Chahla reclamó en el Congreso fondos para obras en 81 barrios populares de la capital tucumana

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participó este martes de una reunión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expresó su respaldo a un proyecto de ley que busca restituir el financiamiento destinado a la integración sociourbana de los barrios populares. Durante su exposición, la jefa municipal advirtió sobre las consecuencias de la paralización de obras de infraestructura y reclamó que el Estado nacional vuelva a garantizar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de miles de familias.

La intervención de Chahla estuvo acompañada por un diagnóstico de la situación habitacional y sanitaria de la capital tucumana. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), correspondientes a abril de 2024, San Miguel de Tucumán cuenta con 81 barrios populares en los que viven aproximadamente 25.700 familias, que representan unas 79.000 personas.

La situación de los servicios básicos es uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento: ninguno de esos barrios tiene conexión formal a la red cloacal y solamente uno dispone de acceso regular al agua de red. Además, el 78,5% de las familias obtiene agua mediante conexiones irregulares, mientras que el 90,1% cuenta con acceso formal a la electricidad. "Cuando hablamos de barrios vulnerables, hablamos de gente que no tiene cloacas, no tiene agua, no tiene gas natural, no tiene lo básico para que una familia pueda desarrollarse plenamente", señaló la intendenta ante los integrantes de la comisión legislativa.

Chahla vinculó estas carencias con sus consecuencias sanitarias y destacó que las condiciones habitacionales constituyen un factor determinante para la salud de la población. "Como médica, no puedo dejar de pensar en la salud. Sabemos qué determinantes son para la salud la vivienda, las cloacas, el agua, el alimento, el trabajo, todo está directamente relacionado con la enfermedad", expresó.

En ese sentido, remarcó que el acceso a servicios considerados habituales en otros sectores de la ciudad continúa siendo una necesidad insatisfecha para miles de familias de los barrios populares.

El reclamo por las obras paralizadas

Uno de los principales planteos de la intendenta estuvo relacionado con la interrupción de proyectos de infraestructura y mejoramiento habitacional como consecuencia del desfinanciamiento de los programas nacionales de integración sociourbana.

Durante su exposición, mencionó el caso de las soluciones sanitarias destinadas a familias que carecen de instalaciones básicas en sus viviendas. "De 500 soluciones sanitarias prometidas, algo básico como un baño, solo se terminaron entre 50 y 150", reclamó.

Chahla también advirtió que los municipios enfrentan dificultades para afrontar con recursos propios obras que requieren inversiones millonarias, mientras reciben directamente los reclamos de los vecinos por la falta de servicios esenciales. "Los gobiernos locales tenemos una enorme dificultad de recursos. ¿Cómo hacemos inversiones de millones si no tenemos el financiamiento del Estado nacional que garantice la ejecución transparente de estas obras?", planteó.

La intendenta señaló que, independientemente de las responsabilidades de cada jurisdicción, los vecinos recurren habitualmente a los gobiernos municipales cuando necesitan respuestas por problemas relacionados con el agua, la electricidad o las cloacas. "A la hora de reclamar por falta de agua, luz o cloacas, el vecino recurre siempre al gobierno local. Las transformaciones se construyen desde abajo y la única manera de fortalecerlas es restituyendo los fondos que corresponden por ley", sostuvo.

En ese contexto, defendió los mecanismos de control sobre la utilización de los recursos públicos y aseguró que la Municipalidad trabaja con criterios de transparencia y planificación. "Auditamos cada licitación y trabajamos con políticas públicas basadas en evidencia. Por eso este proyecto me parece fundamental para devolverle a la gente el derecho a las obras que necesita", agregó.

La importancia de integrar los barrios a la ciudad

Chahla también defendió las políticas de integración sociourbana como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las familias y promover oportunidades laborales dentro de las propias comunidades. "Sería fácil decir 'que los saquen a los barrios populares', pero a los barrios vulnerables hay que integrarlos en la sociedad, en la vida urbana y social", afirmó.

La intendenta recordó que los programas nacionales contemplaban la participación de cooperativas de trabajo en la ejecución de obras, lo que permitía generar empleo para los habitantes de los barrios beneficiados.

En particular, destacó que una parte de esas intervenciones debía realizarse mediante cooperativas, con el objetivo de impulsar la economía local y favorecer la inclusión laboral.

Según explicó, ese mecanismo "daba trabajo, movilizaba la economía, dignificaba a estas personas y les daba lo esencial".

La jefa municipal también hizo referencia a su anterior paso por la Cámara de Diputados de la Nación, cuando participó del tratamiento de modificaciones a la legislación sobre barrios populares.

Recordó que esas reformas ampliaron los mecanismos de regularización dominial, con la finalidad de facilitar el acceso de las familias a la documentación de sus viviendas y, posteriormente, a los servicios públicos.

En ese marco, valoró la participación de organizaciones sociales como Cáritas y Techo en las iniciativas de integración sociourbana, por su trabajo territorial y acompañamiento a las comunidades.

La intendenta de la capital tucumana advirtió sobre las consecuencias sociales de la ausencia de políticas públicas en los sectores más vulnerables. "Donde se retira el Estado gana el narcotráfico, gana la droga, entonces ahí es donde tenemos que estar, el Estado tiene que estar presente", sostuvo.

Qué establece la legislación sobre barrios populares

El proyecto respaldado por Chahla apunta a recuperar el financiamiento del Régimen de Integración Socio Urbana, destinado a mejorar las condiciones habitacionales y de infraestructura de los barrios identificados en el Renabap.

El marco normativo nacional tiene como uno de sus principales antecedentes la Ley 27.453, sancionada en 2018, que estableció un régimen de regularización dominial e integración sociourbana para los barrios populares.

Según los datos expuestos por la intendenta, a partir de esa legislación se aprobaron más de 1.300 obras de infraestructura y más de 250.000 mujeres lograron mejorar sus viviendas mediante el programa Mi Pieza.

Posteriormente, la Ley 27.694, aprobada en 2022, amplió el alcance del régimen y dispuso, entre otras medidas, una prórroga de diez años de la suspensión de desalojos en barrios populares, una declaración de emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental por dos años y la ampliación del registro nacional.

El debate actual gira alrededor de la recuperación de los recursos destinados a ejecutar esas políticas, en un contexto de restricciones presupuestarias y reclamos por la paralización de obras.