Cabrera pidió prorrogar la cautelar que suspende la candidatura de Pagani en la UNT

Antes de que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán pueda terminar de ordenar el nuevo cronograma electoral, el conflicto por la elección de rector volvió a trasladarse a los tribunales. La judicialización que desde mayo mantiene suspendida la definición de la máxima autoridad universitaria sumó un nuevo capítulo. Esta vez, los impulsores de la demanda contra la candidatura de Sergio Pagani solicitaron a la Cámara Federal de Apelaciones que extienda por otros tres meses la medida cautelar que mantiene paralizado el proceso.

El planteo fue presentado el lunes por el abogado Manuel Gonzalo Casas, en representación de Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, quienes cuestionan la posibilidad de que el saliente rector Pagani compita por un nuevo mandato al frente de la UNT. La presentación se formuló un día antes de la reunión del Consejo Superior, que no logró acordar una fecha para retomar el proceso electoral ni definir cuándo tratará el nuevo cronograma, atento a que la Junta Electoral de la UNT tampoco precisó las fechas.

Para los demandantes, la Universidad continúa desarrollando una estrategia destinada a dilatar la resolución del expediente. En el escrito sostienen que la UNT interpuso "un nuevo planteo dilatorio", cuyos argumentos -afirman- ya habían sido rechazados por la propia Cámara Federal cuando dictó la medida cautelar el 15 de mayo y, posteriormente, al desestimar el incidente de nulidad promovido por la casa de estudios.

Sobre esa base solicitaron que la cautelar sea prorrogada por tres meses más o, en su defecto, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia. El argumento central es que la medida vigente está próxima a vencer y que, mientras tanto, persisten las condiciones que justificaron su dictado.

La presentación también pone el foco en la conducta procesal de las partes. Los actores remarcan que impulsaron constantemente el expediente mediante pedidos de habilitación de días y horas inhábiles, solicitudes de resolución urgente y un pronto despacho, mientras atribuyen a la Universidad una actitud destinada a prolongar el conflicto. Esa circunstancia, sostienen, debe ser especialmente considerada por la Cámara al momento de resolver la prórroga, conforme a lo previsto por la Ley 26.854 sobre medidas cautelares contra el Estado.

El movimiento judicial agrega un nuevo elemento de incertidumbre sobre un proceso electoral que lleva varios meses condicionado por las decisiones de la Justicia. La cautelar dictada en mayo dejó en suspenso la elección de rector mientras se analiza el planteo de inconstitucionalidad promovido contra la candidatura de Pagani, una discusión que gira alrededor de la interpretación del nuevo Estatuto universitario y de los límites a la reelección de las autoridades.

En paralelo, el Consejo Superior intenta reencauzar el calendario electoral. Sin embargo, la falta de una definición judicial definitiva continúa condicionando los tiempos políticos de la Universidad. El cuerpo deberá resolver cuándo retoma formalmente el cronograma para completar las elecciones pendientes, aunque cualquier decisión seguirá atada a lo que ocurra en los tribunales. Por el momento, la UNT sigue en manos de manera interina de la decana de la facultad de Derecho, Cristina Grunauer.

De esta manera, la disputa por el Rectorado mantiene abiertos dos frentes simultáneos. Mientras en el ámbito institucional la UNT busca destrabar el proceso para completar la renovación de autoridades, en la Cámara Federal los demandantes procuran que la suspensión se prolongue hasta que exista un fallo sobre el fondo del litigio. La resolución sobre ese pedido volverá a definir, al menos por ahora, el ritmo de la política universitaria.