“No vamos a fundir la Obra Social por un manejo que era poco claro”

El Gobierno provincial está dispuesto a justificar la profunda reforma administrativa y financiera en el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), centrada en la actualización de los costos del Plan Complementario, lo que levantara las quejas de los sectores gremiales tucumanos ante la incidencia e impacto directo que ello representará en los sueldos de los empleados públicos. Según la administración jaldista, la medida surge como una respuesta directa a una crisis de sostenibilidad que amenazaba la operatividad misma de la obra social estatal, producto de años de desajuste tarifario y falta de controles sobre las prestaciones de alto costo. La postura oficial sostiene que el sistema permitía situaciones de inequidad donde el resto de los afiliados terminaba subsidiando beneficios premium de una minoría, bajo una gestión que acumulaba deudas impagas sin mecanismos de cobro efectivos.

En declaraciones a Tendencia de Noticias, el ministro de Economía, Daniel Abad (foto inferior) fue tajante al describir el estado en el que se encontraba la institución: “Con la Obra Social se ha hecho uso y abuso tanto los de adentro, los que están o estuvieron, y los de afuera”. El funcionario explicó que la reestructuración era inevitable para frenar el vaciamiento: “Se tomó la decisión de actualizar los valores ya que no vamos a fundir la Obra Social porque se ha hecho un manejo que era poco claro”.

Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro fue la desproporción entre los aportes y los gastos de alta complejidad. Abad reveló que se encontraron con una morosidad extrema en el cobro de prótesis e intervenciones costosas: “Nos hemos encontrado que había gente que, a través del Plan Complementario, puede acceder a una prótesis importada, a un stent, a cirugías cardiovasculares y resulta que a la gente, como no le alcanza, saca un crédito. Había gente que tenía cuotas, 200, 300 cuotas que no se le cobraban. Nos encontramos con una morosidad tremenda y sin una gestión de cobro”.

A este desorden administrativo se sumó un retraso tarifario de casi media década. “El Plan Complementario hacía como 4 o 5 años que no se actualizaba. Estaban pagando $15.000 gente que gastaba $50 o $60 millones por mes en tratamientos crónicos”, graficó Abad, comparando esa cifra con los $90.000 que paga un familiar directo en el sector privado o los $80.000 que cuesta hoy el Programa Médico Obligatorio (PMO). “¿Cómo puede ser que pagaban 15.000? Ni siquiera podían cubrir el plan básico”, cuestionó.

La reforma también apunta a fomentar el uso de insumos nacionales para optimizar los recursos. El ministro puso como ejemplo las prótesis: “Una prótesis nacional aprobada por ANMAT sale un tercio de la prótesis importada, son tan buenas como las importadas, está recontra probado”. No obstante, aclaró que se mantendrán excepciones por criterios médicos: “Si un niño necesita una prótesis importada, por supuesto hay que dársela porque tiene una expectativa de vida enorme”.

Finalmente, el funcionario llevó tranquilidad a los empleados públicos al aclarar que el acceso a la salud esencial no está en riesgo. Aquellos que decidan renunciar al Plan Complementario por el aumento de costos seguirán teniendo cobertura: “Si la gente se va del Plan Complementario va a seguir recibiendo iguales prestaciones. O sea, no pierden las prestaciones. Esto tiene que quedar claro”. Según Abad, la diferencia entre los planes radica principalmente en cuestiones de “hotelería, la cama de acompañante, la comida”, pero subrayó que “en cuanto a la prestación médica en sí, no hay cambios” bajo el modelo de solidaridad de la obra social.