La Justicia destina casi un millón de dólares de una quiebra para equipar con tecnología a 67 escuelas tucumanas

Casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores en el marco de un proceso de quiebra serán destinados a fortalecer la infraestructura tecnológica de 67 escuelas públicas de Tucumán. La medida fue dispuesta por el juez en lo Civil y Comercial Común de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, Pedro Yane Mana, quien ordenó que esos recursos se inviertan en un plan de inclusión digital que beneficiará a establecimientos de los niveles primario, secundario, superior no universitario y de educación especial.

La decisión se adoptó en el marco de la quiebra de una compañía azucarera y se sustenta en el artículo 224 de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522), que establece que los acreedores pierden el derecho a percibir los dividendos adjudicados cuando transcurre un año desde la aprobación de la distribución final sin haberlos reclamado. Cumplido ese plazo, la norma dispone que los fondos caducos sean destinados al "fomento de la educación común".

En este caso, tras la conclusión del proceso falencial en febrero de 2025, quedaron disponibles aproximadamente 995.000 dólares para ser cobrados por distintos acreedores. Sin embargo, vencido el plazo legal, únicamente uno de ellos se presentó a reclamar su parte, por lo que en marzo de este año el magistrado declaró la caducidad de USD 991.536,36, monto que ahora será destinado al sistema educativo provincial.

Lejos de limitarse a ordenar la transferencia del dinero, el juez resolvió solicitar al Ministerio de Educación de Tucumán la elaboración de un proyecto específico que garantizara una utilización eficiente de esos recursos. La cartera educativa presentó un plan de inversión que fue aprobado por el magistrado y que contempla la compra, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento informático en 67 establecimientos educativos distribuidos en toda la provincia.

El programa prevé la adquisición de computadoras de escritorio, notebooks, routers inalámbricos y equipos adaptados a las necesidades de cada institución. Entre ellos figuran valijas adaptativas destinadas a escuelas de educación especial, que incluyen tablets y auriculares con cancelación de ruido para favorecer la inclusión de estudiantes con necesidades específicas. Asimismo, para escuelas técnicas y de nivel superior se proyecta la incorporación de computadoras con prestaciones aptas para tareas de desarrollo y diseño gráfico.

En los fundamentos de la resolución, Yane Mana destacó el alcance social de la decisión y remarcó que el destino de esos recursos trasciende un mero acto administrativo. "La resolución que aquí se dicta no debe entenderse como un mero trámite administrativo de transferencia bancaria, sino como un acto de justicia distributiva que reafirma la función social del derecho", sostuvo el magistrado.

En esa línea, agregó que el proceso de quiebra "ha dejado de ser únicamente una herramienta de persecución del deudor para convertirse en un mecanismo de gestión de crisis que debe mirar más allá de los intereses particulares y atender el bienestar general".

El juez también resaltó el impacto que tendrá la inversión en el sistema educativo al señalar que "al destinar casi un millón de dólares a la adquisición de hardware de última generación y valijas adaptativas, se permite que los fondos caducos se conviertan ahora en un multiplicador de conocimiento para miles de estudiantes tucumanos".

Como mecanismo de control, la resolución establece que el Ministerio de Educación deberá presentar ante el juzgado, en un plazo máximo de 120 días hábiles, una rendición de cuentas integral y documentada sobre la utilización de los fondos, a fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto aprobado.