La Corte reorganizó 23 dependencias técnicas para mejorar la atención judicial en Tucumán

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso la creación de la Oficina de Abordajes Técnicos Especializados, una nueva estructura que reunirá a 23 dependencias del Poder Judicial dedicadas a brindar asistencia profesional en cuestiones psicosociales, médicas y técnicas vinculadas con los procesos judiciales.

La medida fue formalizada mediante la Acordada N° 646/2026 y apunta a reorganizar los servicios especializados que colaboran con jueces y tribunales en el abordaje de situaciones que requieren conocimientos profesionales de distintas disciplinas.

Según informó el Poder Judicial, la iniciativa busca superar dificultades de funcionamiento que se fueron acumulando a lo largo de los años, mejorar la coordinación entre los equipos técnicos y optimizar la utilización de los recursos disponibles.

La reorganización se produce en un contexto de creciente complejidad de las causas judiciales, especialmente aquellas que involucran conflictos familiares, situaciones de violencia, derechos de niños, niñas y adolescentes y otras problemáticas que requieren intervenciones interdisciplinarias.

El antecedente institucional más antiguo de estos servicios se remonta a 1978, cuando se formalizó el primer Gabinete Psicosocial del Poder Judicial tucumano. Desde entonces, el crecimiento de la estructura judicial y las transformaciones sociales y normativas derivaron en la creación de nuevas dependencias y especialidades.

Con la nueva oficina, la Corte busca integrar esos servicios bajo un esquema común de organización, sin eliminar las particularidades de cada disciplina.

Cuatro áreas para coordinar el trabajo de 23 dependencias

La Oficina de Abordajes Técnicos Especializados estará integrada por 23 dependencias distribuidas en cuatro grandes áreas de especialidad:

• Vínculos, Familias e Infancias: destinada a reunir equipos que intervienen en problemáticas vinculadas con las relaciones familiares y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

• Multifuero Interdisciplinario: orientada a articular intervenciones técnicas que requieren conocimientos de distintas disciplinas y pueden involucrar diferentes fueros judiciales.

• Violencia y Gestión Integral del Riesgo: enfocada en el abordaje especializado de situaciones de violencia y en la evaluación de riesgos.

• Área Penal: destinada a coordinar los servicios técnicos vinculados con los procesos del fuero penal.

La estructura apunta a fortalecer el intercambio de información entre los profesionales, establecer criterios comunes de intervención y mejorar la planificación y evaluación de las tareas.

También se prevé desarrollar herramientas compartidas de registro y seguimiento, con el objetivo de facilitar la coordinación entre las dependencias y los órganos judiciales que requieren sus servicios.

“Integrar no significa homogeneizar todas las prácticas”

La dirección de la nueva oficina estará a cargo de la licenciada María Pía Ferro, quien explicó que la reorganización pretende fortalecer el trabajo interdisciplinario sin desconocer las particularidades de cada especialidad. "Integrar no significa homogeneizar todas las prácticas, significa construir un marco común que fortalezca las especialidades y permita que cada una aporte mejor al servicio de justicia", señaló.

La funcionaria sostuvo que uno de los principales objetivos será mejorar la manera en que los conocimientos técnicos se incorporan a los procesos judiciales y contribuyen a la toma de decisiones.

En ese sentido, explicó que la premisa de la nueva gestión consiste en "organizar el conocimiento técnico especializado del Poder Judicial para que se traduzca en mejores respuestas judiciales y en una tutela más efectiva de los derechos de las personas".

El funcionamiento de estas dependencias resulta relevante porque sus profesionales elaboran informes, evaluaciones y otras intervenciones técnicas que sirven de apoyo a los órganos jurisdiccionales en el tratamiento de distintas causas.

La nueva estructura buscará que esos aportes se desarrollen de manera más coordinada y con criterios compartidos, especialmente en situaciones que requieren la participación de profesionales de diferentes disciplinas.

La implementación de la oficina también implicará un proceso de adaptación para los equipos que actualmente trabajan en las distintas dependencias.

Entre los desafíos identificados por el Poder Judicial figuran la construcción de acuerdos sobre modalidades de intervención, el fortalecimiento de la capacitación continua y la elaboración de indicadores que permitan evaluar el funcionamiento de los servicios.

La reorganización también apunta a mejorar la distribución de recursos y evitar dificultades derivadas de la fragmentación de las tareas entre distintas oficinas.

No obstante, Ferro aclaró que los resultados del nuevo esquema no deberán evaluarse exclusivamente a partir de la cantidad de informes elaborados o de la rapidez de los procedimientos.

"El beneficio final no debe medirse únicamente por la cantidad de informes producidos o por la reducción de los tiempos de gestión. También importa la pertinencia de las intervenciones, el respeto de los derechos, la calidad de la información aportada a los órganos jurisdiccionales y la experiencia de las personas que reciben la atención", concluyó.