Pese a las sospechas de la Procelac, la Justicia Federal descartó que los fondos retirados hayan financiado acoples

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) centraron sus sospechas en la posibilidad de que los $ 40.000 millones retirados mediante cheques por ventanilla en cinco municipios hayan tenido como destino el financiamiento electoral ilegal. Básicamente, por la coincidencia entre la mayor parte de las operaciones y el proceso electoral de 2023. Sin embargo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz no abonó esa hipótesis durante su investigación.

Tal como adelantó el sábado en exclusiva Tendencia de Noticias, el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez resolvió archivar el expediente que más inquietud generaba en la Casa de Gobierno. Se trata de la pesquisa abierta a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que había puesto bajo sospecha el manejo de fondos públicos en distintos municipios de la provincia entre 2023 y 2024. El titular de ese organismo, Diego Velasco, había formulado a fienes de 2024 una denuncia contra siete municipios del norte argentino. Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá, Alberdi y San Isidro de Lules, de Tucumán; y las municipalidades catamarqueñas de Corral Quemado, Belén e Icaño; y la salteña San Carlos.

Aquel expediente se originó tras la detección de operaciones financieras consideradas inusuales, principalmente por la reiteración de extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad permitida pero de baja trazabilidad. En total, el volumen de dinero por investigar ascendía a $ 39.487 millones: los montos retirados ascendían a $ 17.200 millones en Banda del Río Salí; $ 11.400 millones, en Famaillá; $ 6.000 millones, en Alberdi; $ 4.200 millones, en Lules; y $3.900 millones, en Monteros.

A partir del dictamen del fiscal Vehils Ruiz, en el que habla de "displicencia y manejo arbitrario de recursos", el magistrado dispuso el archivo de las persquisas por inexistencia de delito en cuatro de los cinco municipios.

El origen de la investigación

La Procelac inició las actuaciones a partir de una denuncia en la que informó sobre la posible comisión de hechos delictivos vinculados a infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, así como a figuras penales de asociación ilícita, peculado y lavado de activos. Esta denuncia se fundamentó en una serie de Informes de Inteligencia elaborados por la UIF.

La UIF había identificado conductas como "inusuales e injustificadas" y las clasificó como "operaciones sospechosas" en los términos del artículo 21 de la Ley 25.246 sobre prevención del lavado de activos. La UIF y la Procelac coincidieron en calificar las operatorias de las municipalidades investigadas como "sospechosas" debido a múltiples indicadores de inusualidad, falta de justificación y ausencia de trazabilidad.

Ambos organismos concluyeron que los hechos relevados configurarían una maniobra reiterada y deliberada destinada al desvío y utilización de recursos públicos en beneficio de intereses político-partidarios. La Procelac, en particular, contextualizó la conducta observada como parte de un patrón general en varias jurisdicciones municipales, con una fuerte correlación entre las extracciones y los calendarios electorales.

También la Procuraduría halló relaciones entre los funcionarios firmantes de los retiros o responsables de las operatorias con candidatos de acoples del oficialismo provincial. Por ejemplo, el caso de Famaillá. "En lo que respecta al contexto político e institucional, la Procelac vinculó la operatoria de Famaillá al partido Tucumán

Innovador, fuerza que obtuvo la intendencia del municipio en las elecciones de 2023 con el 41,74% de los votos. Las principales figuras del partido entre ellas, Enrique Orellana como intendente, José Orellana como legislador provincial y Sandra

Mendoza como senadora nacional- participaron activamente de las campañas. Sin embargo, en el ejercicio económico declarado por el partido correspondiente al año 2023, se consignaron créditos por aportes públicos por tan solo $90.486,97, sin que se registraran ingresos efectivos por dicha vía ante la falta de una cuenta bancaria a nombre del partido político. El balance arrojó una pérdida de $191.296, sin ninguna mención de recursos equivalentes al volumen operado por el municipio", redactó el fiscal Vehils Ruiz.

Algo similar se lee en el análisis del caso de Lules. "A nivel institucional, la Procelac destacó la vinculación directa de las autoridades municipales con el espacio político "Proyecto Tucumán", acople del Frente de Todos, que se impuso en las elecciones locales de 2023. El intendente saliente, Carlos Gallia, fue candidato a legislador provincial por esa fuerza, y la intendenta electa, Marta Beatriz Albarracín, asumió funciones el 4 de noviembre de 2023. Esta continuidad política, sumada a la falta de rendición de cuentas y al uso intensivo de fondos en efectivo en períodos electorales, reforzó la hipótesis de desvío de fondos con fines de financiamiento proselitista no declarado".

