Impulsan un programa que proteja a policías que denuncien irregularidades en las instituciones de seguridad tucumanas

La integridad de las fuerzas de seguridad es un pilar fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática, donde la confianza ciudadana depende de que estas instituciones operen con transparencia, legalidad y compromiso ético. En este contexto, la legisladora provincial Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán - foto inferior) presentó un proyecto de ley que busca establecer el "Sistema Provincial de Protección Administrativa para Denunciantes y Testigos del Sistema de Seguridad" (SIPPAD), una herramienta clave para proteger a los integrantes de la Policía y el Servicio Penitenciario que se atrevan a denunciar hechos de corrupción, graves irregularidades o conductas ilícitas dentro de sus instituciones, asegurando que no enfrenten represalias ni perjuicios en su carrera.

El proyecto, que toma como referencia la reciente creación del Registro Nacional de Personal Protegido para fuerzas federales (Resolución 831/2025, publicada el 22 de julio pasado), propone la creación del SIPPAD bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Tucumán. Este sistema abarcará a todo el personal de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario y otros cuerpos de seguridad creados por ley o decreto, sin distinción de jerarquía, grado o antigüedad. Su objetivo principal es garantizar que quienes actúen con “honestidad institucional” al denunciar o testificar sobre irregularidades no sufran consecuencias negativas, como despidos, traslados arbitrarios, obstrucción de ascensos o sanciones infundadas.

En los fundamentos de la iniciativa, Elías de Pérez destaca la necesidad de crear un entorno seguro para los denunciantes: “El presente proyecto tiene por objeto garantizar a los integrantes de las fuerzas de seguridad de nuestra provincia las condiciones mínimas de protección y de exención de represalias ante la posibilidad de que realicen una denuncia que involucra delitos o actividades ilícitas dentro de las mismas fuerzas de las que son parte”. Además, subraya que “se entiende que el compromiso con la legalidad y el bien común no puede convertirse en un riesgo personal o profesional para quienes se animan a denunciar irregularidades”. Este enfoque busca romper los pactos de silencio que, en muchos casos, perpetúan la impunidad dentro de las instituciones de seguridad, de acuerdo a la visión de la parlamentaria.

El SIPPAD contempla la creación de un "Registro Provincial de Personal Protegido", de carácter reservado, donde se documentarán las solicitudes de ingreso, los fundamentos de cada caso y las medidas adoptadas. Este registro, custodiado por el Ministerio de Seguridad, garantizará la confidencialidad de los datos. Para acceder a la protección, los solicitantes deberán presentar una denuncia formal por escrito o actuar como testigos en investigaciones internas o judiciales vinculadas a hechos graves. Las denuncias anónimas no serán admitidas, y quienes presenten acusaciones falsas con fines maliciosos podrán ser sancionados y excluidos del sistema.

Entre las medidas de protección, el proyecto establece la prohibición de despidos injustificados, traslados arbitrarios, obstrucción de ascensos o sanciones infundadas. Además, cualquier medida administrativa contra una persona protegida deberá ser debidamente justificada y revisada por la autoridad de aplicación. En casos de temor fundado de represalias, se prevé una inclusión provisoria de hasta 30 días, prorrogables por igual período, mientras se evalúa la solicitud definitiva.

Saneamiento institucional

La referente radical en la Cámara también propone modificar la Ley Orgánica de la Policía de Tucumán (N° 3.656) para incorporar un artículo que refuerce la protección de los denunciantes: “El personal policial podrá realizar una denuncia de forma presencial o virtual sobre delitos cometidos en el ámbito de las fuerzas de seguridad. Los denunciantes gozarán de los mecanismos de protección correspondientes, estarán exentos de represalias y podrán ser incorporados, si lo solicitan, al Registro Provincial de Personal Protegido”.

Elías de Pérez enfatizó la relevancia de esta iniciativa para el fortalecimiento institucional: “Resulta imperioso dotar al Ministerio de Seguridad local de un instrumento que permita institucionalizar la protección de quienes se atrevan a romper pactos de silencio o denunciar la complicidad de colegas con redes delictivas”. Asimismo, destaca que “esta regulación crea un marco legal necesario para el saneamiento progresivo de una institución fundamental en nuestra sociedad como lo son las fuerzas de seguridad, cuyo mandato es proteger a la ciudadanía dentro del marco de la ley”.

La iniciativa, en estudio de la Comisión de Seguridad y Justicia, que complementa otros mecanismos de protección provinciales y nacionales, busca alinear a Tucumán con los avances en materia de integridad pública, siguiendo el ejemplo del Registro Nacional creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad han celebrado este tipo de herramientas por su rol en la reconstrucción del vínculo entre las fuerzas de seguridad y la sociedad, un aspecto que la propuesta de Elías de Pérez busca consolidar en el ámbito provincial.