
El Gobierno de Tucumán dispuso la determinación y registración contable de los créditos que la Provincia mantiene a su favor frente al Estado Nacional y que no fueron incluidos en el Convenio de “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, firmado en septiembre pasado. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 3.923/3 (MEyP), que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Según se establece en el instrumento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, la decisión se adopta luego de que la Dirección de Crédito Público identificara, consolidara y cuantificara los créditos adeudados por la Nación que quedaron fuera del acuerdo ratificado oportunamente por el Poder Ejecutivo provincial.
En ese sentido, el decreto remarca que la Cláusula Quinta del convenio prevé expresamente que el mismo “no agota otras obligaciones recíprocas” y habilita a la Provincia a efectuar nuevos reclamos, en un contexto de fuerte tensión financiera entre la administración del presidente Javier Milei y los gobernadores por los fondos coparticipables.
El decreto instruye al Ministerio de Economía y Producción a que, a través de los organismos técnicos competentes, proceda a la registración de los créditos que Tucumán mantenga a su favor, en base a la información disponible y a la que se incorpore hasta el cierre del ejercicio 2025. Al mismo tiempo, se faculta al secretario de Estado de Hacienda a realizar los ajustes e incrementos necesarios en el Presupuesto General 2025 para reflejar dichas acreencias, conforme a la normativa vigente.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida apunta a resguardar los intereses fiscales de Tucumán y a reflejar de manera adecuada la situación económico-financiera del Estado provincial, aclarando que la registración contable “no implica condicionamiento alguno respecto de su posterior reconocimiento en el ámbito nacional”.
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía de Tucumán, la deuda que la Nación mantiene con la Provincia ronda los $400.000 millones. Ese monto incluye, entre otros conceptos, la quita de subsidios al transporte, la eliminación del incentivo docente y la cobertura de prestaciones de salud —como medicamentos y estudios para afiliados del PAMI— que actualmente son afrontadas con recursos provinciales.
En ese marco, la semana pasada, el titular de esa cartera, Daniel Abad, viajó a Buenos Aires para formalizar el reclamo de un pago de aproximadamente $ 95.000 millones en lo inmediato, para poder cumplir en tiempo y forma con los compromisos salariales, que incluyen actualizaciones bimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor, además del pago de aguinaldos y bonos.
El decreto cuenta con el aval de los organismos técnicos intervinientes, entre ellos la Dirección General de Presupuesto, la Contaduría General de la Provincia y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Hacienda, y fue dictado en base al Dictamen N° 2603, emitido el pasado 12 de diciembre.