Narcovíctimas: por qué recrudecieron los secuestros extorsivos en Tucumán

El secuestro extorsivo no es un delito para principiantes. Requiere de tareas de inteligencia previa, una logística impecable y mucha astucia. Pero, sobre todo, sangre fría. Porque es, probablemente, el único en el que el delincuente anuncia su intención de matar y lo hace por el más inhumano de los móviles: el dinero.

En Tucumán no hay gran cantidad de secuestros extorsivos registrados desde los años ‘80. En realidad, no “había”. Todo cambió en 2018, con la captura y el pedido de rescate de Margarita Toro. Desde entonces, nuestra tierra se convirtió en escenario de una seguidilla de secuestros, casi todos con condenas y muchos protagonizados por policías. De hecho, los tucumanos tenemos hasta un comisionado comunal juzgado en este momento, acusado de pedirle a un padre una suma millonaria a cambio de no matar a sus dos hijos. 

En abril de 2018, “la Jefa” (así era conocida Margarita Toro en Villa 9 de Julio) fue privada de su libertad durante cinco horas en El Cadillal. Para liberarla, su familia pagó medio millón de pesos que, en esos tiempos, equivalía aproximadamente a $25.000 dólares. Los acusados, miembros de “La Inimitable” barra de Atlético, confesaron años más tarde y fueron condenados en juicios abreviados. 

Fue la primera alerta de los tiempos que venían. Hasta entonces, poco o nada se hablaba de ese delito: el último comprobado -y gravísimo- había ocurrido en 1987, cuando secuestraron y mataron al empresario Rafael Berardi. Una década y media después, en 2012, Juan José Vallejos, productor chaqueño denunció que en nuestra provincia fue privado de la libertad por una banda de diez policías que exigió un pago de U$D5.600 a cambio de dejarlo ir. Ambos casos quedaron impunes. 

Rafael Berardi. Foto: La Gaceta

Más allá de esos expedientes abiertos y sin juicio, no había mayores antecedentes desde la vuelta de la democracia. Hasta que el caso Margarita Toro cambió todo. Desde 2020 hasta hoy, 21 secuestradores fueron descubiertos y condenados por seis hechos. Ocho de ellos son policías y cuatro uniformados más esperan juicio. 

En total, fueron siete los secuestros de estos últimos años, con nueve víctimas registradas: cuatro estuvieron retenidos en viviendas, dos fueron “paseados” en vehículos, dos fueron torturados en un galpón y uno, en una dependencia policial. Es muy probable que existan más casos que no se hayan denunciado porque, justamente, lo primero que exigen los secuestradores es no dar aviso a la policía, bajo pena de matar a la víctima.  

El 9 de marzo de 2020, en barrio Victoria, una mujer se desvaneció en su propia casa y su hijo de cuatro años fue secuestrado. Los delincuentes exigieron luego el pago de $2 millones para liberarlo. La Policía descubrió que, entre los secuestradores, había un amigo de la familia que intoxicó a la mujer y pasó el dato de que un tío había cobrado una indemnización. Ante el acorralamiento, los secuestradores abandonaron al nene en plena calle a la noche, sin cobrar el botín. Todos fueron condenados dos años más tarde. 

En junio de 2021, un taxista que circulaba con su esposa y su bebé en el auto fue secuestrado violentamente ante testigos en Necochea al 800. Los delincuentes eran dos policías de la Provincia, dos de la Federal y un civil. Lo “pasearon” por la ciudad mientras llamaban a su jefe (se sospechaba que era narcotraficante) para exigirle el pago de un rescate. Los secuestradores pararon en la cuadra de la Policía Federal cuando fueron emboscados por miembros de la Patrulla Urbana, que habían montado un operativo cerrojo porque la mujer había denunciado el secuestro de su marido. Todos fueron condenados en 2023.

