
La causa judicial que podría influir en la organización de las elecciones provinciales de 2027 sumó una nueva voz desde la oposición. El legislador radical José Cano cuestionó el amparo promovido por el partido Juntos Podemos contra la Provincia de Tucumán y advirtió sobre las consecuencias institucionales que, a su criterio, podría generar una eventual declaración de inconstitucionalidad de las normas que regulan el calendario electoral.
A través de un pronunciamiento público, Cano sostuvo que existe un “apuro” por resolver aspectos vinculados a la estrategia electoral del oficialismo y vinculó el avance del expediente judicial con las definiciones políticas que comienzan a tomar forma de cara a los próximos comicios provinciales.
El ex diputado nacional puso el foco en la acción iniciada por Juntos Podemos, fuerza que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución provincial que establecen que las elecciones deben realizarse dos meses antes de la finalización de los mandatos de las autoridades en ejercicio.
Según Cano, resulta llamativo que el planteo haya sido promovido por una agrupación política de alcance provincial que no participa de las elecciones nacionales y que argumenta posibles afectaciones derivadas de la cercanía entre los cronogramas electorales nacional y provincial.
El referente radical cuestionó además la existencia de los presupuestos que justifican la vía del amparo y afirmó que la demanda no demuestra una lesión concreta de derechos, ni una situación de urgencia que amerite la intervención excepcional de la Justicia para revisar disposiciones de rango constitucional.
“Los tribunales son los responsables ahora de definir si existen derechos políticos que deban ser amparados y merezcan la máxima sanción legal sobre nada menos que la letra constitucional de la provincia”, señaló Cano, quien consideró que una eventual eliminación de esas cláusulas podría dejar sin una referencia temporal expresa la convocatoria a elecciones.
Las declaraciones se producen en momentos en que el expediente transita su etapa final. Días atrás, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa tuvo por emitido el dictamen de la Fiscalía de Cámara y dejó la causa en estado de sentencia.
Tanto la Provincia como el Ministerio Público sostuvieron durante el proceso que los artículos cuestionados ya fueron declarados inconstitucionales y nulos en sentencias firmes dictadas por la propia Cámara en causas anteriores, por lo que consideran que la controversia planteada por Juntos Podemos carece actualmente de objeto.
En ese contexto, Cano planteó una mirada sobre el impacto institucional del caso y sostuvo que la discusión excede la cuestión técnica vinculada al calendario electoral. A su entender, el proceso abre interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre el rol que debe desempeñar cada uno de los poderes del Estado frente a una controversia que combina aspectos jurídicos y políticos.