Polémica por el "PROCREAR Tucumán": "Tenemos a una ex presidenta presa por delitos en contrataciones directas"

La senadora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) lanzó una fuerte crítica al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 3/5, dictado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que crea el programa "PROCREAR Tucumán" y autoriza contrataciones directas para retomar las obras del disuelto programa por parte del gobierno nacional de Javier Milei. La legisladora calificó la medida como un retroceso en transparencia y rendición de cuentas, comparándola con prácticas que llevaron a la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública. El DNU, que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, será tratado este jueves en la Legislatura tucumana.

El Decreto, fundamentado en la necesidad de “atender el déficit estructural existente y retomar, adecuar y finalizar las obras de las viviendas iniciadas o a iniciarse” en Manantial Sur, San Miguel de Tucumán, permite al Poder Ejecutivo exceptuarse de las licitaciones públicas para agilizar la construcción de unas 3.000 viviendas. La medida, que extiende la emergencia en obra pública hasta el 31 de diciembre de 2027, autoriza a los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Economía y Producción a contratar directamente a 22 empresas que ya trabajaban en el proyecto, con una inversión inicial de $70.000 millones para 507 viviendas en su primera etapa. Sin embargo, Elías de Pérez cuestionó su legitimidad, advirtiendo sobre los riesgos de favoritismos y falta de control.

“La reciente decisión del gobernador de habilitar la contratación directa para las obras del PROCREAR en Tucumán plantea serios interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública de nuestra provincia. La contratación directa debería ser la excepción y no la norma, ya que esta decisión del Ejecutivo puede abrir la puerta a irregularidades y favoritismos”, afirmó la parlamentaria.

Socavar la confianza

“Si realmente existe la voluntad de abordar la crisis habitacional, ¿por qué no optar por un proceso de licitación que garantice la competencia y la transparencia? La contratación directa se convirtió en una política de estado de Osvaldo Jaldo. Elegir el camino más fácil y menos transparente socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la gestión de recursos públicos”, añadió.

La referente radical invocó la Carta Magna tucumana para reforzar su crítica: “El artículo 12 de la Constitución Provincial establece que todo contrato susceptible de licitación debe hacerse de esa forma, salvo que la Legislatura disponga lo contrario y que existieren razones de bien público. La división de poderes existe para que haya un necesario control entre los diferentes estamentos. Algo que el gobernador también ignora cuando emite permanentemente decretos de necesidad y urgencia, utilizando la vía de excepción cuando hay una Legislatura que trabaja con absoluta normalidad y puede debatir en comisiones los proyectos que el Ejecutivo envía”.

Cuestionando la urgencia planteada por el Ejecutivo, la opositora señaló: “Hace años que tenemos emergencia habitacional. No hay ninguna urgencia para justificar el accionar del gobernador". En un tono de advertencia, hizo referencia al caso de Cristina Kirchner: “Parece que cuesta entender lo que está en juego. Tenemos una ex presidenta presa justamente por delitos que se cometieron a través de contrataciones directas, licitaciones dirigidas y obra pública sin el debido control. Debemos aprender de la historia reciente".