En la siesta del 18 febrero de 2022, al menos seis personas ingresaron a una finca en Leales fingiendo un allanamiento. Efectivamente, cuatro eran policías (dos en actividad, uno retirado y el otro exonerado). Fotografiaron al dueño del campo con plantas de marihuana y se lo llevaron secuestrado. Le exigieron a sus familiares el pago de $1 millón por su libertad, pero lo liberaron a cambio de $200.000 más un auto Fiat Palio. Por el hecho, los cuatro policías fueron condenados y todavía hay un prófugo.

En marzo de 2022, un ciudadano boliviano fue secuestrado por una banda de Las Talitas. Se cree que el hombre había ingresado al país trayendo drogas y que fue retenido y torturado durante cinco días en una casa deshabitada de barrio 447 Viviendas. Los secuestradores reclamaron a la pareja de la víctima la suma de U$S50.000, que la joven no podía conseguir. Le contó lo ocurrido al padre de su novio, que viajó hasta La Quiaca y asentó la denuncia. La investigación de la Justicia cercó a los secuestradores, que liberaron al hombre sin cobrar el rescate. Desesperado del miedo, la víctima huyó hasta Bolivia, donde fue hallado días más tarde. Sin embargo, se allanó el lugar donde fue torturado y se encontró su ADN. Cinco personas fueron condenadas por el hecho. Tras conocerse el caso, una mujer boliviana se contactó con el fiscal Agustín Chit para denunciar que ella y otra persona habían sido secuestrados por la misma banda en el mismo lugar. Los cinco miembros del clan fueron condenados en 2024.

Las Talitas: allanamiento en el lugar del secuestro

En diciembre de 2022, dos hermanastros fueron secuestrados y golpeados en un galpón en el sur de la provincia. Los secuestradores le exigieron a su padre el pago de $7 millones por su liberación. Como el hombre dijo que tenía dificultades para conseguirlos, recibió un segundo llamado en el que un hombre le exigió el dinero y lo amenazó: “no te hagas el malo porque tenemos a tus hijos”. La víctima reconoció la voz del entonces delegado comunal de Medinas, que estaba en ejercicio de sus funciones. Gracias a pericias posteriores, se recabó evidencia para detenerlo. Así se hizo y Diego Víctor Figueroa no pudo asumir su segundo mandato porque ya estaba en prisión. La semana pasada comenzó el juicio en su contra; el resto de la banda ya confesó y fue condenada. 

El último secuestro extorsivo todavía no tiene sentencia, pero sí elevación a juicio. Es contra cuatro policías acusados de fingir querer comprar marihuana a un joven y secuestrarlo de su propia casa, en un country de San Miguel de Tucumán. De acuerdo a la acusación, lo llevaron hacia la Jefatura de Zona III de la Capital y, desde allí, le exigieron a su madre el pago de $240.000 a cambio de su liberación. Entre los imputados se encuentra un comisario: Gustavo Morales, que fue procesado y con prisión preventiva. 

Una tradición argentina

No todas las privaciones de la libertad constituyen un secuestro extorsivo: sólo aquellas en las que se retiene a una persona a cambio de un pedido de rescate que, generalmente, es dinero. 

No siempre se pide sólo plata. En la década del 70, una de las formas más extendidas de las privaciones ilegítimas de la libertad fueron los secuestros extorsivos de las organizaciones políticas armadas que buscaban financiar sus actividades. Además de dinero, reclamaban otro tipo de acciones, como repartir mercadería en determinados barrios, la reincorporación de obreros despedidos, la publicación de solicitadas en los diarios o la implementación de símbolos en determinados lugares. 

De esos tiempos es el secuestro que ostenta el récord mundial del botín más alto pagado jamás: U$D 60 millones entregados por la familia Born (de la empresa Bunge y Born) a Montoneros, a cambio de la libertad de los hermanos Jorge y Juan. La periodista María O'Donnell, autora de “Born y Quieto”, estima que, en la actualidad, ese monto equivale a unos U$D260. En esa investigación, también, la autora confirmó que parte de ese botín fue devuelto 15 años más tarde a Jorge Born y otro monto fue a parar a la campaña presidencial de Carlos Saúl Ménem a cambio del indulto con que se benefició la cúpula de la organización junto a los represores militares. 

