El mérito de las juventudes necesita de oportunidades

Hay un momento en la vida en el que el futuro deja de ser una idea abstracta y empieza a traducirse en cosas muy concretas cómo cuánto cuesta llegar a clases, si aparece una primera oportunidad laboral, si el sueldo alcanza para pensar en alquilar. Son decisiones que forman parte del camino hacia la autonomía y que, para muchos jóvenes, están atravesadas por condiciones que exceden su voluntad.

Por eso vale la pena discutir el mérito. Porque el mérito importa. Prepararse, trabajar, asumir responsabilidades y sostener un proyecto personal son parte de cualquier recorrido. El problema aparece cuando el mérito se presenta como una explicación suficiente para las dificultades que atraviesan los jóvenes. Mientras el gobierno de la intendenta Rossana Chahla a nivel ciudad crea programas permanentes para las juventudes, el Estado nacional las desfinancia en todo el país.

El presidente Javier Milei reivindicó de manera reiterada valores como el esfuerzo, el sacrificio y el mérito. Es una discusión válida y, en muchos aspectos, necesaria. Pero si La Libertad Avanza pretende hacer de esos principios una forma de pensar la relación entre el individuo y el Estado, también tiene que responder una pregunta: ¿qué condiciones encuentra un joven para que ese esfuerzo efectivamente pueda convertirse en una oportunidad? El caso de las becas Progresar permite llevar esa discusión al costo de vida. En septiembre de 2023, el monto mensual era de $20.000. En septiembre de 2026, es de $35.000. Sin embargo, para conservar el poder adquisitivo de aquellos $20.000, la beca debería alcanzar aproximadamente $106.500, según la inflación acumulada hasta agosto, último dato oficial disponible. Esto representa una pérdida del 67,1% del poder de compra respecto de septiembre de 2023. El período comprende dos gobiernos, pero la decisión de mantener la beca en $35.000 desde septiembre de 2024 corresponde al Gobierno de Javier Milei. La Resolución 172/2026 volvió a fijarla en ese valor. Sostener el mismo monto mientras aumenta el costo de estudiar es ajustar a las juventudes. Es hipotecar el futuro argentino.

Ahí aparece una contradicción que el Gobierno nacional tiene que explicar. Mientras La Libertad Avanza pone el acento en el esfuerzo y la responsabilidad individual, una de las principales herramientas nacionales destinadas a acompañar a quienes estudian perdió más de la mitad de su poder de compra.

No alcanza con decirle a un joven que tiene que esforzarse si las herramientas que deberían acompañar ese esfuerzo se deterioran. Una regla pública y previsible de actualización de Progresar sería una respuesta concreta. Permitiría que cada estudiante supiera con qué respaldo cuenta para sostener sus estudios y evitaría que el valor de la beca dependa de decisiones discrecionales tomadas cada cierto tiempo.

El problema, de todos modos, va más allá de una beca. Como advierte el Investigador de la UBA Pablo Vommaro al analizar qué futuro imaginan los jóvenes, la desigualdad también se expresa en el tiempo disponible para estudiar, descansar y proyectar. Cuando buena parte de la energía está puesta en resolver las urgencias del presente, pensar en lo que viene se vuelve más difícil.

En Tucumán, además, las oportunidades muchas veces se miden en kilómetros. Importa cuánto cuesta llegar al lugar de estudio, cuánto tiempo lleva hacerlo y qué posibilidades existen después de recibirse. El futuro de un joven tucumano no puede pensarse como una mudanza obligatoria. Poder estudiar y construir una vida en el lugar donde uno nació también debería ser parte de cualquier estrategia de desarrollo.

Y acá aparece una diferencia concreta respecto de la mirada que propone La Libertad Avanza sobre el rol del Estado. Nosotros creemos desde la gestión municipal que cuando existe una barrera que limita una oportunidad, la política pública tiene que trabajar para removerla.

Por eso, desde San Miguel de Tucumán decidimos intervenir en uno de esos problemas cotidianos cómo es llegar al aula. Durante la gestión de la Intendente Rossana Chahla, la Municipalidad sostiene el Boleto Educativo Municipal a través de la SUBEM, que garantiza dos viajes diarios gratuitos a estudiantes de los niveles primario y secundario de establecimientos públicos de la capital. Para el ciclo lectivo 2026, se beneficiaron del SUBEM 39.930 jóvenes.

Progresar y el Boleto Educativo Municipal son políticas distintas y corresponden a niveles de gobierno diferentes. Pero permiten mostrar algo acerca de las prioridades. A diferencia del Gobierno de Milei que mantiene desde 2024 el mismo monto nominal de Progresar, en San Miguel de Tucumán decidimos sostener con recursos municipales una política para que el costo del transporte no se convierta en un obstáculo para llegar a la escuela.

