que ordene el espacio público, mejore la convivencia y promueva una cultura ciudadana basada en la responsabilidad compartida, la previsibilidad y el cumplimiento de las normas.

El área también tendrá como eje fortalecer el cumplimiento efectivo de sanciones, apuntando a generar mayor control en aspectos que impactan en la vida cotidiana, como el tránsito, el cuidado ambiental y el uso de espacios comunes. Para ello, se prevé la utilización de herramientas tecnológicas y una fuerte presencia territorial, con el objetivo de brindar respuestas ágiles y transparentes.