Con la vuelta de la democracia, los secuestros no dejaron de existir, aunque ya no tenían motivación política. La llamada “mano de obra desocupada”, es decir, civiles que habían desaparecido personas durante el terrorismo de Estado se dedicaron a hacer “negocios” por su cuenta. Otro caso que dio a la Argentina fama mundial es de estos tiempos: el del llamado “Clan Puccio”, una familia dedicada al secuestro extorsivo que mantenía a sus víctimas en su propia casa y luego las mataba. 

Hacia fin de siglo, el secuestro de personas de alto poder adquisitivo o familiares de famosos se popularizó. Los empresarios Mauricio Macri, Abraham Awada y Osvaldo Sivak fueron víctimas, así como padres de personas reconocidas como Carlos Tévez, Pablo Echarri, Gabriel Milito y Leonardo Astrada. Fue la época de la llamada “Maldita Policía” (por la bonaerense) de la “Banda de los Comisarios”, activa desde la dictadura hasta los 90. 

Con la llegada del nuevo siglo, los secuestros comenzaron a tener víctimas más casuales, los montos de rescate se redujeron y también los tiempos de cautiverio. El auge de la tecnología permitía investigaciones más rápidas, por lo que el asunto debía resolverse pronto, aunque fuera a cambio de un botín más pequeño. Los “secuestros exprés” comenzaron a atormentar al país, porque ya no se trataba de víctimas millonarias ni había tareas de inteligencia previas: cualquiera era subido por un par de horas a un auto, se pedía el rescate (que era bajo), se cobraba y se liberaba a la persona. 

Sin embargo, no disminuyeron en crueldad. Axel Blumberg fue asesinado por sus captores en 2004 y provocó marchas que sacudieron a la opinión pública. En 2010, Matías Berardi logró escapar de sus secuestradores pero nadie le abrió la puerta de su casa para socorrerlo, por miedo a que fuera un ladrón. Fue recapturado y ejecutado. El caso provocó duros reclamos por la creciente inseguridad en todo el país. 

Caso Blumberg. Foto: Infobae

El antecedente de los secuestros exprés derivó en una clase de extorsión que ni siquiera necesitaba de un rehén: directamente se hacían llamadas al azar, fingiendo tener a una persona secuestrada y se cobraba lo que se pudiera cobrar. A veces, un cómplice simulaba una voz llorosa que el estafado, en medio de los nervios, confundía con el de su ser querido. Finalmente, también existieron  los secuestradores carroñeros: personas que se enteraban de la desaparición de alguien y, sin haber tenido nada que ver, aprovechaban para pedir un rescate fingiendo tenerla secuestrada. 

Narcovíctimas

Y fue en ese momento en que, en Tucumán, comenzaron los secuestros nuevamente. El blanco ya no eran empresarios, como en los 70; ni ejecutivos, como en los 90. Tampoco eran personas comunes, como en los 2000. La característica de la ola actual tiene que ver con la droga. 

La última denuncia se registró la semana pasada, contra miembros de la comisaría de Lomas de Tafí, acusados de pedir $800.000 a un padre a cambio de liberar a su hijo. De acuerdo a la investigación abierta por la Justicia Federal, “la exigencia fue acompañada de una amenaza igualmente concreta: si no entregaba el dinero, le harían una causa sosteniendo que a A.B.R. lo habían descubierto transportando cocaína”. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, aseguró que la denuncia es falsa. 

De los ocho secuestros registrados desde 2018, sólo en uno no se mencionó el narcotráfico: el del niño de cuatro años capturado en barrio Victoria. En todos los demás, las víctimas tenían alguna participación (sospechada o real) con el tráfico de estupefacientes. 

Quizás ese sea el motivo por el que tantos policías se han sentido atraídos por ese delito: tienen información privilegiada, por lo que la inteligencia ya está hecha y, últimamente, también tienen dónde mantener al secuestrado. Así, el límite entre la detención legal y el secuestro, lentamente, se va haciendo cada vez más borroso.