Por pedido de Jaldo, el Tribunal de Cuentas dio por concluida la auditoría en Canal 10

El Tribunal de Cuentas de la provincia (TC) dio por concluida la auditoría que el gobernador Osvaldo Jaldo había solicitado realizar en Canal 10 de Tucumán con el objetivo de conocer la situación patrimonial y financiera de la televisora estatal, que tiene como socios mayoritarios al Gobierno provincial y la Universidad Nacional de Tucumán. Así lo revela el acuerdo N° 827 del organismo, que tiene fecha del 25 de marzo, y que fue dado a conocer esta semana.

Según aclara ese instrumento, que lleva las firmas del presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, fue el propio titular del Poder Ejecutivo quien requirió al organismo de contralor que le ponga fin a las actuaciones, que comenzaron en septiembre de 2024 y revelaron algunas anomalías en el manejo de la empresa.

La decisión fue comunicada al TC días después de que Jaldo resolviera desplazar a la abogada Ingrid Lausberg del Directorio de Canal 10, para designar en su reemplazo al contador Vicente Nicastro, un hombre de su extrema confianza. Precisamente, uno de los desencadenantes de la salida de Lausberg de la televisora estaría relacionado con el resultado de la auditoría, que no convenció al primer mandatario.

De todas maneras, los informes presentados por el TC le permitieron a Jaldo corregir algunas situaciones que atentaban contra los intereses del Estado provincial.

En el marco de la auditoría, se evaluaron contratos de cesión de espacios; los estados contables correspondientes a los años 2014, 2015, 2017 y 2017; y el manejo de pauta publicitaria.

Jaldo removió a Lausberg del Directorio de Canal 10 el 11 de marzo y el 20 del mismo mes envió una nota al TC mediante la cual comunicó que con los informes producidos y puestos en conocimiento del Ejecutivo “se ha dado cumplimiento con el objeto” de la auditoría, por lo cual solicitó “dar por concluido el procedimiento”.

Finalmente, según pudo averiguar Tendencia de Noticias, Lausberg fue designada para cumplir funciones en el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP).

Dueño mayoritario

 

En el primer informe de auditoría que recibió Jaldo, del 5 de noviembre de 2024, el TC reveló que el Estado provincial, por sus aportes de capital, es dueño del 45,66% de las acciones contra el 30% que tenía originalmente, mientas que el resto pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán.

“A partir de que las acciones clase A suscriptas e integradas según consta en los registros constatados en los Libros Diarios General N° 38, 39 y 40, la Empresa debería determinar una nueva participación social del Gobierno de la Provincia, que alcanzaría un 45,66% del total del paquete accionario producto de la suma de 3.000 acciones originales más 2882,10 acciones del aporte efectuado el 10/07/1998”, subrayó el organismo de control.

Por otro lado, la auditoría del TC, según el primer informe, reveló el estado financiero de la empresa y advirtió que se observa “una ponderación muy relevante del Activo Corriente por sobre el Activo Total, explicada principalmente por los Créditos por Ventas (clientes) y una baja significancia de los Bienes de Uso tratándose de una Empresa, que por su naturaleza, dicho rubro debería resultar preponderante para poder desarrollar su actividad económica”.

La auditoría refleja, además que “la actividad principal de la Empresa no resulta rentable en el periodo bajo análisis (el último año), arrojando una pérdida de -$784.342,40”.

En su dictamen, el TC expresó que “los Estados Contables no presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la Empresa”, por lo cual emitió una opinión adversa.

 

Precio de enemigo

El segundo informe de auditoría, con fecha 11 de noviembre de 2024, el TC reveló que Canal 10 de Tucumán le cobra el segundo publicitario al Gobierno provincial un 600% más caro que a los clientes del sector privado.  El cuadro tarifario aprobado por el Directorio de Canal 10 para septiembre de 2023, que fue el período analizado por los auditores, fijó el valor del segundo televisivo para clientes privados en $ 290 más IVA para el “day time” y en $ 450 más IVA en el “prime time” (horario central: de 13 a 14.30 y de 20 a 24 horas); mientras que para los entes estatales se estableció un precio de $ 1040 finales y para el Gobierno $ 1750 finales (sin diferenciación horaria).

“Del tarifario se constata que existe una diferencia excesiva entre las tarifas previstas a clientes ‘privados’ respecto al establecido para ‘Gobierno y Entes’, superando estos últimos en un 380% respecto al monto de la franja horaria ‘prime time’ y de un 600% para la franja horaria ‘day time’, fijada a los particulares”, advirtió el TC.

Otra situación curiosa señalada por los auditores es que “dentro de los conceptos facturados como pautas publicitarias, se encuentran la facturación de las ‘publinotas’ (entrevistas realizadas durante la emisión de programas), pautadas con los clientes”.

Por lo expuesto, el TC alertó que “el Estado es un celoso administrador de los dineros de la comunidad, por lo tanto debe lograr condiciones de contratación ventajosas y en condiciones de paridad con los demás contratantes, con el objetivo de garantizar una inversión correcta, transparente y favorable de los dineros públicos”.

En este sentido, los miembros del TC aclararon que “las referidas diferencias desmedidas distan de ser lo óptimo ya que la conducta debida es la instrumentación de un cuadro tarifario único tanto para el público general como para el Estado”.

En un tercer informe de auditoría, fechado el 3 diciembre del año pasado, el organismo de control volvió a poner la lupa en el criterio para el cobro de la pauta y reveló que la televisora estatal le solicitaba al Gobierno el doble de lo que le pedía a la Legislatura por espacios para la realización de publicidad oficial ese mes. Mientras que al Ejecutivo se le cobra $ 4.780 el segundo, a la Cámara se le pidió $ 2.621,38 por el mismo servicio, es decir casi la mitad del precio.

El organismo informó sobre la resolución N° 3893/1 de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública, por la cual se dispuso la contratación para la realización de publicidad oficial a través de Canal 10 para el período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2024 por una suma de $ 26.399.940.

Según el TC, a partir de un informe elaborado por el contador fiscal actuante para cumplir con el control preventivo de esa operatoria, requirió a la Secretaría de Prensa, a cargo de Mariana Lucenti, que “acredite documentalmente la determinación del precio del valor del segundo de $ 4.780” como así también sobre “la razonabilidad del monto de $ 26.399.940”.

Como consecuencia de los informes elevados por el organismo de control en el marco de la auditoría, una de las decisiones que tomó Jaldo fue modificar el método de la Secretaría de Comunicación Pública para otorgar pauta oficial. Desde el 13 de diciembre de 2024 se comenzó a exigir a los proveedores de publicidad oficial (públicos y privados) que presenten el correspondiente cuadro tarifario vigente y una declaración jurada que refleje claramente los montos del servicio, como condición previa a la contratación de la pauta.