Debido a que la causa no avanza, los denunciantes de la intendenta de Graneros solicitaron ser querellantes

Los dirigentes que denunciaron penalmente a la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito solicitaron formalmente constituirse como querellantes en la causa que tramita en el Ministerio Público Fiscal, al considerar que, a casi dos meses de la presentación judicial, la investigación no registra avances significativos.

El pedido fue presentado esta semana ante el fiscal Diego Sebastián Hevia, quien deberá resolver si admite la participación de los denunciantes en el expediente. De obtener ese reconocimiento procesal, podrán ofrecer pruebas, solicitar medidas de investigación y participar activamente en el impulso de la causa.

Así lo confirmó a Tendencia de Noticias el abogado Luis Díaz Augier, uno de los impulsores de la acción penal, quien explicó que el objetivo del planteo es evitar que la investigación permanezca estancada.

"Hemos presentado este lunes el escrito para solicitar constituirnos como querellantes en la causa. Estamos esperando que el fiscal Diego Sebastián Hevia resuelva si nos concede o no el rol de querellantes, lo que nos permitiría hacer nuevas presentaciones para impulsar el avance de la causa, que a dos meses de la denuncia todavía no mostró avances", sostuvo.

El abogado también volvió a poner el foco en el patrimonio atribuido a la jefa municipal. "La intendenta Raquel Graneros vive en un country de Yerba Buena, a más de 120 kilómetros de la ciudad que gobierna", remarcó el letrado y dirigente opositor.

Cuestionamientos al patrimonio

Otro de los impulsores de la denuncia, el legislador provincial Manuel Courel, reiteró los cuestionamientos sobre la capacidad económica de la intendenta para afrontar una operación inmobiliaria de la magnitud denunciada. "Graneros es la intendenta del municipio más pobre de Tucumán. Y la casa que supuestamente se compró costó más de un millón de dólares. Tiene 29 años. Por eso nos preguntamos ¿en qué momento y de qué manera juntó más de un millón de dólares para comprarse esta casa?", expresó.

El parlamentario recordó que la denuncia fue presentada el 9 de junio y sostuvo que la falta de novedades motivó el nuevo planteo judicial. "Por eso hemos presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito el 9 de junio. Y como han pasado casi dos meses y no ha habido avances, ahora solicitamos ser querellantes en la causa", agregó.

En la misma línea, el concejal de Simoca Luis Escobar sostuvo que la investigación debe avanzar y vinculó el caso con una crítica más amplia al oficialismo provincial. "La intendenta se nos ríe en la cara. Graneros es el municipio más pobre de la provincia de Tucumán. Debemos terminar con 40 años de peronismo, porque este no es el único caso que hay en la provincia: delegados, intendentes, legisladores, compran mansiones en tiki taka (en efectivo). Por eso presentamos el pedido para ser querellantes en la causa", manifestó.

La denuncia

La causa se originó a principios de junio, cuando Courel, Escobar y Díaz Augier presentaron una denuncia penal para que la Justicia investigue la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de la intendenta.

La presentación solicita determinar si durante el ejercicio de la función pública existió un incremento patrimonial injustificado y centra la investigación en la presunta adquisición de una vivienda ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, cuyo valor de mercado rondaría los US$ 1,2 millones.

Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, la operación no guardaría relación con los ingresos públicos conocidos de la jefa municipal, por lo que pidieron que se investigue el origen de los fondos utilizados para concretarla.

La denuncia sostiene que, de acuerdo con publicaciones periodísticas incorporadas al expediente, la intendenta "habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 del Sector 12 del Country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a un millón de dólares, con dinero en efectivo".

Los denunciantes consideran que la operación presenta elementos suficientes para justificar una investigación judicial. "Esta adquisición resulta a todas luces sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta de la ciudad de Graneros", señalaron en la presentación.

Asimismo, sostuvieron que la capacidad económica necesaria para concretar una compra de esa magnitud "evidencia un posible enriquecimiento ilícito por parte de dicha funcionaria, quien no podría justificar ingresos que avalen tamaña operación inmobiliaria".

En una ampliación, los denunciantes aportaron publicaciones realizadas durante 2024 por dos firmas inmobiliarias que promocionaban la venta de la propiedad, con el objetivo de identificar a quién autorizó la comercialización de la mansión y quién era su titular antes de concretarse la operación.

La respuesta de la defensa

Frente a la denuncia, la abogada de la intendenta, Paula Morales Soria, rechazó las acusaciones y aseguró que la vivienda del country Las Yungas mencionada en la causa no pertenece a Raquel Graneros.

La letrada también cuestionó el planteo impulsado por los dirigentes opositores, al sostener que forma parte de un "festín mediático" con presuntos fines electorales, y descartó que la intendenta haya protagonizado la operación inmobiliaria que dio origen a la investigación.

Ahora será el fiscal Diego Hevia quien deberá resolver si hace lugar al pedido de constitución como querellantes. De aceptar la solicitud, los denunciantes podrán intervenir directamente en el expediente, proponer nuevas medidas de prueba y solicitar diligencias orientadas a esclarecer el origen del patrimonio cuestionado.