Dura ofensiva legislativa contra la violencia deportiva: Proponen sanciones severas y exigen mayor compromiso a los clubes tucumanos

La legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse elevó un proyecto de ley destinado a prevenir y erradicar la violencia en el ámbito deportivo. La presentación se concretó apenas días después de la conmoción social generada por la salvaje agresión a un joven de 19 años en Tafí del Valle, un hecho presuntamente protagonizado por un grupo de jugadores de un club de rugby local que puso bajo la lupa la responsabilidad social de los deportistas y sus instituciones. El proyecto busca que las conductas violentas dejen de ser tratadas como hechos aislados, exigiendo que los clubes asuman un rol activo en la formación y sanción de sus integrantes.

Este impulso legislativo coincide con una respuesta contundente por parte del Estado y la justicia. Tras el ataque, el gobernador Osvaldo Jaldo intervino personalmente asegurando que se buscará encarcelar a todos los responsables. En ese marco, la justicia dictó 30 días de prisión preventiva para dos de los acusados, quienes fueron trasladados bajo un estricto protocolo de seguridad por las fuerzas especiales CERO al complejo penitenciario de Benjamín Paz, donde permanecen bajo vigilancia permanente en una unidad de régimen diferenciado. Por su parte, la Unión de Rugby de Tucumán (URT) emitió un comunicado expresando su "enérgico repudio" y reafirmando una postura de "tolerancia cero", al advertir que la violencia es la "antítesis" de los valores que deben guiar a un deportista en todos los ámbitos de su vida.

El proyecto de Vargas Aignasse propone que la ley alcance a deportistas, técnicos y directivos, sin importar la disciplina o categoría. En sus fundamentos, la legisladora es tajante: “La presente iniciativa parte del reconocimiento de que las conductas violentas o agresivas ejercidas por deportistas no pueden ser consideradas meros hechos aislados o ajenos a su condición, ya que quienes integran clubes e instituciones deportivas asumen una responsabilidad social que excede el campo de juego”. El texto resalta que el deporte debe ser una herramienta de formación integral que siembre valores como el respeto y la disciplina, pero advierte que en los últimos años se han registrado hechos que “generan un impacto social negativo que resulta incompatible con los principios que el deporte debe representar”.

En cuanto a las sanciones, la propuesta establece que aquel deportista que enfrente un proceso judicial por lesiones graves no podrá integrar selecciones o planteles oficiales en representación de la provincia de Tucumán hasta que se demuestre su inocencia; de mediar condena, la prohibición será permanente. Sobre este punto, los fundamentos aclaran que la medida “no reviste carácter penal, sino que constituye una medida razonable y proporcional, vinculada exclusivamente a la representación institucional de la provincia”.

Asimismo, el proyecto exige un compromiso ineludible de los clubes, señalando que “las instituciones deportivas no pueden mirar para un costado cuando un integrante de su comunidad ejerce actos de violencia con graves consecuencias, por eso el proyecto propone un abordaje integral”. Aquellos clubes o federaciones que incumplan con los protocolos de denuncia y prevención establecidos “no podrán participar de los torneos oficiales, en ninguna categoría durante un año”. Con esta normativa, se busca que el Estado provincial asuma su “responsabilidad indelegable de promover políticas públicas orientadas a erradicar la violencia en todos los ámbitos” de manera transversal y sin estigmatizaciones.