En cuanto a Monteros, la mención también es explícita: "A su vez, se identificaron como funcionarios relevantes vinculados al circuito de toma de decisiones y a la administración de las cuentas municipales a: Francisco Serra (hijo del entonces intendente y actual jefe comunal desde el 01/11/2023), Diego Fabián Giménez (expresidente del concejo deliberante y luego funcionario provincial) y Omar Eduardo Pérez (secretario de gobierno). Este entramado de relaciones personales y políticas, junto con la opacidad de las operatorias y la ausencia de rendiciones contables, fue considerado por la Procelac como un indicador adicional de una

posible estructura de desvío institucionalizado de fondos".

De manera puntual, en tanto, se aportaron los datos de las siguientes operatorias financieras en los municipios analizados:

• Municipalidad de Banda del Río Salí: Se extrajeron $17.200 millones entre enero de 2023 y junio de 2024. El 99% de los fondos salieron de la misma cuenta corriente y el 99,78% de los cheques fueron por montos superiores a $50.000. Se detectaron 12 extracciones consecutivas por $340 millones el 10 de mayo de 2023. Además, hubo retiros de $330 millones apenas dos días antes de los comicios provinciales de junio de 2023.2

• Municipalidad de Famaillá: Se extrajeron $11.449 millones entre enero de 2023 y junio de 2024. El 98% se realizó desde la misma cuenta corrientes y el promedio por operación fue de $79 millones, pero en meses previos a las elecciones ascendió a $123 millones por cheque. Los picos de extracción coincidieron con las elecciones provinciales (11 de junio), las PASO (13 de agosto) y las generales (22 de octubre) de 2023.

• Municipalidad de Monteros: El monto total asciende a $3.923 millones a través de 172 extracciones entre marzo y octubre de 2023. Se usaron dos cuentas con operaciones estructuradas con montos idénticos (por ejemplo, 45 retiros de $20 millones) tras recibir fondos del Gobierno provincial o fondos fiduciarios. Los picos se dieron el 8 de junio (previo a provinciales), 11 de agosto (previo a PASO) y mediados de octubre (previo a generales).

• Municipalidad de San Isidro de Lules: Al menos $4.217 millones extraídos entre marzo y octubre de 2023. En una cuenta hubo 1.776 extracciones individuales en secuencias de montos idénticos: 32 retiros de $50 millones, 10 de $40 millones y 14 de $30 millones en pocos días. Los meses de mayor actividad fueron marzo ($1.012 millones), junio ($630 millones) y octubre ($694 millones).

• Municipalidad de Juan Bautista Alberdi: Unos $5.997 millones extraídos mediante 110 extracciones entre enero de 2023 y junio de 2024. Hubo 95 operaciones por valores entre $50.000 y $220 millones. Se detectaron repeticiones de montos como siete extracciones de $100 millones y cinco de $150 millones. Se retiraron $1.021 millones entre el 5 y 30 de octubre de 2023 (generales y balotaje) y $633 millones previo a las elecciones de junio.

La tarea del fiscal para desechar esa hipótesis

El fiscal federal, en su dictamen N° 1787/2025, desestimó que los fondos hayan ido al financiamiento electoral, a partir de los cruces de información con organismos competentes en materia electoral que no arrojaron indicios de desvío de fondos hacia campañas políticas. "No se ha acreditado que los fondos retirados hubieran sido destinados al financiamiento de campañas electorales", se lee en un fragmento del dictamen. En otro, se precisa: "no se verifica transferencia de fondos municipales hacia estructuras partidarias o electorales".

Además, argumentó que la información recibida es una "incriminación genérica y abstracta, basado en inferencias" y que, tras analizarla, "surge de manera indubitable que los hechos no encuadran en ninguna tipicidad legal y que en todo caso responden a situaciones administrativas".

Vehils Ruiz señaló que lo que podría existir es una "arbitraria disposición de los fondos públicos pero que resulta ser propia de la operatoria funcional de los municipios, discrecionalidad en el manejo de los fondos que podría ser cuestionable desde otra mirada no así desde el prisma del rigor punitivista".

Finalmente, el fiscal federal mencionó que la desestimación corresponde cuando se observa "con meridiana claridad la inexistencia del hecho, su atipicidad o bien una causa de justificación de una conducta típica, antijurídica y culpable", y que la denuncia parte de premisas que "se contrastan con datos y documentación fehacientemente acreditada y que se desconocía al inicio de esta investigación".