Ese acompañamiento también implica generar espacios donde los jóvenes puedan desarrollar capacidades, participar y construir vínculos con otros. Experiencias como los Promotores Culturales Jóvenes o la Red de Clubes de Barrio buscan justamente trabajar junto a las instituciones que ya forman parte de la vida cotidiana de cada comunidad. Tenemos el deber de construir otra propuesta para los jóvenes: una que los invite a discutir ideas, cuestionar lo que consideran injusto y defender sus convicciones con argumentos y respeto por las instituciones democráticas, mientras les ofrece oportunidades concretas para construir su propio futuro.

Cuando un jóven entra al mundo del trabajo, surge una pregunta que escuchamos cada vez con más frecuencia: ¿cómo consigo mi primer trabajo si para conseguir trabajo me piden experiencia?.

Los datos nacionales muestran que no estamos hablando simplemente de una dificultad individual. En el segundo trimestre de 2026, entre las personas económicamente activas de 14 a 29 años de los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC, la desocupación alcanzó al 17,1% de las mujeres y al 14,1% de los varones. Entre quienes tenían entre 30 y 64 años, las tasas fueron considerablemente menores: 6,1% y 5,5%, respectivamente. Son datos nacionales, no específicos de Tucumán, pero muestran con claridad que ingresar al mercado laboral presenta dificultades particulares para los jóvenes. El INDEC informó además que la tasa general de desocupación fue de 7,9% en ese trimestre.

Por eso, frente al discurso de La Libertad Avanza sobre el esfuerzo personal, hay otra pregunta que el Gobierno de Milei debe responder: qué oportunidades concretas encuentra un joven cuando intenta ingresar por primera vez al mercado de trabajo.

Ahí tenemos también una tarea por delante. Necesitamos acortar la distancia entre la formación y la primera experiencia laboral. Una agenda juvenil debería avanzar en prácticas remuneradas y acuerdos con empresas que permitan adquirir experiencia real y puedan transformarse en puertas de entrada al empleo.

Y aun después de estudiar y empezar a trabajar queda otro desafío de esta generación: independizarse.

El DNU 70/2023 modificó el régimen de los nuevos contratos de alquiler y amplió la libertad de las partes para acordar aspectos como la moneda, el plazo y los mecanismos de actualización. La normativa vigente permite que las partes pacten el índice utilizado para los ajustes.

Sin embargo, existe una distancia enorme entre la libertad jurídica de firmar un contrato y la posibilidad material de hacerlo. Para alguien que recién empieza su vida laboral, tener ingresos y poder afrontar un alquiler no significa necesariamente contar con una garantía propietaria o con el respaldo patrimonial de su familia.

Por eso creemos que una agenda de autonomía joven debería explorar mecanismos de garantía para quienes puedan acreditar capacidad de pago pero no cuenten con ese respaldo. Tener un propietario en la familia no debería definir quién puede empezar una vida independiente.

También acá hay una discusión política con La Libertad Avanza. La libertad contractual puede ser importante, pero por sí sola no resuelve las desigualdades con las que las personas llegan a una negociación. Un joven que intenta alquilar su primera vivienda no negocia desde el mismo lugar que alguien que ya tiene patrimonio, experiencia e ingresos consolidados. Reconocer esa realidad no implica reemplazar la responsabilidad individual. Implica entender cuáles son los obstáculos concretos que dificultan la autonomía.

Todo esto requiere recursos. Y justamente por eso requiere un Estado que funcione bien.

La eficiencia del Estado no se mide simplemente por cuánto deja de gastar. Se mide también por lo que consigue hacer con los recursos que utiliza. Que una beca pierda poder de compra no demuestra, por sí mismo, que el Estado se haya vuelto más eficiente.

Ahí está, una de las discusiones centrales que tenemos con La Libertad Avanza.

Ordenar las cuentas públicas es una responsabilidad básica de cualquier gobierno. El propio Gobierno nacional colocó el equilibrio fiscal en el centro de su programa económico. La discusión política aparece cuando ese objetivo obliga a decidir qué se sostiene, qué se reduce y qué lugar ocupan la educación y las oportunidades para los jóvenes entre las prioridades del Estado.

Podemos pedir esfuerzo. Podemos exigir responsabilidad. Podemos hablar de mérito. Pero el Gobierno de Javier Milei también tiene que explicar qué condiciones está generando para que ese esfuerzo pueda convertirse efectivamente en una oportunidad.

Porque gobernar implica también que una generación pueda hacer planes. Que estudiar tenga sentido. Que conseguir el primer trabajo sea posible. Que independizarse no sea una expectativa permanentemente postergada.

El mérito importa. Pero el mérito necesita oportunidades.

En suma, una generación no debería tener que demostrar que merece oportunidades. Quienes gobiernan deben demostrar que saben crearlas.

*El autor de esta columna es Secretario General de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán