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FEMICIDIO EN TUCUMÁN

En un fallo inédito, la Provincia y el ex juez Pisa deberán indemnizar a la familia de Paola Tacacho

Por Fernando Stanich.- La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo advirtió sobre las falencias del Estado y del magistrado. El monto supera los $ 36 millones, más intereses.

Por FERNANDO STANICH

12 sept, 2025 11:13 a. m. Actualizado: 12 sept, 2025 11:16 a. m. AR
En un fallo inédito, la Provincia y el ex juez Pisa deberán indemnizar a la familia de Paola Tacacho

En un fallo inédito, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo condenó a la Provincia de Tucumán y al ex juez Juan Francisco Pisa a pagar solidariamente poco más de $ 36 millones, más intereses, a la madre de Paola Tacacho, la joven profesora de inglés víctima de un femicidio ocurrido el 30 de octubre de 2020.


La sentencia del 9 de septiembre de 2025 fue difundida en la mañana de este viernes por el programa El Matutino, que se emite por El Ocho TV. En el documento se cuestiona la falta de servicio del Estado provincial y la falta personal del magistrado, marcando un hito al establecer una indemnización directa por un femicidio y aplicar de manera contundente la perspectiva de género. Se trata, además, de una medida inédita por la significativa indemnización y por atribuir responsabilidad concurrente al Estado y a un ex magistrado, destituido tras este escándalo, vinculando directamente sus omisiones y negligencias a la trágica muerte de Paola.


Los antecentes

El caso se remonta al femicidio de Paola Estefanía Tacacho, una profesora de inglés de 27 años, ocurrido el 30 de octubre de 2020 en San Miguel de Tucumán, a manos de su ex alumno Mauricio Parada Parejas, quien luego se suicidó.


Antes de su muerte, Paola había realizado 13 denuncias diversas contra Parada Parejas entre 2016 y 2020, por hostigamiento en redes sociales, acoso, amenazas de muerte, desobediencia judicial y violencia de género. A pesar de estas múltiples alertas, las respuestas de las autoridades fueron calificadas como "manifiestamente insuficientes y claramente ineficaces" para evitar el fatal desenlace.


Mariela Fernanda Tacacho, en representación de la sucesión de su hija, demandó a la Provincia de Tucumán y a Francisco Pisa. Atribuyó responsabilidad directa y objetiva a la Provincia por "falta de servicio" y a Francisco Pisa por el ejercicio irregular de sus funciones e incumplimiento de deberes en la causa de "desobediencia judicial" contra Parada Parejas, que culminó con el sobreseimiento del agresor el 5 de junio de 2017. La madre de la víctima reclamó una suma de $68.274.529,80 en concepto de lucro cesante y daño moral.


La acusación contra el ex juez Pisa se centró en su actuación en el expediente y se le imputaron varias irregularidades, incluyendo:


• Incumplimiento de plazos: La causa estuvo en estudio por 7 meses y 29 días, superando los 5 días establecidos por el Código Procesal Penal de Tucumán.


• Falta de perspectiva de género: No consideró el contexto de violencia de género, ni aplicó las Reglas de Brasilia ni la Convención de Belém do Pará, que obligan a un tratamiento prioritario y diferenciado.


• Omisión de actualización de antecedentes penales: No verificó los antecedentes de Parada Parejas antes de dictar el sobreseimiento, a pesar de que el femicida ya tenía otras causas en su contra.


• Desconocimiento del carácter de víctima: Consideró que la víctima del delito de desobediencia judicial era la Administración Pública y no Paola Tacacho, ignorando su situación de doble vulnerabilidad.


Estas omisiones fueron calificadas como una "deficiente prestación del servicio de justicia" y una "falta personal" que perjudicó gravemente el sistema de administración de justicia. Cabe destacar que Juan Francisco Pisa fue destituido de su cargo de Juez Penal de Instrucción por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes en noviembre de 2021, una resolución que, si bien no implica automáticamente responsabilidad civil, fue clave para acreditar las irregularidades en este juicio.


La sentencia determinó que la Provincia de Tucumán incurrió en una "clara falta de servicio" que mantuvo una relación de causalidad adecuada con el femicidio de Paola Tacacho. El tribunal consideró que el Estado conocía "fehacientemente la situación de riesgo real e inmediato" de Paola debido a las trece denuncias previas, lo que implicaba un "alto grado de previsibilidad del daño". Sin embargo, las medidas adoptadas por el Estado fueron "manifiestamente insuficientes y claramente ineficaces" para protegerla.


Se señaló una "forma anómala de organizar el aparato estatal para atender estas denuncias" y la "ausencia de un sistema inteligente de concentración de datos". El Estado no actuó con la "debida diligencia reforzada" que se exige en casos de violencia contra la mujer, en violación de las normas supranacionales como la Convención de Belém do Pará y las leyes nacionales y provinciales. La inactividad estatal "impidió advertir un claro contexto de próxima perpetración del femicidio".


Tanto la Provincia como el ex juez Pisa intentaron plantear la prescripción liberatoria de la acción, argumentando que el plazo de tres años debía contarse desde la sentencia de sobreseimiento del 5 de junio de 2017. Sin embargo, el tribunal rechazó esta excepción, determinando que el "dies a quo" (día de inicio del cómputo del plazo) es el 30 de octubre de 2020, fecha del fallecimiento de Paola Estefanía Tacacho.


Esta decisión fue reforzada por la aplicación de la perspectiva de género como pauta hermenéutica fundamental. La Cámara sostuvo que "juzgar con perspectiva de género es la única forma de lograr que las previsiones legislativas se concreten en respuestas judiciales justas" y que el Tribunal "transmite a la sociedad toda el mensaje que las cuestiones de violencia contra la mujer no son toleradas, no quedan impunes y deben ser reparadas".


La resolución

La sentencia hizo lugar a la demanda y condenó a la Provincia de Tucumán y a Juan Francisco Pisa a resarcir a Mariela Fernanda Tacacho por un total de $36.424.858,93, más intereses. Se estableció que la Provincia de Tucumán responderá por la totalidad del crédito indemnizatorio (100%), mientras que el ex juez Pisa será responsable, en forma concurrente con el Estado Provincial, respecto de una porción equivalente al 10% de la indemnización reconocida. Esta distribución reconoce la pluralidad de responsables y la contribución causal de Pisa, a título de culpa grave, en el complejo entramado de hechos que llevaron al daño.

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